El pasado 17 de marzo el Gobierno aprobó una primera línea de avales a través del ICO por importe de hasta 100.000 millones de euros. Esta fue una medida temprana, con carácter de urgencia, para salir en respaldo del tejido empresarial español. Se activó precisamente cuando acababa de llegar la pandemia de la COVID-19 al país. Seis meses más tarde ha sido otorgada la casi totalidad del monto establecido y el sector turismo es el más favorecido por la medida.
Hasta ahora, han sido otorgados 98.878 millones de euros por la vía de los avales del ICO. El agotamiento de los fondos se da en un escenario en el que el Banco de España acaba de reducir sus perspectivas de recuperación económica, mientras el país se enfrenta a una probable segunda ola de la pandemia y las empresas de todos los sectores —al igual que los autónomos— acusan el golpe de una crisis que no da signos de desaparecer.
Los autónomos, sin capacidad de pago
Uno de los casos más preocupantes es el de los autónomos. Miles de trabajadores en esta condición no podrán pagar el primer vencimiento de los créditos con avales del ICO ante la baja o nula actividad. La advertencia la hizo la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA). El tiempo corre, el plazo fenece a finales de este mes.
Según ha expuesto, son “miles” los autónomos que debido a la crisis por el coronavirus, y pudiendo desarrollar su actividad, “no han logrado ni siquiera facturar el mínimo exigible para retomar de forma habitual sus actividades económicas”.
El pasado mes de abril muchos trabajadores autónomos solicitaron préstamos ICO. La financiación que se concedió equivale a un total de 20.000 millones de euros. La mitad de estos estaban destinados a autónomos y pymes.
Esa primera línea de ayudas garantizaba hasta el 80% de los préstamos que los autónomos y pymes solicitasen a los bancos para hacer frente a los pagos derivados de sus negocios durante el estado de alarma.
El turismo no sale del susto
El sector turístico ha sido quizás el más afectado por la crisis; también el principal receptor de la ayuda. A las empresas que se dedican a esta actividad han llegado millones de euros de nueva financiación. Esto representa el 15,21% del total.
Desde el comienzo de la pandemia estas compañías sufrieron con mayor rigor el impacto económico. Se trata de algo perfectamente comprensible, debido a que las primeras medidas para controlar la propagación del virus supusieron restricciones a la movilidad y las aglomeraciones. Con el paso del tiempo, y con el avance de la desescalada, las patronales denunciaron que se estaban quedando atrás en las medidas de recativación de la economía.
En tales circunstancias, a estas empresas se les hará cuesta arriba honrar los pagos de estos créditos a su vencimiento. Además, de los 15.043 millones recibidos en préstamos, el 75% están avalados por el instituto público, es decir, como respaldo de la garantía del Estado. Son 11.253 millones de euros lo que el Gobierno se juega en esta apuesta.
Se trata de un dolor de cabeza adicional en un sector que se ha convertido en el que más riqueza aporta a la economía española, cercano a los 176.000 millones de euros anuales que representan el 14,6% del PIB, además de generar 2,8 millones de empleos, según datos de la asociación empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC).
Ampliación de los avales
A finales de junio trascendió que el Gobierno estaría estudiando ampliar el monto de las líneas de avales en hasta 50.000 millones adicionales. La información, publicada por la agencia Bloomberg, destacaba el crecimiento de la demanda por parte de las empresas, que requieren de este programa para hacer frente a los problemas financieros como consecuencia de la ralentización de la economía por efecto de la crisis sanitaria.
No obstante, si bien un incremento en estas líneas representaría un auxilio para empresas y trabajadores, sube peligrosamente la apuesta del Gobierno frente a un incierto futuro de la recuperación de estos fondos.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, pidió, a nombre de los trabajadores autónomos, que se apruebe una moratoria para asumir los pagos correspondientes a los préstamos. Piden que el Gobierno la conceda para quienes “demuestren que se encuentran en una situación de actividad ordinaria o extraordinaria o que la facturación de sus negocios haya disminuido como mínimo un 50%».
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