Emmanuel Macron no le teme a llevar el juego político a niveles de crispación. Ahora, con la nueva ley migratoria, el frágil piso político que lo soportaba se hizo pedazos, pese a sus intentos por satisfacer a tirios y troyanos. La propuesta de ley de ministro Gerald Darmanin le proporcionó un nuevo revés. El golpe más duro se lo asestaron sus antiguos aliados.
La nueva legislación propuesta por el gobierno de Macron se justifica en la necesidad de regular los flujos de personas que llegan al país, combatir la entrada ilegal y prevenir la presencia clandestina de individuos. La nueva legislación incluye medidas restrictivas. Como la supresión de protecciones contra la expulsión, la posibilidad de expulsar a los extranjeros llegados a Francia antes de los 13 años y la aceleración de la tramitación de las solicitudes de asilo.
Además, en teoría, busca simplificar la regularización de trabajadores sin papeles y autorizar a trabajar a un mayor número de inmigrantes. Al tiempo que favorece la integración de los nuevos emigrantes. Pero, para los analistas, en el contexto político lo que se es busca satisfacer a diferentes sectores, tanto progresistas como conservadores, para disputar terreno a la extrema derecha. Como era de esperarse, la propuesta genera protestas entre migrantes y refugiados, y ONG, quienes argumentan que la severidad de la reforma no tiene precedentes.
Revés para Macron y Darmanin
El muy controvertido proyecto de ley de inmigración fue presentado ante el parlamento este lunes por Gérald Darmanin, ministro del Interior, tras meses de idas y venidas. El texto fue aprobado en el Senado por 210 votos a favor, gracias a la alianza de conservadores y centristas, y 115 en contra, esencialmente de la izquierda. El proyecto evidencia las dificultades a las que se enfrenta un gobierno sin mayoría absoluta para legislar. El proyecto de ley de inmigración tropezó en la etapa más difícil: la del hemiciclo del Palacio Borbón.
La reforma migratoria propuesta por el presidente Emmanuel Macron fue rechazada por la oposición francesa en la Asamblea Nacional. La moción, presentada por los ecologistas, fue aprobada por 270 votos a favor y 265 en contra, con el apoyo de la izquierda radical, socialistas y comunistas, así como de la derecha y la extrema derecha. El rechazo no obedece a un único mensaje. Para la derecha y la extrema derecha, las medidas eran insuficientes para detener la llegada de migrantes. Para la izquierda, la reforma endurecía la acogida de los inmigrantes y buscaba “privarlos de dignidad”.
Tras la derrota del proyecto de ley, el presidente Macron rechazó la dimisión del ministro Darmanin. Para quien la votación supone un revés. Darmanin renunció a su ambición de ser el candidato oficialista al Ejecutivo en 2027.Aapoyó al ex primer ministro Edouard Philippe, “el mejor ubicado” para derrotar a la ultraderechista Marine Le Pen.
Ahora, el Gobierno puede optar por continuar con la reforma en el Senado, donde un primer examen ya la endureció. Otra opción es una comisión mixta que reúne a senadores y diputados, o puede decidir abandonarla. Macron encargó a Darmanin y a la primera ministra, Élisabeth Borne, que presenten propuestas para avanzar levantando este bloqueo y llegar a una ley eficaz. Algo que parece un Déjà Vu del proceso que atravesó la ley de pensiones en el 2022.
La propuesta de Macron
La reforma de la ley de inmigración propuesta por Emmanuel Macron, rechazada por el parlamento, incluye medidas más estrictas para las deportaciones. El Ministro del Interior francés, previamente presentó el proyecto de reforma migratoria al Senado. Pero la cámara alta del parlamento francés, tiene una mayoría de centroderecha, y endureció considerablemente el borrador. Según el gobierno francés, la reforma es un compromiso que incluye medidas tanto de izquierda como de derecha.
La nueva ley pretende acelerar los procedimientos de asilo, acortar los retrasos en las apelaciones, complicar las reunificaciones familiares y restringir la posibilidad de ir a Francia para recibir tratamiento médico. Además, incluirá la opción de deportar a personas que llegaron a Francia siendo menores de 13 años y a padres extranjeros cuyos hijos tengan ciudadanía francesa. París tenía planes de crear una tarjeta verde de un año para las personas que trabajan en sectores con escasez de mano de obra. Sin embargo, las decisiones sobre estos permisos de un año se dejan ahora en manos de las autoridades locales.
Desde el reciente ataque terrorista perpetrado por un inmigrante ruso contra el profesor francés Dominique Bernard en la ciudad norteña de Arras, el gobierno presenta la ley principalmente como una salvaguardia contra la inmigración no deseada y el terrorismo. Sin embargo, a los migrantes, refugiados y organizaciones de ayuda les preocupa que las nuevas reglas puedan conducir a una mayor estigmatización y discriminación.
Argumentos de la derecha
La preocupación por la seguridad es uno de los argumentos más fuertes de la derecha. También de buena parte de la ciudadanía. La derecha sostiene que la presencia de inmigrantes, especialmente musulmanes, puede representar un riesgo para la seguridad y el orden público. Consideran que pueden estar involucrados en actividades criminales o ser susceptibles de radicalización religiosa.
En el ámbito laboral, argumenta que la competencia entre los trabajadores locales y los inmigrantes puede afectar negativamente la capacidad de los franceses para encontrar empleo. Además, sostiene que aquellos que recién llegan a Francia, pueden representar una carga social significativa. Porque pueden requerir servicios públicos como educación, salud y asistencia social. Lo que aumenta la presión sobre los recursos públicos.
Sobre la integración sostiene que algunos inmigrantes pueden ser menos propensos a adoptar las normas y valores franceses, lo que podría generar tensiones sociales y culturales. Una forma velada de aludir a la comunidad musulmana. Finalmente, la derecha critica la capacidad del gobierno francés para controlar la frontera y evitar la entrada ilegal. Argumenta que una frontera más controlada y segura puede ayudar a reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a Francia y reducir la necesidad de expulsiones.
Largo historial
Francia promulgó más de 100 leyes de inmigración desde 1945. Ninguna arrojó los resultados esperados. Solamente en los últimos cuarenta años, ha promulgado una treintena de leyes relativas a la inmigración. Los gobiernos franceses, tanto de derecha como de izquierda, siguen legislando con el objetivo de reducir los flujos migratorios hacia el país. Pese a lo cual continúan llegando masivamente.
El presidente Emmanuel Macron no es una excepción. Durante su primer mandato, aprobó una ley de inmigración de la mano de Gérard Colomb. El proyecto actual es el segundo, Un ejemplo más de cómo la migración se ha vuelto central en el debate político y mediático francés desde principios de 1980. Periodo que coincide con el ascenso del Frente Nacional, partido de extrema derecha fundado por Jean-Marie Le Pen. Que acusa a los extranjeros de ser causantes del aumento del desempleo en el país. Lo que alimenta aún más el debate sobre la inmigración.
En este contexto, los sucesivos gobiernos han querido demostrar que se toman el tema de la inmigración en serio. Como resultado, entraron en una espiral legislativa que no parece posible detener. La pauta siempre ha sido la misma: endurecer los sistemas y condiciones de acogida para los inmigrantes.
Restringido marco migratorio
Según las autoridades, Francia cuenta 5,1 millones de extranjeros en situación regular, un 7,6 % de la población, y acoge a más de medio millón de refugiados. Asimismo, hay entre 600.000 y 700.000 migrantes en situación irregular. Aunque la izquierda ha regularizado dos veces a gran escala a los inmigrantes indocumentados:130.000 en 1981 y 80.000 en 1998. A partir de esa fecha ha optado por una política represiva. Pese a lo cual las solicitudes de asilo se han disparado en Francia, de unas 23.000 en 1998 a unas 156.000 en 2022. Apenas un 30% obtuvo respuestas positivas.
Desde 1984, con la aprobación de la ley Defferre, Francia ha experimentado una serie de cambios en su política migratoria. Esta ley marcó el inicio de una serie de medidas que han endurecido las condiciones para la inmigración en el país.
Leyes y más leyes
- Reunificación familiar: En 1986, la ley Pasqua aumentó las formalidades y condiciones para entrar en Francia, limitando la concesión automática de la tarjeta de residente y exigiendo a los extranjeros un documento relativo a sus “medios de existencia”. Los cónyuges de franceses no obtienen inmediatamente una tarjeta de residente. En 1993, una nueva ley Pasqua endureció aún más las condiciones de acogida para las familias inmigrantes.
- Empleo: En 1980 la ley Bonnet permitía denegar la renovación del permiso de trabajo si las cifras de desempleo no eran buenas. La ley Sarkozy II de 2006 creó un permiso de residencia por “capacidades y talentos”, así como un permiso renovable de un año que permitía trabajar en sectores en tensión. La ley Cazeneuve de 2016 crea el “pasaporte talento”, mientras que la ley Collomb de 2018 lo amplía a los “empleados de empresas innovadoras”.
- Persecución y represión: Las últimas cuatro décadas han estado marcadas sobre todo por una maquinaria represiva que comenzó oficialmente en 1980 con la ley Bonnet, que legaliza las expulsiones de inmigrantes indocumentados y su retención en centros de detención administrativa (CRA) antes de que se lleven a cabo.
- Salud: Desde 1945, los inmigrantes en Francia tenían la misma cobertura médica universal que cualquier ciudadano francés. Sin embargo, a partir de 1993, tuvieron que recurrir a la Ayuda Médica Departamental (AMD), reservada para la atención hospitalaria. En 1999, el gobierno de Lionel Jospin creó la Ayuda Médica Estatal (AME) para los extranjeros en situación irregular. La AME proporciona acceso a una canasta limitada de atención
- Asilo: Los gobiernos han restringido este derecho, en particular excluyendo a determinadas nacionalidades con la creación en 2003 de una lista de “países seguros. Además, se han reducido los plazos para realizar solicitudes de asilo. Desde la ley Collomb de 2018, los extranjeros que llegan a Francia tienen 90 días para solicitar asilo, frente a los 120 días anteriores.
Macron impopular otra vez
La cuestión migratoria en Francia se ha convertido en un punto central en el debate político y social del país. La creciente oposición a la inmigración entre los franceses puede atribuirse a una serie de factores. Los atentados del 2015, 2016 y el de profesor Bernard aumentaron la percepción de que la inmigración puede representar una amenaza para la seguridad y el orden público. En momentos de crisis económica también se les percibe como un lastre para la economía del país. Lo que agravado por la retórica política que a menudo refuerza esa percepción.
La cuestión migratoria ha adquirido un claro tinte electoral. Los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, lo han utilizado para movilizar a sus bases y ganar apoyo. Esto ha llevado a una polarización del debate, con la derecha pidiendo medidas más duras para controlar la inmigración y la izquierda defendiendo los derechos de los inmigrantes.
Esta polarización complica el escenario para la aprobación del proyecto de ley de inmigración propuesto por el presidente Macron. El intento de equilibrar el control de la inmigración con el respeto a los derechos humanos se encuentra con la oposición tanto de la derecha, como de la izquierda. Nunca ha sido fácil complacer a tirios y troyanos. Pero no es Macron un hombre que se amilane ante el rechazo. Aunque el presente traspiés lo desequilibre un tanto, ya sabe que los tragos amargos no son populares.
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