Su solo nombre, el mote por el que se les conoce y se les llama, los catapulta al olvido y a la marginalidad: los “invisibles”. Un grupo cada vez más grande de inmigrantes africanos, muchos sin documentación, que trabajan en los campos del sur de Italia. En situaciones de explotación. Al límite de la violación de los derechos humanos y laborales.
Los “invisibles” llevan a cuestas sus sufrimientos y aunque acumulan años de denuncias, poco se ha hecho. Aboubakar Soumahoro ha hablado con argumentos y propuestas. Y con mucho pesar. Los ojos del mundo no terminan de abrirse.
En varias actividades organizadas por el gobierno para preparar un plan de reactivación pospandemia, el sindicalista se acercó. Su discurso fue silencioso: se encadenó ante el suntuoso palacio romano del siglo XVII. Levantó su voz, para hablar por los que no la tienen. “Me encadené en Villa Pamphili, donde están reunidos los Estados Generales. Y me quedaré hasta que el gobierno escuche el grito de dolor invisible y de todos los excluidos”.
Soumahoro, es el encargado del sector agrícola del USB, uno de los principales sindicatos del país, independiente.
Reclamó que se reforme la cadena de suministro agrícola, que se active un “plan nacional de urgencia para el trabajo” y que se modifique la legislación sobre inmigración. “Queremos que el gobierno apruebe una ‘licencia alimentaria”, dijo.
La “licencia” obligaría a incluir una mención en los embalajes indicando que los alimentos se han producido sin explotar a los trabajadores. Permitiría a los consumidores saber lo que comen y los agricultores que no están atados a la gran distribución que les impone precios que no les permite vivir decentemente de su trabajo.
Los sindicatos denuncian que centenares de miles de trabajadores agrícolas extranjeros están expuestos en Italia a la explotación.
Lo “invisibles” en Italia, ¿nuevo esclavismo?
La Federación Trabajadores Agroindustria de Italia ha emprendido una intensa campaña para visibilizar la dramática situación de miles de obreros agrícolas, en su mayoría inmigrantes, casi todos negros africanos.
En las plantaciones de tomates y frutas en la región sureña de Apulia, la mayoría de estos obreros son tercerizados (caporalato). Trabajan sin contrato, sin derechos ni prestaciones, sin límites de horario. El “caporalato”, una forma moderna de esclavitud en la que los intermediarios se llevan una gran parte de los magros salarios que perciben.
“Sus ingresos diarios son de alrededor de 20 euros. De esa cantidad tienen que pagarle al caporal por el transporte, la alimentación y el agua. Viven en barracas en las fincas, en una situación altamente explosiva y en condiciones degradantes”, denunció Silvia Guaraldi, responsable del Departamento de Organización de la FLAI-CGIL.
Nuevas condiciones y regulaciones
Aboubakar Soumahoro nació en Costa de Marfil y llegó hace veinte años a Italia. Empezó trabajando en la recolección de tomates en Apulia. Hoy es una de las escasas voces negras de la política italiana. “No soy nadie, solo alguien que participa en la lucha colectiva donde queremos creer que los sueños pueden hacerse realidad”, indicó.
Soumahoro cuestiona la última medida del gobierno para regularizar la situación de los indocumentados que tenía como fin paliar la falta de mano de obra agrícola por la pandemia del coronavirus. A los extranjeros cuyos permisos expiraron el 31 de octubre de 2019 se les permitió solicitar, entre el 1 de junio y el 15 de agosto, un permiso de residencia de seis meses.
“No se puede encontrar trabajo en seis meses, pedimos una regularización de un mínimo de un año. Es un periodo dramático el que vivimos con la COVID-19 ”, demandó.
Denunció que “con el argumento del color de la piel y la procedencia geográfica se pretende reducir a las personas a la condición de neoesclavitud”. Exhortó a que se deroguen las leyes sobre seguridad que promovió en 2018 y 2019 el antiguo ministro del Interior Matteo Salvini, líder de la Liga. Fueron eliminados los permisos de residencia por razones humanitarias, los fondos para la repatriación de migrantes en situación irregular y las restricciones en materia de salvamento en el mar.
El gobierno de coalición integrado por el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata, en el poder desde septiembre, no lo ha cambiado. “Nos han dicho que van reformar estas leyes, pero nosotros queremos que las eliminen”, insistió Soumahoro.
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