Los deberes de Rajoy para 2017

Por Iñigo Aduriz / Ilustración: Luis Moreno
26/12/2016

España volvió a tener Gobierno el pasado 4 de noviembre, tras el mayor periodo de incertidumbre política desde la llegada de la democracia. La formación del Ejecutivo no significará, sin embargo, que la estabilidad esté garantizada para el nuevo año 2017 que comienza a finales de semana. La pluralidad de fuerzas surgida de las urnas complicó el acuerdo en los últimos 12 meses, ante la constatada falta de voluntad de los dirigentes de unos y otros partidos por dejar de lado los sectarismos y los intereses electoralistas en pro del progreso y de la gobernabilidad. En las primeras semanas del nuevo Gobierno su debilidad ha forzado los primeros acercamientos. El PP ha pactado con el PSOE el aumento del salario mínimo y quiere consensuar el techo de gasto y más medidas, lo que evidencia la dependencia de Rajoy del respaldo de otras fuerzas políticas.

La fragilidad es el principal reto al que deberá enfrentarse el Gobierno en los próximos meses. Pocos se atreven a vaticinar cuánto durará este Ejecutivo aunque los principales interesados –dirigentes del PP o Albert Rivera, que sostiene el Ejecutivo con su apoyo parlamentario– insisten en que durará más de lo que se podía prever, dada la estrategia de “oposición responsable” que defienden ahora los socialistas y que ha hecho resurgir, por parte del resto de los grupos de la oposición, la idea de la Gran Coalición. El cambio de actitud del PSOE se da a pesar de que el equipo escogido por el líder del PP tiene un perfil continuista, si bien se han incorporado cinco nuevos ministros –María Dolores de Cospedal, en Defensa; Juan Ignacio Zoido, en Interior; Dolors Montserrat, en Sanidad; Íñigo de la Serna, en Fomento y Álvaro Nadal, en Energía– y la salida de Margallo, Fernández Díaz y Morenés.

El futuro del Ejecutivo y su permanencia lo determinarán los pasos que dé para cumplir con las obligaciones que se le presentan en el corto y medio plazo. La más urgente tiene que ver con la aprobación de los presupuestos. Y es que la Comisión Europea ya ha advertido de que la previsión de gasto contempla un déficit para 2017 que supera en medio punto el objetivo previsto, por lo que el Gobierno debería recortar las cuentas en cientos de millones de euros si quiere cumplir con el mandato de Bruselas. Al margen de las subidas impuestos ya acordadas –en Sociedades, y a través de la gravación del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas– la clave será decidir qué partidas se verán afectadas en un contexto de mayor desigualdad y en el que el principal gasto público, las pensiones, vuelve a estar en el aire después de que en el último año el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha, se haya vaciado hasta contar con dinero solo para otro año más.

El debate de la financiación de las pensiones se presenta como otro de los grandes retos del nuevo Ejecutivo, sobre todo cuando los niveles de desempleo se mantienen preocupantemente altos y, por tanto, el principal ingreso del Estado, las cotizaciones a la Seguridad Social, no crecen lo suficiente. La OCDE, que sí prevé que la economía española crezca al menos en los próximos dos años, aunque no lo suficiente para sostener el sistema actual, plantea al Gobierno varias alternativas que potencien el crecimiento, como aumentar las partidas dedicadas a la educación o la investigación. Pero en las filas del PP se inclinan más por incrementar la presión fiscal en el consumo. Así lo defendía en noviembre el exministro José Manuel García Margallo, que advertía de que si en 2016 ha habido nueve millones de pensionistas y 18 millones de españoles trabajando, “en 2050 habrá 15 millones de pensionistas, por lo que sería necesario que tuviéramos trabajando a 27 millones de cotizantes”.

Mientras las autoridades y los empresarios buscan un sector que haga reflotar la economía y dé empleo en el futuro, el Gobierno también tiene encima de la mesa conflictos territoriales internos y externos. En cuanto a Cataluña, tras cinco años de parálisis el Ejecutivo parece haber decidido una mayor implicación instaurando un despacho para la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, en Barcelona. El diálogo con la Generalitat de Puigdemont sigue siendo, no obstante, una quimera. Aunque se convertirá en obligatorio en los próximos meses, teniendo en cuenta que las recientes actuaciones judiciales y la actitud del PP al respecto –facilitando, por ejemplo, el suplicatorio de Francesc Homs– no hacen más que reforzar la idea de las fuerzas soberanistas de celebrar un referéndum por la independencia en septiembre.

La deriva de la UE

El otro foco se sitúa en Europa. España, país en el que aún no ha surgido una corriente política con calado social que cuestione la permanencia en la UE y que siga así la ola euroescéptica y proteccionista que recorre el continente –y el mundo, con el triunfo de Donald Trump en EEUU–, tiene la oportunidad de encabezar un movimiento contrario que haga de una mayor integración, de la reconquista de la ciudadanía europea y de la unión política sus ejes de acción. Es probable que la principal oportunidad en ese sentido llegue en los próximos meses, dado que una menor inversión estadounidense en la OTAN puede obligar a precipitar la unión militar de los 28 o por lo menos de los países veteranos de la Unión entre los que está el español.

A la gobernabilidad, los presupuestos y los retos territoriales se les une la acción legislativa. Rajoy y su equipo ya están empezando a ver cómo algunas de las normativas más polémicas desde hace ya dos legislaturas –la XI fue la fallida– serán derogadas por la falta de consenso político con las que nacieron. Un nuevo talante deberá guiar pues la acción del Ejecutivo si quiere que esos pasos que ya se están dando para enmendar su trabajo de los últimos cinco años no sean percibidos únicamente como un fracaso del Gobierno, sino que el gabinete pueda ser clave en las negociaciones y pueda hacer prevalecer sus intereses y propuestas. En el caso del partido que sostiene al Gobierno, el PP, también le será más exigible que nunca una mano más dura contra la corrupción que le acecha desde finales de los años 90.

La principal baza con la que cuentan el presidente y los suyos es la división de sus opositores. Pero sólo si Rajoy hace los deberes y realiza un giro a su política conseguirá estabilidad y logrará recuperar la credibilidad y el electorado.