En su gobierno ha enfrentado al movimiento de los Chalecos Amarillos, la radicalización islamista y la pandemia, por citar algunos desafíos. Actualmente Emmanuel Macron se juega una carta que tendrá un impacto en el medioambiente y tal vez en su gestión: la ley contra el cambio climático aviva las controversias e inconformidades.
La Asamblea Nacional francesa aprobó hace quince días, en primera instancia, ese proyecto que desincentiva el uso de transportes contaminantes. Y resalta el compromiso de la industria automotriz en orientar su producción a los coches eléctricos, entre otros.
El Parlamento también avaló un paquete de medidas contra el calentamiento global, dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % para el año 2030 respecto a los niveles de 1990. Este indicador dista de satisfacer a las organizaciones ambientalistas. Lo consideran insuficiente. Y un día después de estas aprobaciones cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir mayores esfuerzos y ambición en el combate del cambio climático.
Además, los ambientalistas se quejan de que el proyecto recoge pocas propuestas del organismo integrado por 150 civiles y creado por el propio presidente de Francia, con el objetivo de mejorar la legislación climática e incluir en la Constitución francesa la garantía de «la protección del medio ambiente y la diversidad biológica».
Macron, la ley contra cambio climático y la Constitución
La ley contra el cambio climático de Macron debe pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva. En el ínterin grupos ecologistas y empresarios presionan para hacer valer sus criterios. Y sean incluidos en la legislación.
El proyecto nació del partido gobernante, el centrista La República en Marcha (LREM) y obtuvo el respaldo de 332 diputados, 77 negativas y 145 abstenciones (la mayoría en el bloque de la derecha).
Macron había prometido un referendo para incluir esta norma de protección ambiental en la Constitución. La Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, votó a favor de la revisión. Pero la propuesta está frenada en el Senado, donde los republicanos de derecha tienen más peso y parecen haber condenado la propuesta. Julien Bayou, jefe del Partido Verde, dijo que Macron, «como de costumbre, hizo una promesa que no pudo cumplir».
Por otro lado, Bruno Retailleau, senador de centroderecha, señaló que el presidente «nos acusa de obstrucción para justificar la cancelación de un referendo que nunca quiso».
Entretanto, Gabriel Attal, portavoz del gobierno de Macron, declaró que hay firmeza en el planteamiento. «Queremos que el referendo tenga lugar. Es el compromiso del presidente».
Empresarios temen penalizaciones a la economía
La Ley contra el cambio climático de Macron incluye ayudas económicas para el desuso de vehículos contaminantes y la adquisición de autos y bicicletas eléctricas. Prohíbe la publicidad en favor de las energías fósiles como carburantes, gas, fuel oil. E incluye como ingrediente innovador el «delito de ecocidio”.
Asimismo, en su articulado pretende adoptar maneras de consumo más sostenibles, como evitar ofrecer insistentemente alimentos con una considerable huella contaminante, como la carne.
Sin embargo, Greenpeace y la Red de Acción por el Clima denuncian que es una «oportunidad perdida» y un «proyecto de ley para fingir que se actúa». Mientras, el principal lobby empresarial, el Movimiento de Empresas de Francia revisó la propuesta. El Medef, que representa a las mayores corporaciones de Francia, recomendó versiones suavizadas del texto, según el Journal du Dimanche, un semanario.
Medef se opuso a convertir el “ecocidio”, definido como contaminación deliberada y duradera, en un crimen. Geoffroy Roux de Bézieux, su presidente, comentó a un panel del Senado que a sus miembros les preocupaba que se estigmatizara a las empresas y penalizara la actividad económica.
Reglas más estrictas también podrían obstaculizar a las empresas debilitadas por la pandemia, añadió François Asselin, presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas. «Así que tenga cuidado de no ponerlos de rodillas con medidas demasiado restrictivas», emplazó el empresario.
La ley a la medida de los intereses
BASF, una empresa química multinacional alemana y un importante productor de pesticidas con operaciones en Francia, fue más contundente. Considera que las recomendaciones del panel de ciudadanos para reducir los pesticidas y fertilizantes en la agricultura «reflejan una profunda ignorancia de la realidad».
La crítica puede estar teniendo un impacto. En la legislación aprobada por la Asamblea Nacional, el “ecocidio” pasó de ser etiquetado como un delito, a un delito civil.
Inicialmente el proyecto prohibía los vuelos de corta distancia, que podrían cubrirse con un viaje en tren de cuatro horas. Después de que las aerolíneas y los aeropuertos se opusieron, la regla se redujo para cubrir solo los vuelos que podrían ser reemplazados por un viaje en tren de 2,5 horas.
De aquí a junio, cuando el Senado apruebe la Ley contra el cambio climático de Macron ¿habrá otros cambios?
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