La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe que incluye la investigación de la muerte del general Raúl Isaías Baduel, bajo custodia del SEBIN en El Helicoide, y de Salvador Franco, líder indígena pemón, en la cárcel de El Rodeo. Morir en custodia es morir por la privación de atención médica
El informe, además, denuncia “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al régimen”. Los actos documentados “incluyen golpizas (con daños en la cabeza, costillas, glúteos, genitales, piernas y dedos de las manos y pies); suspensión por muñecas o tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos”.
Igualmente registró “quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, luz constante 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de espacio reducido que solo permiten estar de pie y aislamiento prolongado; tortura psicológica, amenazas las parejas e hijos de detenidos”.
Indica que los actos de tortura y malos tratos “tuvieron como fin castigar a los detenidos por sus actividades-sindicales, de defensa de los derechos humano o por denunciar actos de corrupción o simplemente por su activismo político contrario al gobierno”.
Intimidación Con el mazo dando
Señala que las autoridades venezolanas no investigan ni sancionan las torturas y malos tratos, pese a las denuncias. “El sistema de justicia y la Defensoría del Pueblo no han actuado con la diligencia debida”, reclama.
Igualmente que son deficientes las condiciones de detención de los opositores en centros de la DGCIM, en Boleíta y del SEBIN en el Helicoide. Al igual que en el INOF, la cárcel de mujeres en los teques, los cuerpos de inteligencia del Estado utilizan la violencia sexual y de género como forma de tortura y humillación contra personas opositoras o percibidas como tales.
Durante 2020 y2023, la misión de la ONU investigó 19 víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluye opositores, sus familiares, abogados y una mujer transgénero. Funcionarios de las FAE y de DGCIM perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a personas con violarlas y las enviaron desnudas a una habitación con varios funcionarios varones.
Asimismo, investigó 42 casos de ataques y restricciones al funcionamiento de partidos políticos y ONG de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, sindicatos y medios de comunicación. Siguen detenidos Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, y el periodista Roland Carreño.
Fueron documentadas amenazas y agresiones físicas de “colectivos” y bandas afines al oficialismo contra miembros de partidos de la oposición y periodistas. Los ataques ocurrieron frente a fuerzas de seguridad que no intervinieron.
La tiene motivos razonables para determinar que existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores emitidos por altos funcionarios del Estado. Los individuos, medios de comunicación y organizaciones que publican información crítica al régimen son blanco de declaraciones difamatorias y de descrédito de funcionarios. En los actos públicos del Ejecutivo y en las sesiones televisadas de la Asamblea Nacional se realizan declaraciones difamatorias y de descrédito contra opositores. Diosdado Cabello, la segunda cabeza del PSUV, lo hace regularmente en el programa Con el mazo dando.
La criminalización de la política
Denuncia que el sistema de justicia penal se utiliza para criminalizar a personas críticas u opositoras, en particular periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. La legislación venezolana prohíbe la difamación y la calumnia, pero hasta la cuestionada Ley contra el odio se utiliza para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y de periodistas, así como la actividad política que garantiza la Constitución.
A Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, lo acusan de “incitación al odio” por haber denunciado en julio de 2021 los vínculos entre grupos armados del narcotráfico y la guerrilla con entidades gubernamentales. Otros denunciantes de actos de corrupción fueron criminalizados con acusaciones infundadas como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial”.
¿Por qué acciones de difamación y contra la incitación al odio no amparan a ciudadanos sometidos a descalificación, descrédito y escarnio público por actores del régimen?
En varios de los casos de criminalización, las personas procesadas sufrieron graves violaciones al debido proceso. En particular, “retrasos indebidos en los procedimientos judiciales y los imputados deben esperar años entre audiencias; se le niegue acceso a un abogado de su elección y el Ministerio Público les niegue una copia de su expediente.
Es ilustrativo el caso del periodista Víctor Ugas, procesado por “resistencia a la autoridad” en diciembre de 2019. Durante 32 meses le negaron el derecho a un abogado de su elección y no se le permitió el acceso al expediente. Ugas sigue detenido.
Otro caso singular implica a los sindicalistas Néstor Astudillo, Eudis Girot, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín-detenidos en julio de 2022 por participar en protestas laborales. Los acusan de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “sabotaje” y “conspiración”. Fueron condenados a 16 años de prisión.
Igualmente, indican que «tiene motivos razonables» para establecer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos de elección popular. Utilizan una aplicación inapropiada y artificiosa del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para impedir que personas elegibles se postulen a cargos públicos.
La práctica de inhabilitar a funcionarios públicos, incluyendo a reconocidos lideres de la oposición. En el momento de redactar el informe se aplicó contra tres de las personas que se presentaron a las elecciones primarias por la Plataforma Unitaria de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano. Los inhabilitaron para participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Restricciones a la creación y el funcionamiento de partidos políticos
El informe expresa también «motivos razonables para creer» que se utiliza el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos.
Regulaciones asociadas a objetivos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero se utilizan para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. “De aprobarse, los proyectos de ley sobre ONG y sobre cooperación internacional, actualmente en trámite en la AN, impondrían a las organizaciones más limitaciones jurídicas y operativas a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de la financiación”.
Del mismo modo, el informe establece que tiene motivos razonables para creer que el modus operandi de las divisiones y funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas coincide con el de anteriores operaciones de seguridad en las que participaron las FAES. En la operación Trueno murieron 72 personas y 345 fueron detenidas.
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