Los recientes casos de acoso y violencia en varios centros educativos han evidenciado la necesidad de un mayor y mejor control, con protocolos de actuación, ante cualquier indicio que pueda tener consecuencias fatales para los más pequeños. Y en este sentido son muy útiles los canales de denuncia, siguiendo la ley de protección integral a la infancia y las adolescencia frente a la violencia.
Los canales de denuncias se pusieron en marcha en las más diversas organizaciones e instituciones como una vía de alerta ante situaciones como acoso, fraude, violación de derechos laborales o incumplimientos de la normativa sobre protección de datos, entre otras muchas. También en los centros educativos y deportivos, con presencia de menores, los canales éticos son un cauce para la comunicación de inquietudes ante las nuevas figuras para la prevención y protección frente a la violencia: el coordinador de Bienestar, en entidades educativas, y el delegado de Protección, en el ámbito del deporte, ocio y tiempo libre.
Recientemente, expertos de la consultora IDBO Consultants han observado un incremento de las solicitudes para establecer el canal de denuncias (o canal ético) en centros privados y concertados para establecer la comunicación con el coordinador de Bienestar. IDBO Compliance, el departamento que gestiona el cumplimiento normativo explica que la Ley Orgánica del 8/2021 de 4 de junio promueve el respeto de la dignidad humana e integridad física y psicológica de niños y adolescentes mediante la prevención de toda forma de violencia.
Mediante 60 artículos, la ley establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, asistencia jurídica, el deber de comunicación de situaciones de violencia ante la autoridad competente o la sensibilización, prevención y detección precoz frente a la radicalización y adoctrinamiento que conduzcan a la violencia.
Igualmente, la ley impone a las administraciones públicas la obligación de promover y garantizar una formación especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a todos los profesionales que tengan un contacto habitual con menores de edad.
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