Las dimensiones de la crisis humanitaria generada por el régimen socialista en Venezuela son sencillamente aterradoras. El informe que la Comisión de la ONU fue sombrío. La Corte Penal Internacional ha reconocido la necesidad de actuar. Pero todas las investigaciones -bien documentadas y sustentadas- palidecen ante la realidad que se vive en el país. La tragedia tiene rostro. Muchos rostros. Esta vez son 16 los rostros que reflejan lo terrible de la situación. Son 16 menores de edad, que huyeron al vecino estado insular de Trinidad y Tobago. Tras ser deportados estuvieron a la deriva en altamar. Esta es su historia.
Este triste episodio comenzó el domingo 22, cuando el Gobierno de Trinidad y Tobago, aliado de la dictadura de Nicolás Maduro, deportó a 16 niños venezolanos -entre ellos un bebé de 4 meses- que habían llegado a Puerto España. Las autoridades los enviaron de vuelta a su país en botes precarios. Además los separaron de sus padres. Con los menores fueron deportadas también 9 venezolanas .
Medios locales y dirigentes políticos venezolanos denunciaron que la deportación tuvo lugar en medio de una tormenta. Durante 48 horas no se supo de su paradero. Se presumía que las dos embarcaciones en que viajaban se habrían quedado sin combustible en altamar.
Los niños y mujeres presuntamente fueron detenidos la semana pasada y conducidos a diferentes comisarías. Todos dieron negativo por la COVID-19. A pesar del recurso presentado para evitar su deportación, finalmente fueron forzados a abandonar el país.
Obligados a salir de su país
En realidad, la tragedia de estos 16 niños comenzó mucho antes, incluso cuando aún no habían nacido. En 1992, un grupo de militares intentó por la vía de las armas derrocar al gobierno democrático de ese entonces. Hubo dos intentos, pero ambos fracasaron. Los alzados fueron encarcelados, pero posteriormente se les dio la libertad y libres de toda culpa a gracias a un indulto presidencial. Nadie pagó por las 347 personas que murieron víctimas de ambas insurrecciones.
En 1998, uno de los líderes de los insurrectos, el teniente coronel Hugo Chávez, ganó la elecciones presidenciales, con el apoyo de medios de comunicación, empresarios y una campaña que le valió el respaldo popular. Una vez en el poder, Chávez inició un proceso de desmantelamiento institucional. Cambió la Constitución para permanecer en el poder indefinidamente. Puso en manos del gobierno las principales empresas privadas mediante expropiaciones y apropiaciones. Al frente de estas compañías, así como de aquellas que ya eran propiedad de la Nación, puso a operadores políticos.
El resultado: 20 años después, Venezuela es un país sumido en el caos político, la ruina económica y la miseria social. Se calcula que más de 5 millones de venezolanos han emigrado. De ese total se calcula que cerca de 40.000 estarían en Trinidad y Tobago. Allá se dirigieron estos 16 niños. Pero las autoridades le cerraron las puertas y los echaron al mar, sin protección, sin alimentos y sin agua.
Una medida ilegal
Avason Quinlan-Williams, jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, ordenó el domingo al jefe del Estado Mayor de la Defensa que llevara ante su presencia a los 16 niños y las 9 mujeres que les acompañaban. Medios locales informan que, a pesar de ello, las personas fueron conducidas en varias embarcaciones fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera.
La magistrada dijo este martes que era preocupante la orden de un juzgado que permitió la deportación. Calificó además de confuso que la Policía no supiera a quién se entregó a los venezolanos y que la división de inmigración tampoco tuviera una respuesta clara de cuál era su paradero.
El fiscal general, Reginald Armour, indicó que cuando la jueza Quinlan-Williams dio la orden de que se presentara a los inmigrantes ante ella ya no estaban “bajo la jurisdicción de Trinidad y Tobago”. En tales circunstancias ella no podía emitir una orden sobre el asunto.
Medios locales informaron que algunos de los niños que fueron repatriados tenían padres viviendo en Trinidad y Tobago y eran titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó «preocupación» por la situación. Exhortó a Trinidad y Tobago a «garantizar el ingreso» de venezolanos «que buscan protección internacional por razones humanitarias».
Llamamiento a las autoridades
El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, aclaró que en total son 29 los venezolanos -entre ellos 16 niños- que Trinidad y Tobago deportó en 2 peñeros (embarcaciones precarias). La deportación se ejecutó al mediodía del domingo. Los botes salieron de la comunidad de Cedros.
Señaló que el gobierno de Trinidad y Tobago «debe acatar la sentencia del Corte Suprema de ese país y actuar según recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y garantizar la protección de los menores y la reunificación con sus familiares».
Recordó, además, que Trinidad y Tobago “ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951″. Ambos instrumentos “protegen a migrantes y refugiados contra la devolución”.
Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, del gobierno de Juan Guaidó, indicó que la deportación de estos venezolanos viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y los mecanismos internacionales que protegen la niñez. Instó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional para las Migraciones a interceder ante esta situación.
La abogada Nafessa Mohammed, que representa a las familias del grupo, dijo que estaba «extremadamente decepcionada» por el giro de los acontecimientos y criticó al Estado por su actitud «inhumana» hacia los inmigrantes.
Los niños fueron deportados el domingo, horas antes de la reanudación de la audiencia judicial en la que se solicitaba su permanencia en el país, dijo Mohammed. La jurista pidió investigar el caso y exigió al gobierno de Keith Rowley reconsiderar el manejo de la crisis migratoria vinculada con la llegada de venezolanos.
Mohammed dijo que había presentado un recurso de habeas corpus dirigido a la jueza Avason Quinlan-Williams, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. Fue entonces cuando la magistrada ordenó al jefe del Estado Mayor de la Defensa presentar a los inmigrantes venezolanos inmediatamente ante ella.
A salvo, por ahora
Este martes, medios locales informaron que los 16 niños venezolanos retornaron a Trinidad y Tobago, tras pasar casi dos días en altamar.
«Ya llegaron los 16 niños, ahora hay que garantizar su protección e integración», manifestó Smolansky. Previamente había informado que los padres de los menores habían podido comunicarse con la persona que está a cargo de ellos, luego de casi 48 horas sin noticias sobre su paradero.
«Los padres denunciaron que el motor del peñero se dañó a la media hora después de salir el domingo cuando los deportaron. Muchos niños están deshidratados«, indicó en su cuenta de Twitter.
Habla el Gobierno de Trinidad y Tobago
Después el hermetismo de las autoridades, finalmente el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, comentó sobre el caso. Puso en duda que los niños deportados fuesen menores de edad e instó a los familiares mostrar documentos de identidad.
«He visto el supuesto reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad», dijo. «Nuestra prioridad es nuestra población y nosotros tenemos leyes. Todo el que ingrese a la isla de manera ilegal, o esté aquí sin documentos, seguirá siendo deportado», agregó.
El funcionario, alertó que si un migrante entra a la isla de manera ilegal, «inmediatamente se convierte en una persona indeseable, y deberá afrontar consecuencias judiciales».
Cómplices del régimen de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela repudió la deportación. «48 horas desaparecidos 16 niños venezolanos (…) 29 venezolanos en altamar, en condiciones bien peligrosas, en pandemia», dijo Juan Guaidó, durante un debate virtual del Parlamento, en el que los diputados pidieron denunciar la situación ante organismos internacionales.
Los legisladores responsabilizaron al Gobierno de Trinidad y Tobago y a la dictadura de Nicolás Maduro por este hecho. Aseguraron que se trata de emigrantes que huyeron de la extrema pobreza que se vive en Venezuela. Aseguraron que fueron devueltos pese a una orden judicial que les garantizaba la permanencia en el país vecino.
«El Gobierno trinitario lamentablemente cometió esta acción» a pesar de que un tribunal ordenó que se «detuviera tal acto de atrocidad», señaló Guaidó. Criticó que el régimen de Maduro no hiciese una llamada de alerta para que las Fuerzas Armadas, el servicio de guardacostas, buscasen a estas personas en la zona marítima con Trinidad y Tobago. «Es cómplice Maduro, sin duda, de estos tratos crueles e inhumanos», aseguró.
Por otro lado, el diputado a la Asamblea Nacional Marco Aurelio Quiñones afirmó que «el régimen actúa igual que el gobierno de Trinidad, ambos lanzaron a mar abierto a 16 niños venezolanos. No olvidemos que antes que Trinidad deportara a estos niños, salieron de Venezuela cual ‘balseros cubanos’, buscando sobrevivir a la crisis creada por un sistema criminal».
No es la primera vez
El caso de los 16 niños lanzados al mar no es el primer problema de este tipo que involucra a Trinidad y Tobago. Son múltiples las quejas y denuncias sobre todo tipo de maltratos, abusos, e incluso crímenes, que se han cometido en ese país, que al parecer es, de todos los vecinos de Venezuela, el que tiene el trato más hostil, casi criminal, contra la migración.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, ha sido un aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Ya tuvo un altercado con la representación de la Organización de Naciones Unidas cuando desde este organismo se criticó la deportación de 82 venezolanos en 2018, pese a que varios de ellos tenían solicitud de asilo ante su gobierno.
En aquella ocasión, el mandatario afirmó que “no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados“. La deportación de estos niños parece formar parte de la política de Keith Rowley con respecto a la crisis migratoria venezolana.
La situación es una muestra del dramático cambio en la relación ente ambos países. Venezuela fue desde fines del siglo XIX el principal receptor de la migración de Trinidad y Tobago. Miles de trinitarios se establecieron en la población de El Callao (en el margen sur del río Orinoco) atraídos por sus minas de oro. Desde entonces quedó establecida una comunidad que dejó su legado cultural en esa región. El país siguió atrayendo trinitarios durante todo el siglo XX.
Más allá del tema humanitario
La cercanía entre Puerto España y Caracas va más allá del tema de la migración. Ambos países firmaron un acuerdo para la explotación conjunta del campo Loran-Manatee, ubicado en la zona limítrofe.
En el área limítrofe existen tres yacimientos gasíferos. El campo Loran-Manatee es el principal. Posee 10,25 billones de pies cúbicos de gas. El acuerdo estableció que será explotado en una proporción donde 73,75% le corresponderá a Venezuela y 26,25% a Trinidad y Tobago.
En el campo Cocuina Manakin, con 0,74 billones de pies cúbicos de gas, 66% corresponde a Trinidad y 34% a Venezuela, mientras en el campo Dorado Kapot, con 0,31 billones, 15,9% corresponde a Venezuela y 84,10% a Trinidad.
Sin embargo, en febrero de este año, Trinidad y Tobago canceló el acuerdo para el desarrollo conjunto del campo Loran-Manatee, debido a las restricciones de Estados Unidos contra la petrolera estatal venezolana, Pdvsa..
Acnur calcula en más de 4,7 millones los venezolanos en condición de refugiados y migrantes en todo el mundo, y en más de 760.000 los que han solicitado asilo. Nunca antes había ocurrido un proceso migratorio de tales dimensiones en tan poco tiempo en el continente americano.
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