“Algunos Estados han usado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas”. Con estas palabras, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su alarma por los ataques contra la libertad de prensa y por las “detenciones e intimidaciones de periodistas”.
“Un medio libre siempre es esencial, pero nunca hemos dependido tanto como lo hacemos durante esta pandemia, cuando cientos de millones de personas están aisladas y temen por su salud y sus medios de vida. Los informes creíbles y precisos son un salvavidas para todos».
UN Human Rights Chief is alarmed at the hostile environment some political leaders have created towards the media: free flow of information about #COVID19 is vital.
"Credible, accurate reporting is a lifeline for us all" – @mbachelet.
👉 https://t.co/KJ46am1lpl pic.twitter.com/W2lxIFUhpn
— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 24, 2020
Un ambiente hostil
Bachelet señaló que algunos líderes políticos habían creado un ambiente hostil a periodistas y trabajadores de los medios, que afectaban su seguridad y su capacidad de hacer su trabajo.
La alta comisionada citó un informe del Instituto Internacional de Prensa. que registra más de 130 violaciones de la libertad de expresión desde que comenzó la propagación del SARS-CoV-2. Las denuncias incluyen más de 50 restricciones al acceso a la información, censura y regulación excesiva de presunta «información errónea».
El texto también habla de acusaciones o arrestos en contra de 40 periodistasen Asia-Pacífico, América, Europa, Medio Próximo y África. Se les cuestiona por presentar informes críticos sobre la respuesta del Estado a la pandemia o por cuestionar la precisión de la cifra oficial de casos y muertes. El número real de violaciones y arrestos de los medios es probablemente mucho mayor.
“El flujo libre de noticias independientes es más esencial que nunca en esta situación. Tanto para informar al público sobre medidas para contener el virus, como para mantener un diálogo abierto y un debate sobre la idoneidad de esas medidas,» afirmó Barbara Trionfi, directora ejecutiva de IIP.
IPI has now registered a staggering 140 different press freedom violations worldwide linked to #COVID19 outbreak.
6 of every 10 alerts logged in #IPItracker involve either arrests, detentions or verbal and physical attacks on journalists.
Latest updates: https://t.co/6KsAaiHBj3 pic.twitter.com/POlBa45ysj
— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) April 24, 2020
El caso de España
El informe también subraya que el gobierno español enfrentó fuertes críticas de varios cientos de periodistas y algunos de los principales periódicos sobre el sistema de preguntas impuesto en las ruedas de prensa y se cambiara por uno que le permitiera a los medios hacer libremente sus preguntas.
Los medios de comunicación denunciaron que se les imponía un formato de preguntas restrictivo, con preguntas por adelantado y preseleccionadas por el gobierno. La protesta permitió que se se cambiara por un modelo en vivo y sin intermediarios.
El caso Seguí
El informe muestra especial preocupación por las detenciones y los cargos contra periodistas por publicar artículos críticos sobre el manejo gubernamental de la crisis. En el caso específico del España, algunas voces se han levantado en ese sentido.
Un caso emblemático es el de Cristina Seguí. El PSOE denunció ante la Fiscalía General del Estado a la periodista y cofundadora de Vox por «incitación al odio y contra el honor del partido y del Gobierno».
La agrupación socialista alude varios tuits publicados por Seguí entre el 29 de marzo y el 16 de abril. En ellos tildó al Ejecutivo de “mataviejas” y le acusó de ocultar “indicios delictivos”. También señalan que la analista aseguró que el socialismo aboga por la “muerte y miseria”.
.@jesusmarana este Gobiermo es “mataviejas” por sacar a las residencias de casos probables del COVID19, por dejar 2.200 camas libres en las UCI mientras 12.000 ancianos morían sin asistencia en residencias, y por dar orden de no asistirles, igual que tú eres la cuota de Zapatero pic.twitter.com/BmYBxrl01T
— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) April 23, 2020
Denuncias a la orden del día
Con esta ya son cuatro las denuncias que ha presentado el Gobierno ante la Fiscalía. Una de ellas está dirigida contra el líder de Vox, Santiago Abascal, y Hermann Tertsch por injurias y calumnias.
En la misma les reclaman 10.000 euros a cada uno. A Abascal por acusar al PSOE de colocar una granada en el centro de menores de Hortaleza. A Tertsch, por publicar una fotografía retocada de la Gran Vía llena de ataúdes.
«La ‘escalada de agresividad’ en los mensajes difundidos en las redes sociales por Vox supera la vulneración del derecho al honor y es muy posible que puedan ser considerados como constitutivos delitos de odio», argumenta el PSOE.
La figura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su fijación por los mensajes en las redes sociales está siendo particular objeto de debate. El funcionario se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la necesidad de perseguir las informaciones falsas en un momento tan delicado, lo que ha despertado muchas dudas y fuertes cuestionamientos.
Así que sí, cuando escuchamos a Marlaska decir que están mirando las redes para ver qué comentarios son delictivos, nos preocupamos. Porque el criterio de Marlaska sobre expresiones delictivas es expansivo y muchas veces contrario al del resto de jueces de su Sala y del TEDH
— David Bravo (@dbravo) April 20, 2020
Un peligro creciente
Si bien el caso de España ha causado preocupación, lo que ocurre en otras partes del mundo ha llegado más lejos. El estudio del Instituto Internacional de Prensa destaca que algunos periodistas han sido privados de su libertad o han desaparecido. Además, varios medios han sido cerrados por las fuerzas del gobierno.
“No es el momento de culpar al mensajero, y en lugar de amenazar a los periodistas, los Estados deben promover un sano debate en torno a la pandemia y sus consecuencias”, expresó la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH.
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