Por Andrés Tovar
06/05/2017
La organización Amnistía Internacional España denuncia que, diez años después del inicio de la crisis económica, el derecho a la vivienda se sigue violando. Su más reciente informe desvela que que las autoridades españolas, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por la crisis de vivienda, han dado pasos hacia atrás liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y, con ello, el proceso de desalojo.
Según los datos presentados por la organización, en España se produjeron 144.055 desahucios por impago de alquiler desde el año 2013, y solo en el 2016, se efectuaron un total de 34.193 desalojos de los cuales no hay datos desagregados.
«No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones, se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión», ha explicado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España, que asegura que el derecho a la vivienda ni siquiera está «protegido con las máximas garantías en la Constitución».
Además, lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo.
«Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad», denuncia la directora adjunta.
Mujeres, las más afectadas
La ONG también lamenta que no se tenga en cuenta la desigualdad de género, lo que lleva a una discriminación hacia las mujeres, ya que son quienes más sufren la precariedad laboral y la brecha salarial, además de ser las que a menudo se hacen cargo del cuidado de los familiares dependientes.
Esta desigualdad también se aprecia en la dificultad de acceso a la vivienda social para muchas mujeres víctimas de violencia, a pesar de que en teoría deberían tener prioridad, según estipula la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. «De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social», señala Koldo Casla, investigador y autor del informe.
La organización precisa que España destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia. El país también se sitúa a la cola en gasto público en vivienda, ya que destina a este servicio el 0,5%, en comparación con otros como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%).
Madrid y Barcelona
Según el informe de Amnistía Internacional, Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de desahucios. De los 34.193 desalojos puntualizados en e informe, el 34% se llevaron a cabo en las provincias de Madrid y Barcelona, con 4.760 y 6.710 desahucios por impago de alquiler, respectivamente. Además, durante el año pasado, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, una situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.
En el caso concreto de Madrid, la ONG señala que es preocupante el hecho de que haya personas que estén siendo desahuciadas por la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión, llevada a cabo por el Ayuntamiento y la Comunidad entre 2.011 y 2.013. A pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así.
En cuando a Cataluña, Amnistía Internacional indica que, a pesar de que se han dado pasos positivos sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos no siempre se cumplen. Como consecuencia, no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo a las personas en riesgo de exclusión social, especialmente cuando afecta a menores.
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