Por Iñigo Aduriz
25/04/2017
Las personas discapacitadas ya no necesitarán de un informe médico para poder contraer matrimonio como les exige la ley actualmente. El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes en la Comisión para Políticas Integrales de Discapacidad la propuesta de reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que establecía ese requisito y que ahora amplía los derechos para los ciudadanos que conviven con algún tipo de discapacidad.
El texto (ver PDF) establece ahora que aquellos discapacitados que deseen contraer matrimonio «acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad o la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código».
Será el letrado de la administración de Justicia, el notario, el encargado del Registro Civil o el funcionario que tramite el acta o expediente quien, «cuando sea necesario» podrá recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad «la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento de los contrayentes».
Pero «solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.
Hasta ahora la legislación establecía que en caso de «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario Judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento«.
La que ha abordado hoy el Congreso es una iniciativa presentada por el Grupo Popular que ha contado con el respaldo del resto de las fuerzas políticas tras el periodo de trámite que se ha seguido en la Cámara Baja. Han sido el informe elaborado por la Comisión y las enmiendas presentadas por los grupos las que se han votado este martes para elaborar un dictamen que, una vez aprobado, se remitirá directamente el Senado para su aprobación definitiva.