Hace poco menos de 20 años, el entonces embajador de Estados Unidos en Caracas, William Brownfield, afirmaba que al presidente Hugo Chávez había que prestarle atención por lo que hacía, no por lo que decía. No estaba muy lejos de la realidad. Un buen ejemplo es la retórica «a favor de los pueblos originarios y en contra del colonialismo genocida europeo». Son solo las palabras. Los pueblos indígenas de Venezuela están entre las mayores víctimas de la dictadura chavista.
Hace solo unos días, un dirigente de la comunidad indígena de la etnia pemón murió en una cárcel venezolana. Es otra víctima de la desidia del régimen dictatorial. Maduro y sus colaborares han decidido poner a prueba la resistencia de los pueblos indígenas de Venezuela.
Se trata de una mayúscula injusticia. Salvador Franco, agricultor y guía turístico de 44 años de edad, murió a causa de tuberculosis y una desnutrición que padecía desde hace meses. Le fue negada la debida asistencia médica y la adecuada alimentación. Quienes actuaron de esta manera son los mismos que se rasgaban las vestiduras exigiendo la liberación de su socio Álex Saab de una cárcel en Cabo Verde por «razones humanitarias».
Pero hay más, mientras a Saab lo acusan de lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción, Franco es un preso político. Se le acusa de rebelión.
El drama de los presos políticos
En Venezuela se calcula que hay cerca de 400 presos políticos. Existe amplia documentación, respaldada por organismos internacionales (incluida la ONU), de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de estas personas. La lista incluye a hombres y mujeres, civiles y militares, de todas las edades, hasta menores de edad. Ha funcionado muy bien la «igualdad socialista». Todos por igual son castigados por el delito de opinar diferente.
Pero el caso de Salvador Franco expone un elemento adicional en la larga lista de atropellos de la dictadura venezolana. Quienes más sufren de las injusticias del régimen son precisamente aquellos a quienes la «revolución bonita», como Chávez la llamaba, juró proteger. Los más pobres, los más débiles, los más vulnerables. El caso de los indígenas es particularmente notorio.
Del dicho al hecho
En 1999, cuando el término reality show no era tan popular como ahora, Hugo Chávez ya se mostraba como un verdadero fenómeno en el arte de presentar una pseudorrealidad a través de las cámaras. En esa línea, anunció la escogencia de Atala Uriana, una activista indígena de la etnia wayüu, como ministra del Ambiente. Con bombos y platillos informaba que la protección medioambiental quedaría en manos de una mujer indígena. Era un verdadero acto de «justicia revolucionaria».
Uriana duró solo unos meses en el cargo. Aunque siguió siendo una colaboradora cercana a Chávez, especialmente como parlamentaria. Pero la brevedad de este primer nombramiento indigenista fue quizá un augurio. La defensa de los pueblos originarios era solo un montaje en el reality show dirigido por Hugo Chávez.
No sería el único anuncio indigenista. Las Constitución chavista vino llena de reivindicaciones para los pueblos indígenas de Venezuela. Defensa de las culturas originarias, representación de las etnias en el Parlamento. Todo prometía acabar con las injusticias (reales o no) que habían sufrido estos colectivos durante años.
Incluso el 12 de octubre, el chavismo dejó de celebrar el tradicional «Día de la Raza». Le cambio el nombre por «Día de la Resistencia Indígena». Las estatuas de Cristóbal Colón fueron removidas de las principales ciudades. Quitaron su nombre de vías emblemáticas. Al cerro Ávila, en Caracas, le cambiaron el nombre a Waraira Repano (como lo conocían los indígenas que habitaban el valle).
Dos décadas después, las promesas políticas de inclusión y defensa de los pueblos indígenas de Venezuela han quedado en el olvido. Hoy en día, estos pueblos sufren de manera diferenciada y con mayor profundidad por la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país suramericano. Tanto, que muchos grupos corren el riesgo de desaparecer Ya se han extinguido lenguas aborígenes.
Denuncias documentadas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha seguido de cerca la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En sus informes sobre derechos humanos, ha instado al Gobierno de Venezuela a adoptar medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales de estos grupos étnicos, que han sido ampliamente documentadas.
Los pueblos indígenas constituyen el 2,5% de la población de Venezuela y hay más de 50 grupos. La Oficina del Alto Comisionado asegura que estos grupos, individualmente, enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general. Pero los sufren de manera desproporcionada. También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos, como grupos étnicos.
La crisis se agudiza
Organizaciones pro defensa de los derechos humanos han constatado un significativo aumento de manifestaciones en comunidades indígenas, por la exigencia de derechos fundamentales, en los últimos años. Solo en La Guajira, en el estado noroccidental de Zulia, han contabilizado cerca de 100 manifestaciones pacíficas realizadas por las etnias wayüu y añú cada año. Estas protestas están relacionadas principalmente con la demanda de derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente exigen alimentos, medicinas y servicios básicos como transporte, gas, agua y electricidad.
También se ha acentuado la profunda crisis humanitaria que atraviesan las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro, al oriente del país. En esa entidad, la Organización Panamericana de la Salud llegó a confirmar hasta 341 casos de sarampión en un solo año, en comunidades habitadas por indígenas warao.
En materia de alimentación las comunidades indígenas padecen el mismo estado de abandono y retrocesos en materia del derecho que la población en general. Además, los planes de distribución de alimentos no están basados en los requerimientos tradicionales, nutricionales, culturales y alimenticios de las comunidades indígenas. El aumento de la desnutrición y el hambre obliga a los indígenas a migrar en busca de comida.
La crisis por la minería ilegal
De todos los problemas por los que atraviesan los pueblos indígenas de Venezuela, quizás los más graves estén asociados con la minería ilegal que se ha expandido en el sur del país, y que dirigen mafias protegidas por el régimen de Nicolás Maduro.
En 2016, la dictadura creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco. Se trata de un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco, entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones de selva tropical húmeda, habitadas por comunidades indígenas. La zona abarca unos 114.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, en el sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil.
Este proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.
El régimen protege a las mafias
En la práctica, el Arco Minero es un nido de corrupción y uno de los mayores crímenes ecológicos en la región. Allí se extraen minerales como carbón, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, coltán, magnesita, níquel, tierras raras y diamantes, entre otros. El régimen madurista ha favorecido más a las empresas privadas, vinculadas con militares y funcionarios chavistas, que las 16 etnias propietarias de esas tierras.
Los activistas también han denunciado que las mafias hacen de las suyas en el lugar, y muchas de ellas son dirigidas desde las cárceles. También, los habitantes indican que los militares venezolanos están abiertamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas, a cambio de una parte de sus ganancias. También participan en el botín los grupos guerrilleros colombianos que se desprendieron de las FARC.
La organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru explica que son muchas las niñas indígenas que han sido sometidas a ejercer la prostitución alrededor de las minas. La violencia hace de las suyas, bajo la mirada cómplice del Estado.
En defensa de sus derechos
Ante estos crecientes abusos, se ha producido una escalada de la resistencia indígena, la misma que la revolución bolivariana homenajea cada 12 de octubre. Ocho indígenas, pertenecientes a las etnias pemón, warao y jivi, fueron asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana en protestas realizadas en los estados Delta Amacuro, Apure y Bolívar, entre septiembre de 2017 y abril de 2019.
Los responsables —efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Marina y Policía de Delta Amacuro— actuaron conforme al habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones. Emplearon armas de fuego y ocasionaron ocho muertes.
El arresto de 13 indígenas
En medio de estos movimientos, el domingo 22 de diciembre de 2019, 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor, incluyendo indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, en horas de la madrugada.
La Guardia Nacional Bolivariana informó que se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y a dos oficiales. Sin embargo, ese día detuvieron a un militar y recuperaron el camión donde transportaban 82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, 6 bazucas y 6 cajas de municiones.
Una semana más tarde, representantes del sector VI-Akurimú, del pueblo pemón, denunciaron allanamientos en sus comunidades y la detención de varios indígenas, cuyo paradero desconocían para ese momento.
Los militares detuvieron a 13 pemones y los señalaron de participar en el asalto a las 2 instalaciones militares. Posteriormente los acusaron de “terrorismo” y sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo. Entre estos detenidos se encontraba Salvador Franco. A mediados de 2020 fueron trasladados al centro penitenciario El Rodeo II, en las afueras de Caracas.
Una muerte anunciada
El pasado 23 de diciembre los familiares de Salvador Franco advirtieron a los medios de comunicación que el detenido presentaba un cuadro de desnutrición severa. Debido a su delicado estado de salud, temían por su vida. Cada día se deterioraba más, no presentaba ningún tipo de mejoría.
Miembros de la comunidad indígena de Kumarakapay (estado Bolívar) exigieron atención médica para Franco. Solicitaron el cumplimiento de la orden judicial de un tribunal, que pidió en noviembre el traslado inmediato de Franco a un centro de salud. La orden nunca fue cumplida.
En medio de estas denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido una exhaustiva investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Franco.
Lo peor de la crisis
El Arco Minero, la detención y muerte de Franco, la prostitución forzada de niñas. Todos estos casos han sido debidamente documentados. Demuestran que, a pesar de los discursos «inclusivos», la realidad es que la existencia de los pueblos indígenas, su cultura y sus raíces están seriamente amenazadas en Venezuela.
El chavismo eliminó las estatuas de Cristóbal Colón en las principales ciudades del país. Acusan al navegante genovés de «iniciar un genocidio» en el Nuevo Mundo. Aplaudieron las protestas de Black Lives Matters, donde se destruyeron monumentos de personajes como Fray Junípero Serra, por las mismas razones.
Pero mientras tanto, propician la destrucción del hábitat de estos grupos étnicos, los someten a vejaciones, los dejan a merced del hambre y de las enfermedades, además de que los encarcelan por protestar. Es así como la revolución chavista le rinde homenaje a los pueblos indígenas de Venezuela.
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