Llegó la ley Celaá a la educación. El Consejo de Ministros aprobó la Lomloe, la reforma de la ley educativa conocida como ley Celáa. Ahora falta que se apruebe en el Congreso. De ser así, el gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con derogar la Lomce, o ley Wert, aprobada en 2013 en el gobierno de Mariano Rajoy.
En febrero de 2019 ya habían aprobado la ley Celaá, el mismo día que anunciaron la repetición de las elecciones y se disolvieron las Cortes, pero no hubo tramitación parlamentaria. Esta vez se volvió a aprobar sin ningún cambio, a pesar de que ahora el Gobierno es de coalición con Unidas Podemos.
Después de la LGE, la Loece, Lode, Logse, Loce, LOE y Lomce, esta es la sétptima ley educativa en 40 años. ¿Qué se puede esperar de ella?
La ley Celaá, «fundamentada en la inclusión y la equidad«
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, defiende la nueva reforma educativa indicando que se trata de un cambio fundamentado en la inclusión y en la equidad; que además no deja atrás a ningún estudiante y, de paso, moderniza la profesión docente.
La nueva ley incluye una serie de reformas para luchar contra el fracaso escolar, pues España es el país con mayor índice de repetidores en la Unión Europea. Para disminuir esta tasa, la ley recoge algunas medidas como superar el bachillerato y obtener el título con una asignatura suspensa.
Asimismo, en la ESO, los que suspendan más de dos asignaturas podrán pasar de curso si tienen el visto bueno del equipo docente. Además, en primaria solo se podrá repetir segundo, cuarto y sexto curso.
También se eliminará la reválida, que nunca se llegó a aprobar y se regresará a los sistemas de control y evaluación de la LOE, que no tienen consecuencias académicas y son competencia de cada comunidad.
Pero la lista no termina allí. Esta reforma viene con todo y por sus cambios ya se ganó detractores. PP, Ciudadanos, VOX y UPN anunciaron su voto en contra.
La concertada en controversia
Uno de cada cuatro niños españoles asiste a la escuela concertada pero el hecho de que la concertada reciba financiación pública y privada causa que muchos aleguen que es una competencia desleal con respecto a la pública. Justamente esta doble financiación ha permitido que estas escuelas tengan programas o medios que resultan más apetecibles para los padres y dejen relegada a la escuela pública.
Hasta ahora, la demanda que hubiese por parte de los padres se tomaba en cuenta para ofrecer puestos nuevos y abrir nuevas clases, tanto en públicas como en concertadas. Pero con la ley Celaá se elimina esa condición, conocida como demanda social. Ahora cada comunidad tendrá el poder de abrir o cerrar puestos sin tomar en cuenta las preferencias de los padres.
Ante la ausencia de este critero añadieron otros. Las comunidades ahora repartirán a estudiantes con necesidades especiales o con pocos recursos económicos por distintos centros. Condiciones como la cercanía al domicilio o lugar de trabajo se tomarán en cuenta.
La postura del Gobierno es que con esta medida no se segregará a los alumnos por su condición social y económica. Asimismo, ahora en la educación concertada los modelos de educación mixta tendrán prioridad a la hora de recibir subvenciones, por encima de los que dividen por sexos.
El peso de la religión
Con esta nueva ley religión dejará de ser una materia específica en primero y segundo curso de Bachillerato. Además, su nota no computará para el acceso a la Universidad o la obtención de becas de estudio.
Eso sí, quienes no escojan religión ahora no tendrán que estudiar una materia alternativa, que hasta el momento era Valores. No obstante, sí se ha incluido una nueva asignatura obligatoria: Valores Cívicos y Éticos, para quinto y sexto de primera y en cuarto de la ESO. Es una suerte de Educación para la Ciudadanía, pero renovada. Incluirá temas como igualdad de género, educación digital o sostenibilidad. Son temáticas que van a la par del avance que se está dando en la sociedad.
La variación en las decisiones que se toman en la ESO
Con la ley Celaá se suprimen los «itinerarios» de la Lomce, el sistema por el que los alumnos de la ESO escogían, en segundo o tercero, entre la vía académica (bachillerato) o la aplicada (FP de grado medio).
De acuerdo con el Gobierno, este es un sistema que le pone barreras a la enseñanza básica. Ya lo señaló la ministra Celaá: «Se va a establecer una ancha avenida con distintos caminos que llevan a una titulación única». Una medida con la que se quiere evitar que lo escogido por el alumno a sus 13 años de edad no sea irreversible y que al final todos lleguen al mismo punto.
Ahora todos los alumnos estudiarán lo mismo hasta el cierre de la educación obligatoria, es decir, cuando tengan 16 años de edad. Podrán obtener el título realizando «actividades personalizadas extraordinarias» que se relacionen con las asignaturas suspensas. Asimismo, se eliminarán los requisitos académicos para obtener becas y se le dará más peso a los financieros.
Las comunidades y su poder para decidir los contenidos
Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares tienen una lengua cooficial. Las comunidades autónomas que presenten este caso, decidirán sobre un 45% de los contenidos. Las demás lo harán sobre un 35%.
Con la Lomce no se empleaban porcentajes. Se separaban las asignaturas en troncales, obligatorias y fijadas por el Estado, y de libre configuración. Pero esto también cambiará con la nueva reforma.
Quedará en manos de las comunidades con lenguas cooficiales la aplicación de medidas necesarias para que los alumnos adquieran el control del castellano y de la lengua de su comunidad. Esto a pesar de que no existe ningún mecanismo de control por parte del Gobierno central que garantice que se están dando un número determinado de contenidos en castellano.
¿Y la formación profesional?
Con un año como plazo, el Gobierno se ha comprometido a presentar un modelo de formación de los docentes que va más allá de las capacidades que reciben en las universidades. Así, desde que un profesor se incorpora a un centro será acompañado por una suerte de tutor durante su primer curso académico. Se trata de una especie de MIR docente en el que estarán un año en una escuela, como ocurre con los médicos residentes en un hospital.
Ahora se formarán para educar por competencias. Además, se eliminarán los requisitos de edad y se permitirá el acceso desde la enseñanza de régimen de educación especial. También se facilitará que se compagine con la actividad laboral.
Con esta ley Celaá se observan importantes cambios en diversas áreas. El Gobierno central tendría un papel mucho más decisivo en la educación de 0 a 3 años de edad, que era competencia de las comunidades autónomas. Ahora el objetivo es que haya una base común. Sin embargo, si de bases comúnes se trata nada tiene que ver con el escenario político que se ha desencadenado por esta reforma.
A las calles para protestar en contra de la reforma
Desde las escuelas concertadas y diversas organizaciones educativas decidieron movilizarse para expresar su rechazo hacia esta nueva ley. Pero allí no terminan las acciones. También han empezado a recoger firmas en contra de ley.
Tienen pensado seguir acudiendo a las calles y expresando en redes sociales su rechazo. La plataforma Más Plurales organizó una serie de manifestaciones frente al Congreso para rechazar la ley. Esperan reunirse el 10, 17 y 24 de noviembre.
Una ley para «perpetuar el fracaso escolar»
En el Congreso se debatirá en la Comisión de Educación y Formación Profesional. Allí los grupos parlamentarias podrán presentar enmiendas al texto. Unidas Podemos hará lo propio, como introducir la imposibilidad de concertar a los centros que segregan por sexo.
Pero la ley requerirá de mayoría absoluta, la votación a favor de 176 diputados. Esto implicará la búsqueda de consensos pues PSOE y Unidad Podemos, socios del Gobierno, suman solo 155. Una hazaña compleja tras conocer las críticas que han llovido sobre la ley.
Una de ellas tiene que ver con las clases en castellano. El Ministerio de Educación no tiene previsto dotar su reforma educativa de algún instrumento o prueba homogénea en toda España para evaluar el nivel de los alumnos de comunidades que, como Cataluña, no garantizan el 25% de clases en castellano que dictaminó el Tribunal Constitucional.
«Perpetúa el fracaso escolar», evita una «educación basada en el esfuerzo», se opone a «las evaluaciones comunes en todo el país» y «limita la libertad de elección de centro». Estas son solo algunas de las críticas que sostuvo Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP en el Congreso. Anunció que presentará un texto alternativo.
Lo propio hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Llevará las modificaciones de la llamada ley Celaá al Tribunal Constitucional y calificó a esta nueva norma como una que pretende «destrozar todavía más» el sistema educativo de España.
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