“En mi Gobierno no vamos a explotar el Yasuní. Lo vamos a conservar, sin esperar regalos de gobiernos extranjeros ni de nadie”, señaló el entonces candidato a presidir Ecuador, Guillermo Lasso en 2012. El político había mantenido una posición firme en defensa del Parque Nacional Yasuní a lo largo de estos años. Pero, ahora que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de su preservación, el mandatario saliente parece desestimar la voluntad popular.
El 20 de agosto se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en el país latinoamericano y dos consultas populares sobre temas medioambientales. Casi 59% de los electores votó “sí al Yasuní” y eligió proteger la selva amazónica ecuatoriana del extractivismo fósil. Apoyando el cese de las operaciones de explotación de crudo en el parque y la conservación de las reservas bajo tierra indefinidamente. El resultado fue una gran victoria para los activistas ambientales que desean promover una economía pospetrolera.
En el subsuelo del Yasuní se encuentra la mayor reserva de crudo de Ecuador: más de 1.672 millones de barriles de petróleo, lo que lo convierte en el mayor proyecto en la historia de la explotación petrolera en ese país. Los alrededores de esta área natural protegida también resguardan estos fósiles. Es el caso del Bloque 43 que tiene una extensión de casi 2000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Yasuní.
Pero Lasso y la candidata que va a la segunda vuelta presidencial de octubre, Luisa González, están dispuestos a ignorar el mandato popular.
«No queremos que termine la producción del Bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar ni apresurar ningún procedimiento», afirmó Lasso el 5 de septiembre. En una reunión con comunidades indígenas que le manifestaron su preocupación por los efectos económicos de detener la explotación y votaron «no» en el referéndum.
Guillermo Lasso y la explotación petrolera en Yasuní
Como resultado del referéndum, el gobierno de Ecuador debe detener y desmantelar las operaciones en los próximos 18 meses en el Bloque 43-ITT (siglas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini). El área es hogar de los pueblos indígenas waorani, kichwa y shuar y colinda con las tierras de otras poblaciones en aislamiento voluntario. Las autoridades tampoco pueden firmar nuevos contratos para su explotación.
Pero la filtración de un video por parte del vocero del colectivo ambientalista Yasunidos mantiene bajo tensión al país. Pedro Bermeo difundió en su cuenta de X –antes Twitter–, una reunión del presidente Lasso con parte de su gabinete y miembros de comunidades amazónicas que se oponen al retiro de la actividad petrolera en el Yasuní. Luego de considerar que existen proyectos comunitarios que podrían desaparecer.
En el encuentro, Lasso también dijo que la estrategia del gobierno para evitar la implementación del referéndum será argumentar que es «inaplicable». Además, «técnicamente, tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible, y estamos yendo por el camino de ‘es inaplicable la consulta’. ‘No es posible’”.
“Comprendan”, agregó, el presidente ecuatoriano, “que no es posible, y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible».
En su polémica declaración, recogida por openDemocracy, también se le oye decir: “Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y apurar ningún trámite. ¡Por ahora no! La autoridad puede poner la ley que quiera pero si no es aplicable la ley cómo quiere que haga, qué quiere que haga señor si esta ley lo que va a hacer es afectar a las comunidades”.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia dio su opinión sobre lo sucedido.
¿Cumplirá o no la voluntad popular?
“El Yasuní es un tesoro, no por su petróleo, sino por su riqueza ambiental y cultural. Mi prioridad será proteger ESE patrimonio” escribió Lasso en las redes sociales, en 2016. Ahora atraviesa por una turbulencia social interna al revelarse su intervención ante comunidades indígenas.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia trata de enmendar la situación y señaló a CNN: «El Presidente cumplirá con la voluntad popular, como ya lo ha manifestado; lo que se conversó en esa reunión son las reflexiones sobre la dificultad técnica de aplicarla de inmediato. Por ello, Petroecuador se encuentra en la creación de un plan para el cumplimiento de la consulta”. Sin especificar los proyectos de la estatal petrolera.
Entretanto, Yasunidos señaló en un comunicado que Lasso “pretende quebrar el mandato democrático sobre el Yasuní. Demandamos que cese de manera inmediata sus intenciones antidemocráticas. Y se limite a respetar la voluntad popular en el tiempo que le queda de su gobierno”.
Los activistas se están reorganizando para resistir a los ataques a la voluntad popular. “Es casi un sentido común de todas las organizaciones sociales (en Ecuador) que lo que tú alcanzas en las urnas, luego tienes que defenderlo en las calles”, indicó a openDemocracy Alejandra Santillana, integrante de Yasunidos. El colectivo ambientalista que impulsó la campaña para la consulta popular.
“Como siempre violentan las decisiones colectivas y los derechos, consideramos que puede pasar cualquier cosa. Por eso vamos a estar muy vigilantes”, adicionó la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Zenaida Yasacama. Otra de las organizaciones que promovieron la consulta popular.
Los activistas reclaman un plan de reparación para el Yasuní que tenga en cuenta los daños ambientales y a la salud humana. Y establezca medidas de protección para el parque y las comunidades que lo habitan.
Poderes e intereses
El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, planteó dudas constitucionales sobre la validez del plebiscito referido al Parque de Yasuní que ahora pretende burlas Lasso. Alegando que la Constitución establece que la decisión sobre la extracción debe ser tomada por los habitantes de la zona donde se encuentra el yacimiento petrolero.
El funcionario sugirió que los habitantes de la provincia de Orellana deben ser los que tomen la decisión final. Allí se ubica el bloque 43-ITT y donde el «No» a dejar el petróleo sin explotar ganó con casi 58% de los votos.
Santos agregó que se esperaría un dictamen definitivo de la Corte Constitucional y que, mientras tanto, la explotación petrolera continuaría.
En sintonía, la candidata presidencial González, del partido centroizquierdista Revolución Ciudadana apoyó el argumento de Santos: “Las autoridades locales (de Orellana) tendrán que mostrar y hacer valer también sus derechos”, comentó. “Habrá que dejar que eso se lleve en el área judicial”.
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