En 2020 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático que tanto necesita España. Sin embargo, el proceso va a pasos de caracol y apenas este mes es que comenzó a debatirse de nuevo en el Congreso. Esta semana se aprobaron algunas enmiendas importantes relacionadas con la minería, la explotación de hidrocarburos y la movilidad sostenible.
PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda sobre la regulación de las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Según el texto, todos los grandes municipios deberán implementar sus propios planes contra la contaminación urbana «no más tarde de 2023».
Esta y otras medidas debatidas en el Congreso, fueron introducidas por los partidos del Gobierno como Unidas Podemos, PSOE, Teruel Existe, Bildu, PNV y Cs. Sin embargo, fueron rechazadas por PP y ERC; y hubo abstención de Vox y Más País. Este último sostiene que situar 2023 como fecha de referencia es poco ambicioso y reclama que se adelante a 2022 la llegada de la movilidad limpia a las ciudades.
Esta medida ya se había propuesto manera superficial en el borrador de ley, pero es ahora cuando parece concretarse. La enmienda afectará a un total de 148 ciudades, desde Madrid, que es la más poblada, hasta Granadilla de Abona, que cuenta con 50.146 habitantes. En concreto afectará a más de 24 millones de habitantes que respiran aire contaminado, es decir, al 52% de la población española.
Atajar la crisis climática desde todos los ámbitos
El Gobierno se había comprometido en enero a presentar este proyecto en las Cortes en un plazo de 100 días. Sin embargo, se aprobó con retraso debido a la crisis de la COVID-19 y todo el tema de la vacunación.
La aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética consta de 36 puntos y se presenta como una guía para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050.
En cualquier caso, el Ejecutivo fija 2030 como primera meta y plantea para entonces una reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990. Un objetivo que se alínea con los planes de ambición climática de la Comisión Europea.
Para finales de la próxima década, el 35% del consumo energético debe ser de origen renovable. Y cerca de 2030 el sector eléctrico tendrá que tener, según esta norma, un 70% de producción limpia.
Planes de movilidad sostenible
Los ayuntamientos deben diseñar sus planes de movilidad de aquí a dos años. En ellos, según la enmienda, se deberán implementar áreas libres de vehículos contaminantes y se obligará a que las ciudades creen «corredores verdes» que conecten el centro con las zonas periurbanas, de tal forma que se favorezca el transporte a pie.
Para mejorar el transporte público, la enmienda contempla que se incluyan medidas que permitan el uso «multimodal» de los diferentes servicios de los que disponga la ciudad. El sector transporte es el que genera más emisiones de CO2 en España (más del 25% del total), según los datos del inventario del Ministerio de Transición Ecológica.
Debido al auge de los servicios de reparto de mercancías y todas las áreas metropolitanas, se deben establecer medidas para conseguir que el transporte comercial avance hacia la electrificación. Para ello, el proyecto de ley establece que a partir de 2040 no se podrán vender vehículos nuevos que no sean cero emisiones. Este plan pondrá en marcha algunas medidas que faciliten la venta de este tipo de vehículos eléctricos y apoyo a la investigación y el desarrollo de la industria.
En general, las ciudades deberán establecer planes específicos para reducir la contaminación en áreas sensibles como los espacios colindantes a centros escolares y sanitarios.
Prohibida la apertura de minas de uranio
Por otro lado, se aprobó otra enmienda de la Ley de Cambio Climático que prohíbe los proyectos extractivos de uranio y materiales radiactivos. Aunque todavía se encuentra en la fase de negociaciones, la aprobación de esta enmienda al artículo 8 blindará a España de proyectos polémicos como el de la multinacional Berkeley, que pretende abrir en el entorno del municipio salmantino de Retortillo la única mina de uranio a cielo abierto de todo el continente europeo.
La enmienda deja claro que a partir de la entrada en vigor de la ley «no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación». Tampoco se podrán aprobar prórrogas sobre concesiones para la extracción de minerales radiactivos.
La medida contó con la aprobación de Unidas Podemos y PSOE, junto con ERC, EH Bildu, Teruel Existe y PP. Además de las abstenciones de PNV y Cs; y el rechazo de Vox y Más País-Equo.
También restringirán la explotación de hidrocarburos
Los partidos del Gobierno debatieron y aprobaron otra enmienda, esta vez al artículo 8. En ella aseguran que se restringirá la explotación de proyectos relacionados con los hidrocarburos.
Desde Más País-Equo consideran insuficientes estos cambios ya que «no permitirán detener la exploración de gas» en proyectos como el del Pozo de Armentia en Araba, el cual ha sido rechazado por el propio Consistorio vasco.
Por su parte, Unidas Podemos considera que en el caso de que se conceda una licencia de explotación, la nueva ley impide la explotación de yacimientos, lo cual es suficiente para estrechar el cerco a esta actividad extractiva.
No es suficiente para disminuir las emisiones
Las enmiendas aprobadas aún requieren que las Cortes las respalden. Sin embargo, los grupos ecologistas consideran que la propuesta no tiene la suficiente ambición en cuanto a objetivos de reducción de emisiones de tan sólo el 20% para 2030.
Desde Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo aseguran que la ley es «decepcionante» y el objetivo no se alinea con los consejos de la ONU para evitar que la temperatura del planeta suba más de 1,5ºC. Entre las medidas propuestas por Grupo de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) se habla de una reducción anual de 7,6% entre 2020 y 2030 para conseguir mitigar las peores consecuencias de la crisis ecológica.
Lea también:
PP y PSOE acuerdan un pacto de Estado sobre violencia de género
Conforme a los criterios de 
Saber más
