La justicia es ciega, aunque a veces no tanto. Y es lo que se le ha cuestionado a la Corte Penal Internacional. En esa instancia, algunos casos por crímenes de lesa humanidad avanzan más lentamente que otros, dependiendo de la ideología del acusado. El Gobierno Estados Unidos puso el dedo en la llaga… Y las reacciones no se han hecho esperar.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la imposición de sanciones, incluido el congelamiento de los activos mantenidos en Estados Unidos o sujetos a la ley estadounidense, a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y al jefe de jurisdicción, Phakiso Mochochoko, por la investigación continuada del tribunal de las acusaciones de crímenes de guerra contra estadounidenses.
El jefe de la diplomacia de la Casa Blanca dijo que la Corte Penal Internacional es una «institución completamente corrupta». La medida enfureció a aliados europeos, activistas de derechos humanos e incluso a algunos generales estadounidenses retirados. Muchos estaban enojados porque el gobierno de Trump le impuso sanciones económicas a Bensouda y a Mochochoko. Medidas que Washington utiliza contra señores de la guerra, crimen organizado, dictadores y gobiernos autoritarios. Ahora se la aplican a abogados especializados en derechos humanos. Pero hay algo que no se ha dicho.
Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, 
El dictador Nicolás Maduro | REUTERS / Eduardo Munoz
Si bien es la primera vez que un gobierno toma medidas de este tipo contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, no es la única ocasión en la que la imparcialidad del tribunal ha sido puesta en tela de juicio.
Lentitud en el caso venezolano
Por ejemplo, desde hace 16 años la Corte Penal Internacional recibe denuncias, informes y casos documentados sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela por los regímenes autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad por la OEA y por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, ninguno de los casos avanza. La fiscal Fatou Bensouda ha pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones. Tanto la ONU, como la OEA y varias ONG han llevado a la Corte Penal Internacional gran número de pruebas. Sin embargo, hasta ahora no existe un claro proceso investigativo. La fiscal Bensouda no termina de leer los folios.
Los sectores democráticos en Venezuela dicen que las trabas obedecen a que, desde el año 2003, la Fiscalía está controlada por magistrados ligados a la izquierda. En especial la actual fiscal Bensouda. Recuerdan que tardó cuatro años, entre 2014 y 2018, para ordenar que se abriera un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad de las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, a estas alturas, ya en noviembre de de 2020, no se ha iniciado a un proceso de juicio.
Denuncias crecientes
Una de las más recientes denuncias fue hecha por Walter Márquez, presidente de la ONG El Amparo de tus derechos. Con el abogado William Cárdenas, presidente Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), Márquez introdujo en octubre pasado otra denuncia ante el juez O-Gon Kwon, de la CPI, presidente de la Mesa de Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya.
En el escrito, se señalan las trabas, el retardo y la ausencia de imparcialidad de que han sido objeto las denuncias introducidas en el caso venezolano. También solicitan que se investiguen las faltas recurrentes de la fiscal Bensouda. Argumentan que ha habido «negligencia criminal» en la iniciación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro.
“La fiscal Bensouda no ve lo que ya el mundo entero conoce; durante la dictadura de Maduro del 2014 al 2018 tardó cuatro años para ordenar abrir un examen preliminar de los crímenes de la dictadura, y todavía dos años y medio después, continúa el examen preliminar sin dar inicio formal al juicio”.
Walter Márquez, presidente de la ONG «El Amparo de tus derechos»
Sin jurisdicción para juzgar a Corea y China
En diciembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijo que no tiene jurisdicción para investigar ni al líder norcoreano Kim Jong-un ni al presidente de China, Xi Jinping.
Fatou Bensouda recibió comunicaciones contra ambos líderes que le pedían abrir un examen preliminar en Corea del Norte y en China por crímenes de lesa humanidad. Ninguno de estos dos países son firmantes del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, pero los denunciantes intentaron probar fórmulas legales para que el tribunal se declarase competente.
Intentos fallidos
En marzo de 2019, exfuncionarios del Gobierno de Filipinas presentaron una comunicación contra Xi Jinping por daños medioambientales en el mar de China Meridional, el cual se disputan varios países de la región. Argumentaron que el tribunal de La Haya tendría jurisdicción porque los hechos habrían sucedido en territorio de Filipinas cuando este país pertenecía a la CPI.
| REUTERS / Carlos García Rawlins
No obstante, la Fiscalía desechó la denuncia porque los incidentes ocurrieron en una zona económica exclusiva de Filipinas –al menos doce millas más allá de su costa– sobre la cual la CPI no tendría jurisdicción, según el análisis de Bensouda.
En el caso de Kim Jong-un se dijo que el líder norcoreano tiene la nacionalidad de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur). Como este país sí forma parte de la CPI, su proceso podría ser legal.
Sin embargo, Bensouda desestimó esa opción porque para que un norcoreano tenga la nacionalidad de Corea del Sur debe presentarse en una embajada de ese país o iniciar acciones legales para adquirir dicha nacionalidad, algo que no ha ocurrido con Kim Jong-un.
Unos sí y otros no
En atención a esta postura de la fiscal Bensouda es importante tener en cuenta que Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional. En consecuencia, no tiene la autoridad para investigar las actividades estadounidenses en el extranjero. Pompeo ha denunciado sus investigaciones como «intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción».
La fiscal Bensouda fue sancionada el año pasado por el Gobierno de Estados Unidos. Se le retiró su visado de ingreso. La medida se le aplicó por investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán entre 2003 y 2004.
Además, Bensouda acogió una denuncia presentada por el canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, en contra de Estados Unidos por las sanciones adoptadas en contra las empresas Pdvsa, Minerven y Conviasa por perpetrar crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. La tesis de que el país no es miembro de la Corte Penal Internacional tampoco funcionó.
Un oscuro pasado
Los denunciantes también reseñan los antecedentes de Fatou Bensouda cuando fue fiscal del Ministerio Público en su Gambia natal, en la dictadura de Yahya Jammeh, en 1995. Participó en la represión a los presos políticos. Adicionalmente, se le denuncia por violación de la dedicación exclusiva que le debe a la Corte Penal Internacional. Se dice que intervino de forma privada en el año 2016 en el cobro de más de 50 millones de dólares que estaban congelados en el NBD Bank de Dubái. Sin embargo, el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba le prohíben el ejercicio profesional particular.
Voces en contra
Pese a estos antecedentes, el anuncio de Mike Pompeo tuvo un amplio rechazo. Más de 70 países expresaron su fuerte oposición a lo que consideran amenazas a la Corte Penal Internacional. En consecuencia, condenaron las sanciones a sus principales funcionario. No obstante en su declaración no mencionan ningún país, aunque claramente estaba dirigida a Estados Unidos. «No debe tolerarse ningún intento de socavar la independencia de la Corte», subrayan.
Inmediatamente después del anuncio de Pompeo, Bensouda dijo que se enteró de que su cuenta bancaria en la Cooperativa Federal de Crédito de las Naciones Unidas había sido congelada. Sus familiares también encontraron sus activos bloqueados.
El tipo de castigo impuesto a Bensouda obliga a las instituciones financieras a bloquear los activos de una persona en Estados Unidos. También prohíbe que las empresas estadounidenses o los individuos en ese país hagan negocios con el sancionado.
Washington ha tenido relaciones tensas con la Corte. El gobierno de Barack Obama comenzó a cooperar discretamente en algunos casos. Sin embargo, a pesar de haber enfrentado a la CPI en el pasado, Estados Unidos nunca había llegado tan lejos como ahora.
En todo caso, lo que está en juego es más que una acción unilateral de un Estado en contra de una instancia como la Corte Penal Internacional. También su imparcialidad y correcto proceder está en tela de juicio una vez más. Y en este caso, sus efectos no solo tienen un impacto en el mundo del derecho. También, y muy especialmente, afectan a las millones de víctimas de crímenes de lesa humanidad que esperan una justicia que tarda demasiado en llegar. El tiempo juega a favor de los victimarios, nunca de las víctimas.
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