Los disturbios en Gràcia tensan la relación JxSí-CUP

Los disturbios en el barrio de Gràcia tras el desalojo del «banco expropiado» han tensado la relación del Govern con sus aliados de la CUP, han ensombrecido el primer aniversario de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona y han puesto en el punto de mira a su antecesor Xavier Trias, que pagó el alquiler a los okupas.

Tras el desalojo el lunes, día 23, del «banco expropiado», una antigua oficina bancaria okupada en 2011, las callejuelas de Gràcia han sido escenario de disturbios durante tres noches consecutivas, en las que los alborotadores han quemado contenedores, destrozado entidades bancarias y volcado vehículos, mientras los Mossos d’Esquadra les repelían con cargas y disparando proyectiles de precisión.

Los disturbios han reabierto el debate enconado y recurrente en Barcelona sobre la violencia de los grupos radicales y la oportunidad de la respuesta policial ante los alborotos, pero también han sacudido la esfera política, tanto en el ámbito de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona.

Después de que el pasado fin de semana la CUP abogara por «liberarse» de su acuerdo de estabilidad con Junts pel Sí, los anticapitalistas han escenificado un distanciamiento con el Govern a raíz de la actuación de los Mossos d’Esquadra en Gràcia, que creen ha sido «violenta, brutal, descontrolada y caótica».

El gobierno catalán, por el contrario, ha cerrado filas con los Mossos d’Esquadra y, en un momento clave de la legislatura, con la negociación abierta sobre los presupuestos, ha arremetido contra sus socios de la CUP, a los que, por medio del director político de la policía, Albert Batlle, ha censurado por «amparar» a los violentos.

El desalojo y posteriores disturbios han deslucido además el primer aniversario de la victoria de la activista Ada Colau (BComú) en las elecciones municipales en Barcelona y ha pasado factura a su antecesor Xavier Trias (CiU), a quien la Fiscalía ha acordado este jueves investigar por un delito de malversación por haber pagado el alquiler de los okupas durante un año a costa del erario público.

Trias ha alegado que decidió pagar el alquiler al pensar que era la solución «menos mala», no para beneficiar a los okupas, sino porque su equipo puso por delante los intereses generales «para evitar un conflicto grave», como el que ha ocurrido esta semana.

A finales de 2014, meses antes de las municipales de mayo pasado, y con los graves incidentes por el desalojo del centro okupado de Can Vies aún en la retina de los barceloneses, Trias acordó pagar 65.000 euros del alquiler anual de 2015 del «banco expropiado», para evitar que se ejecutara la orden de desalojo, que era inminente.

El dueño del local, un empresario inmobiliario, congeló la vía judicial, al garantizarse el cobro de un alquiler de 5.500 euros al mes, por lo que paralizó los trámites para forzar el desalojo.

Sin embargo, el equipo de Colau decidió no renovar el alquiler a partir del 1 de enero de 2016, al considerar que se trataba de un mal uso de fondos públicos, por lo que el propietario retomó la vía judicial, hasta que finalmente el juez ha ordenado el desalojo, que los Mossos ejecutaron el lunes pasado durante unas diez horas.

Tras ser desalojados, los okupas a los que Trias pagó el alquiler amenazaron a Colau con convertirse en su «peor pesadilla», mientras el exalcalde ha sostenido en público que los miembros del «banco expropiado» eran queridos en el barrio por su labor social.

Los disturbios han dejado en tres noches un balance de dos detenidos -ambos ya han quedado en libertad a la espera de que el juez le cite a declarar-, al menos 47 manifestantes heridos y 26 mossos lesionados, además de daños valorados en miles de euros en mobiliario urbano y bienes privados, especialmente coches y motos.

Después de tres días de batalla, los miembros del «banco expropiado» han decido no convocar ninguna manifestación de protesta para esta noche, que han sustituido por una cacerolada.

Los disturbios en Gràcia son los más graves que sufre Barcelona desde la batalla campal que durante una semana tuvo que afrontar la capital catalana tras el desalojo hace dos años de Can Vies, en el barrio de Sants.

En el caso de Can Vies fue el propio Ayuntamiento el que instó al desalojo del edificio, propiedad municipal, y las manifestaciones de finales de mayo de 2014 se saldaron con un centenar de alborotadores detenidos en una semana de incidentes que cesaron solo cuando Trias acordó no derribar el inmueble, que después recuperaron y restauraron los propios okupas.

Los Mossos d’Esquadra han anunciado que responderán con firmeza para atajar los disturbios, que atribuyen a un grupo organizado de violencia urbana que pretende causar el caos en la ciudad, mientras que Batlle ha apuntado que si detectan algún «elemento disonante» en la actuación de los agentes lo analizarán para corregirlo.

Por su parte, el conseller de Interior, Jordi Jané, ha pedido «complicidad cero» con los violentos, mientras que la alcaldesa Ada Colau, que ofreció sin éxito a los okupas del «banco expropiado» un local alternativo, ha pedido «prudencia» a los Mossos y que sus actuaciones en Gràcia estén orientadas a evitar una escalada de violencia, proteger a los vecinos y minimizar los daños.