El congreso de Nicaragua aprobó la controvertida Ley Especial de Ciberdelitos que contempla el castigo con cárcel a las personas y entidades que el régimen dictatorial sandinista considere que difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
El texto, también conocido como Ley Mordaza o Ley Putin, incluye penas desde dos hasta ocho años de prisión para quienes «propaguen noticias falsas o tergiversadas que produzca alarma, temor, zozobra en la población». También si divulgan información confidencial de las instituciones del Estado o de las páginas web del régimen.
La legislación fue aprobada por los 70 votos de los sandinistas y sus aliados, frente a 16 en contra de la oposición. Hubo 4 abstenciones.
El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael G. Kozak, condenó la ley y pidió la restauración plena de los derechos humanos.
“La ley de delitos informáticos de Nicaragua es otra vergonzosa violación de los principios democráticos. Y una herramienta más del régimen de Ortega para reprimir a los medios independientes y a las voces de la oposición, a la prensa libre”, dijo.
La prensa independiente de Nicaragua cuestionó ese nuevo instrumento que atenta contra la libertad de expresión, ya muy limitada y asediada.
La diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista, denunció que la ley de ciberdelitos no está hecha para acabar con las noticias falsas sino con la oposición de Nicaragua. «Viene a encender el clima de represión que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018», anotó..
Ley de Ciberdelitos, el extremismo en Nicaragua
El diputado oficialista Emilio López se mostró satisfecho con la aprobación de la Ley de Ciberdelitos. «Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales. A los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público», dijo.
La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos. Los jueces aplicarán las sanciones que que varían entre uno y ocho años de prisión para una amplia gama de delitos informáticos que el Estado estime afecten la seguridad nacional.
En el caso del delito de espionaje informático, la pena máxima es de 10 años. Además de las noticias falsas, la ley también castiga el acoso en las redes sociales y la interferencia de datos. Así como el fraude informático, la filtración de información pública reservada y la revelación de información personal sensible.
La ley se aplicará a los nicaragüenses dentro y fuera del país, lo que incluye a los exiliados que hacen campaña contra el gobierno. Para extraditarlos la dictadura de Ortega recurriría a convenios de asistencia mutua.
López explicó que la Ley contempla de dos a cuatro años de prisión para quienes “propaguen noticias falsas”. Si la «información tergiversada» perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel. Mientras que las publicaciones que «incitan al odio y la violencia» recibirán de tres a cinco años de prisión.
«Ya nunca más el odio en redes sociales, no se va a permitir que desde un programa de comunicación se llame al odio o al caos», afirmó.
Lee también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
