Las “okupaciones” de viviendas en España vuelve a agitar a la opinión pública y a intranquilizar a las comunidades. Estas prácticas aumentaron durante el confinamiento. Organizaciones, propietarios y políticos piden reformas legislativas para solucionar un problema que pone en entredicho el respeto a la propiedad privada.
Cifras del Ministerio del Interior señalan que en el primer semestre de 2020 la ocupación de viviendas creció 5% con respecto a las cifras de 2019. En total, durante estos primeros seis meses hay 7.450 denuncias, sin contar las notificaciones que suelen registrarse al término de las vacaciones. Muchos propietarios encuentran sus viviendas están tomadas al regresar de pasar una temporada en la playa.
Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para acelerar el desalojo de los inmuebles y su recuperación por los propietarios. La propuesta establece «garantías para la seguridad y la convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas». Con las reformas se trata de agilizar el desalojo de los «okupas» de los inmuebles y su recuperación por parte de los propietarios. Y endurecer el castigo a los infractores.
A esta iniciativa se unió el Partido Popular que, junto con Ciudadanos, buscan negociar un nuevo desahucio exprés en los casos de ocupación ilegal de viviendas. La idea es recuperar el inmueble en apenas 48 horas y no en 30 días como establece la normativa vigente.
Los populares abogan por una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión. Asimismo, que facilite a la policía el que pueda echar a los okupas en un máximo de 48 horas.
La propuesta surge ante el alza de las ocupaciones ilegales en los últimos años. Por tanto, con las reformas legales contra los okupas se hace necesario garantizarle a la población «la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad», que son «manifiestamente insuficientes».
Reformas legales con respecto a los okupas: visión oficial
La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la legislación que está en vigor es suficiente para hacer frente al problema de la «okupación» de viviendas. También para proteger los derechos de los propietarios. De ahí que no cree necesario adelantar reformas legales en ese sentido.
«Todo lo que sea proteger los derechos de las personas, es evidente que hay que tratar de protegerlo al máximo. En todo caso, creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la ‘okupación’. Sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas», dijo a Europa Press.
La responsable de Defensa, que antes ejercía como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, opina que «desde el punto de vista judicial», la normativa vigente «protege el derecho del propietario» frente a los «okupas».
Cuando se trata de estas tomas ilegales se advierte que las primeras 48 horas son claves para el desalojo de los ocupantes. De lo contrario, la policía no podrá intervenir, salvo con una orden judicial. Pero lo cierto es que la legislación no recoge este límite.
José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, afirma que «es fundamental conocer la fecha de la ocupación ilegal. De esta manera, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la competencia de desalojar, sin orden judicial, una casa okupada durante las primeras 48 horas».
Sin embargo, hay opiniones contrarias. El magistrado Francisco González Maíllo, titular del juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, donde se juzgan estos delitos, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Norberto Javier de la Mata Barranco, indican que este plazo de 48 horas no está establecido en ninguna ley. Ahora bien, la diferencia en el procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales tiene que ver con la naturaleza del delito: allanamiento o usurpación, según el uso de la vivienda.
Delegar mayor poder en las fuerzas de seguridad
El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid considera que es imprescindible realizar reformas regales con respecto a los “okupas”. En específico, dotar a las fuerzas de seguridad del Estado de las herramientas legales para que puedan intervenir en estos casos. Esto, desde el primer momento en el que se detecta y denuncia por el titular la ocupación ilegal de su vivienda.
La institución cree igualmente necesario aprobar una nueva Ley de Propiedad Horizontal para combatir, desde la óptica del elemento común de la comunidad de propietarios y no del elemento privativo, el fenómeno de la ocupación.
También sugiere dotar a los ayuntamientos de competencias propias para que puedan tomar medidas inmediatas contra la ocupación ilegal.
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