Amnistía Internacional denuncia la reiterada violación de los derechos humanos de refugiados y migrantes que parten de Libia, pero que la Unión Europea devuelve al país a sabiendas de la situación. Por ello, exhorta a los Estados miembros a que reconsideren su cooperación con la nación norteafricana y la supediten al respeto absoluto de los derechos esas personas.
Desde 2016, se ha devuelto a 60.000 personas, para lo que se ha contado con la colaboración de la UE. La denuncia se suma a otras de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y Human Rights Watch. Ambos se han referido a, entre a delitos, asesinatos, violaciones, secuestros, desapariciones forzosas, torturas y explotación sexual y laboral.
Un riesgo creciente
El texto de Amnistía Internacional indica que refugiados y migrantes carecen de posibilidades seguras y legales para afrontar los abusos en Libia de funcionarios, milicias y traficantes.
Ante todo, los refugiados y migrantes se arriesgan a llegar a Europa. Intentan cruzar el mar Mediterráneo en embarcaciones inseguras y en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, Estados de la UE los devuelven, pese a los peligros que corren tanto en el mar, donde algunos desaparecen, como una vez que desembarcan en territorio libio.
De acuerdo con el Banco Mundial, Libia tenía más de 6.700.000 habitantes en 2019. En este momento se encuentra sumida en la dualidad de dos entidades que se disputan el control tanto político como territorial. Los enfrentamientos han causado muertes, desplazamientos internos y ataques a centros sanitarios.
Así, los dos entes enfrentados son el Gobierno de Acuerdo Nacional, al mando del Poder Ejecutivo, y la Cámara de Representantes, que controla el Poder Legislativo.
Búsqueda de un trato justo
El informe Entre la vida y la muerte: refugiados y migrantes víctimas del círculo de abusos en Libia de Amnistía Internacional se publicó un día después de que la Comisión Europea anunciara el Pacto sobre Migración y Asilo.
El mecanismo tiene, entre otros fines, fijar normas de asilo que sean justas, efectivas, y que agilicen los procedimientos de asilo y retorno. También, una mejor política de retorno, y alianzas mutuamente beneficiosas con terceros países que sean claves en cuanto a origen y tránsito.
A su vez, que haya una verdadera solidaridad entre los Estados miembros para aliviar la carga de las naciones que están en la primera línea de llegada de los migrantes. Tal es el caso de España, Grecia e Italia.
Xenofobia, centros de detención, COVID-19, Libia
Amnistía Internacional señaló que el informe documentó relatos de refugiados y migrantes que han vivido o presenciado homicidios, desapariciones, violaciones, torturas, trabajos forzosos y explotación por parte de grupos del Estado y no.
Esto, en medio de un ambiente de xenofobia y racismo contra los negros. También, ante la falta de suficientes programas de reasentamiento y evacuación para que las personas puedan salir de Libia de manera segura y legal.
Además, dijo que, aparte de que los refugiados y migrantes corren el riesgo de ser trasladados a centros de detención —una vez que son devueltos—, también pueden ser secuestrados por milicias, grupos armados y traficantes.
Algunos, ya torturados, violados, son liberados después de que sus familiares pagan un rescate; otros mueren como consecuencia de las torturas, la violencia, el hambre o la desatención médica.
Datos preocupantes
En este sentido, expuso casos más recientes. Por ejemplo, el traslado de gente que desembarcó en Libia y a los que llevaron a sitios de detención no oficiales. Tal es el caso de un centro que funciona en una antigua fábrica de tabaco en Trípoli, capital del país. Asimismo, se refirió a la deportación sumaria desde las regiones orientales del territorio nacional.
Además de eso, refugiados y migrantes son acusados de transmitir la COVID-19. Como este año se declaró la pandemia por la enfermedad, se ha exigido que los expulsen del país.
“Tras años de guerra que asolaron al país, Libia es ahora un sitio incluso más hostil para los refugiados y migrantes que aspiran a una vida mejor. En vez de recibir protección, se topan con un extenso repertorio de abusos gravísimos contra los derechos humanos, y ahora, además, se les culpa por la propagación de la pandemia de la COVID-19, y con pretextos racistas y xenófobos.
Pese a este panorama y a encontrarnos en 2020, la UE y sus Estados miembros insisten en implementar políticas que dejan atrapados a decenas de miles de hombres, mujeres y niños en un círculo vicioso de abusos. Al hacerlo, muestran un desprecio absoluto por la vida y la dignidad de las personas”, aseguró Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para el Medio Oriente y el Norte de África.
Entre el doble discurso y las 60.000 personas devueltas
La ONG pidió un cambio en cuanto a la actuación de la UE, que ha sido blanco de críticas desde hace tiempo.
Llamó a que reconsidere por completo la cooperación que mantiene con Libia y supedite la continuidad de la asistencia a que se tomen medidas inmediatas para ponerles fin a los abusos impunes. La solicitud se hizo, a su vez, por la pasividad de quienes llevan el mando del país ante las violaciones de funcionarios y grupos afines.
Se refirieron a que se termine con las detenciones arbitrarias y al cierre de los centros de detención para inmigrantes. Exigieron que en tanto eso ocurra, ningún inmigrante que se rescate o intercepte en el Mediterráneo central sea devuelto a Libia. Al contrario, “debe permitirse que estas personas desembarquen en un lugar seguro”, señalaron.
Falta de colaboración
Dijeron que desde 2016, algunos Estados miembros de la EU, pero con Italia a la cabeza, han colaborado con los dirigentes libios para que las personas, que intentan huir en embarcaciones, sean interceptadas en el mar y devueltas al país.
“Como parte de esta cooperación, proporcionan lanchas motoras, capacitación y asistencia en la coordinación de operaciones marítimas. Se estima que, durante este periodo, 60.000 hombres, mujeres y niños han sido capturados en el mar y desembarcados en el país por la Guardia Costera Libia, aunque con el apoyo de la UE. De estos casos, 8.435 corresponden al periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2020.
Ansiosos por detener las llegadas a cualquier costo, los Estados de la UE han ofrecido su apoyo a Libia. Ni exigen como condición previa el respeto de rigurosas garantías de derechos humanos. Y pretenden, así, eludir las normas del derecho internacional que prohíben las devoluciones sumarias”, afirmaron.
Recordaron el caso del 27 de mayo de este año. Ese día, hombres dispararon en contra de alrededor de 200 refugiados y migrantes que estaban retenidos por traficantes cerca de la localidad de Mazda. Aunque al menos murieron 30 personas y 11 resultaron heridas, se sospecha que el resto también falleció o que fueron secuestrados.
Afirmaron que, pese a las promesas gubernamentales, hasta el momento no se han rendido cuentas de lo ocurrido cerca de ese sitio ni contra otros refugiados y migrantes. De hecho, hablaron de personas que, presuntamente, están vinculadas a estos delitos pero que siguen libres y afines al Gobierno de Acuerdo Nacional.
También se basaron en vídeos en los que se ven a milicias y a grupos armados atropellando a refugiados y a migrantes, sometiéndolos a desfiles y obligándolos a participar en operaciones militares.
La ONU lo había advertido
En 2018 la ONU advirtió que Libia no podía “ser considerado un país seguro para los migrantes rescatados o interceptados en el mar. Esto, en vista de los riesgos que corren de ser sometidos a violaciones de sus derechos humanos”.
Para ello, se refirió a un informe conjunto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que se publicó ese año.
Señaló que recogió las denuncias de más de 1.300 migrantes en Libia, Nigeria e Italia. Estas abarcan el viaje de dichas personas desde la frontera sur de Libia, siguiendo por el desierto, hasta llegar a la costa norte, donde intentaron embarcar para cruzar el Mediterráneo.
Entre otras denuncias, habló de violaciones en grupo, esclavitud, trabajo forzado y extorsión.
A su vez, dijo que la UE y sus Estados miembros estaban impidiendo el arribo de embarcaciones de refugiados y migrantes a sus costas. Con ello, los estaban devolviendo a la nación norteafricana.
“También nota que la UE y sus Estados miembros han seguido implementando una política para impedir que alcancen las costas europeas. Esto estaría contribuyendo a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas”, afirmó.
(Para 2018) alrededor de 29.000 migrantes han sido devueltos desde principios de 2017 y miles de ellos continúan detenidos indefinida y arbitrariamente, sin el debido proceso o acceso a abogados o servicios consulares.
ONU
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