La «Ley Celaá» fue aprobada por mayoría simple este miércoles en el Senado por 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Una ley que elimina el español como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado. Además, es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa en su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado.
Antes de la Ley Celaá entre en vigor, el Gobierno de Baleares incorporó en su propio anteproyecto de ley educativa autonómica la supresión del español como lengua vehicular.
Baleares, a cargo de la socialista Francina Armengol, se adelanta a los tiempos jurídico-administrativos, pues se anticipó a la ley estatal. Pero eso no es todo, la situación incluso es mucho más grave. Todo indica que es un adoctrinamiento lingüístico que imita el proyecto catalán y que niega lo que repite y repite Isabel Celaá, que no hay posibilidad de supresión del castellano en las aulas.
El debate en el Senado
Para el PP y Ciudadanos, la Ley Celaá «nace muerta». Lo aseguraron en la defensa de sus vetos con los que comenzó el debate en la Cámara Alta, con la asistencia de la ministra Isabel Celaá. Tanto PP como Ciudadanos y UPN han coincidido en asegurar que el Gobierno se «ha vendido a los separatistas» al eliminar el español como lengua vehicular. Criticaron además que se ataque los centros concertados y los de Educación Especial o que se bajen los requisitos para pasar de curso.
Alberto Catalán, de UPN, dijo que Ley Celaá pasará a la historia del sectarismo educativo y la «vergüenza parlamentaria». También criticó que cada vez que se da un cambio ideológico en el Gobierno se cambia la ley. Lorena Roldán, de Ciudadanos, anunció que llevarán la ley al Constitucional y aseguró que es una reforma que amenaza los derechos de las familias y el futuro de las nuevas generaciones. «Es mala por lo que propone y tabién por lo que impide», señaló.
Manifestó que el Gobierno no es consciente de lo que la ley supone. Además, recordó que una reciente sentencia obliga a que el castellano se dé en el 25% de las horas lectivas porque ahora es «residual». Por su parte, Pablo Ruz, de PP, criticó la postura del Gobierno de querer aprobar la norma «cuanto antes». Calificó a los socialistas como «destructores de convivencia, de verdad, de libertad». Destacó que PP será un «muro de contención».
La postura del Gobierno de coalición
Para el Gobierno, el Senado ha sacado adelante una ley que blindará la inmersión lingüística y apuntalará la escuela pública. El PSOE y sus aliados afirman que es mentira que vaya a acabar con el castellano y que suprimirá los centros concertados. Sostienen que solo se les regulará a cambio de seguir recibiendo dinero.
Asimismo, apuntan que para garantizar la igualdad, el texto prohíbe que los centros públicos y concertados segreguen a los alumnos por sexo en todas las etapas educativas. También se primará en el proceso de admisión la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, «una medida que garantizará que las familias tengan libertad de elección de centro».
En defensa de la ley, el Gobierno ha reiterado que el blindaje a la inmersión lingüística y la defensa de la igualdad y de la escuela pública son los principales pilares de esta reforma educativa. «El castellano no desaparecerá, los centros especiales no cerrarán, la educación concertada no dejará de existir y la religión seguirá siendo de oferta obligatoria, completamente en contra de lo repetido por la derecha en los dos últimos meses», señala la minuta gubernamental.
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