Por Cambio16
«El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos», así resume Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI) la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año pasado.
La ONG ha presentado su informe anual en el que evalúa la situación en 160 países. En esta ocasión ha lanzado una dura crítica contra el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pide que los cinco miembros permanentes renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades, ya que destaca que «en los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil– debido a intereses creados o conveniencias políticas».
En cuanto a España, habla de un año «especialmente negro para los derechos humanos» y denuncia que el gobierno de Mariano Rajoy «sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas», en referencia a la reforma del Código Penal y a Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), de la que destaca que «no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información».
Amnistía Internacional hace una mención especial a la situación de los inmigrantes en España y señala que «se ha seguido haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «. Además, lamenta que el Gobierno esté intentando legalizar con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana «las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional».
La organización denuncia que el Ejecutivo no está investigando las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes por parte de los agentes en las fronteras, ni ayudando en el proceso judicial por la muerte de 14 personas en la playa de El Tarajal.
Estas son las cifras del informe (gráfico AI):
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