Por Ana Bedia
10/12/2015
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«Manipulación informativa» y «falta de pluralismo» son las duras críticas que se hace a la televisión pública española. En octubre de este año, todos los partidos políticos, salvo el PP y UDC, se comprometieron por escrito a «recuperar una RTVE independiente y plural». Así, PSOE, Convergencia, IU, PNV, UPyD, y Grupo Mixto, más Ciudadanos y Podemos, se adhirieron a un manifiesto de los Consejos de Informativos de RTVE en el que «al menos se exige dos tercios de la cámara para elegir al presidente de la radiotelevisión pública».
Los partidos firmantes han sido coherentes y han recogido en sus programas medidas para dotar de más transparencia al ente público. La formación que lidera Mariano Rajoy no incluye ni una línea en el suyo.
El PSOE se compromete a «regresar al modelo de elección de la Presidencia y las consejerías mediante una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso de los Diputados», mientras que Podemos y Ciudadanos coinciden en proponer que sea elegida a través de concurso público. Por su parte, Unidad Popular defiende que “la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del Estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos”. Mientras, UPyD no descarta la “reforma, redimensionamiento, privatización o cierre» de televisiones públicas.
No contempla ninguna medida.
Propone la puesta en funcionamiento del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para “garantizar la supervisión, la transparencia y el pluralismo en el sector audiovisual y el de las telecomunicaciones, así como el cumplimiento de la misión y las obligaciones legales atribuidas a los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual”.
La formación -para garantizar la independencia del ente público- se compromete a regresar al modelo de elección de la Presidencia y las consejerías de la Corporación RTVE mediante una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso de los Diputados. También apuesta por fusionar en una Ley la normativa que regula la actividad de la Corporación RTVE.
Sobre su financiación, habla, sin especificar cómo, de mejorarla dotando a RTVE de “nuevos ingresos y mecanismos que garanticen la continuidad e independencia financiera”. En cuanto a los contenidos, se compromete a controlar el pluralismo y la imparcialidad de los espacios informativos de RNE y TVE para garantizar su calidad y la presencia de los distintos grupos sociales y formaciones políticas.
El partido se compromete a reformar la Ley Genera de la Comunicación Audiovisual en cuatro aspectos. El primero, desgubernamentalizar los medios públicos (RTVE, Agencia EFE, etcétera), para lo que fomentarán la participación de Consejos de Informativos, un Consejo Social, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos. “Su presidencia será elegida a través de concurso público que requerirá la presentación de un proyecto”. El segundo pasa por revisar los criterios de gestión del espectro radioeléctrico “para garantizar un reparto más equilibrado entre los tres sectores de la comunicación: público, comercial y tercer sector.
También garantiza que reconocerá y protegerla los medios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro y que crearán dos Open Channels de televisión digital terrestre (TDT) y radio con desconexiones locales, gestionados en colaboración con dichos medios.
En cuatro y último lugar, creará un Consejo del Audiovisual, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA).
La formación que lidera Albert Rivera marca varios objetivos para RTVE como “garantizar un servicio público informativo, divulgativo y de entretenimiento de calidad; independiente del poder”, “convertirla en un referente en la producción de contenidos audiovisuales” y “coordinar el encuentro con todas las TV públicas autonómicas apoyando su viabilidad”.
Para ello propone: establecer un código deontológico y elegir al presidente a partir de un concurso público. Las candidaturas serán evaluadas por un comité de profesionales de experiencia acreditadas que seleccionará a una terna sobre la que el Parlamento, por dos tercios de mayoría, elegirá al presidente”.
También se compromete a reducir direcciones y subdirectores en el organigrama directivo, a crear un “nuevo concepto de consejo de administración” que incluya la figura del Defensor del Espectador y a reformar las leyes que regulan la actividad y los contenidos de RTVE: estatuto de TV pública, el Mandato marco y la Ley de Financiación). Por último, asegura que antes de emprender cambios efectuará una auditoría independiente para “esclarecer actuaciones”.
Unidad Popular-IU defiende unos medios de comunicación públicos y democráticos. Para ello se compromete a que la Ley General de la Comunicación Audiovisual garantice el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Establecer un modelo definitivo de financiación para RTVE -“con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad”- y blindar del carácter público del espacio radioeléctrico.
La formación defiende que “la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del Estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos” y que se aplique “el derecho de acceso en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales”.
La formación menciona a las televisiones públicas dentro del bloque Políticas de ahorro y eliminación de duplicidades. Plantea su “reforma, redimensionamiento, privatización o cierre. En función de los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el grado de servicio público que ofrecen las televisiones y otros medios de comunicación públicos”.
También, en el bloque de Cultura dedica un apartado a los medios de comunicación. Se compromete a la creación de un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que supervise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual para que se fomenten los contenidos de calidad tanto en la televisión como en la radio pública y que impida la “concentración de medios en oligopolio de facto”. Defiende la profesionalización y despolitización de los Consejos de Administración de los medios públicos audiovisuales y el fomento de la producción propia de RTVE. Aquí hace una mención expresa a garantizar que eventos deportivos de gran demanda social no se emitan en exclusiva en medios de pago.
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