Por Cambio16-Economía
11/05/2017
El Gobierno ha dado un nuevo paso en su lucha contra el blanqueo de dinero y ha decidido elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que se mantengan vigilantes a las compras en efectivo de extranjeros si estas exceden de los 10.000 euros.
La noticia fue confirmada por el Ministerio de Economía, que ha sacado a consulta pública hasta el próximo 10 de junio y que adaptará la ley española a las directrices llegadas desde Bruselas en mayo de 2015, reseñó esta semana El País.
La legislación española ya incluye la mayor parte de lo previsto en la norma comunitaria, mas todavía requiere la adaptación de algunos artículos, especialmente aquellos que limitan el poder sancionador.
Madrid espera actualizar al alza el régimen de sanciones. Su idea es compatibilizarlos con los «límites máximos previstos en la directiva europea», y para ello espera mejorar la detección de infracciones y catalizar los mecanismos de denuncia, que ahora garantizarán el anonimato de las fuentes, sigue el mismo medio.
Las modificaciones tampoco serán abruptas. La idea es que estos cambios mejoren el sistema punitivo para que las posibles sanciones sean suficiente advertencia para los potenciales maleantes.
En relación a los pagos en efectivo, para los no residentes el tope será de 15.000 euros, mas los vendedores tendrán potestad y deber de tomar medidas de prevención del blanqueo de capitales en cuanto la compra supere los 10.000 euros y éstos se paguen con billetes. Para los nacionales la limitación estará en 2.500 euros.