Por Iñigo Aduriz
12/12/2015
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40 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el recuerdo y la reparación de cientos de miles de represaliados y de las familias de los asesinados por el régimen sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia española. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dio el primer paso en el reconocimiento institucional de esta realidad histórica aprobando una ley de memoria que, si bien admitía los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la dictadura, no contemplaba la apertura de las fosas comunes en las que yacen los cuerpos de miles de desaparecidos.
La llegada del PP al Ejecutivo, en 2011, supuso un nuevo paso atrás en los derechos de estas personas. Año tras años, las víctimas de Franco han comprobado como desaparecían las dotaciones presupuestarias dedicadas a dar cumplimiento a la mencionada normativa. De cara a la próxima legislatura el panorama no será mejor en el caso de que vuelvan a gobernar los populares, o si el poder cae en manos de Ciudadanos. Ninguno de esos dos partidos dedica ni una sola línea de sus programas electorales a la Memoria Histórica.
No contempla ninguna medida.
Además de recuperar «y reforzar» la dotación presupuestaria para la memoria, los socialistas plantean un impulso en la coordinación del Estado con ayuntamientos y asociaciones para llevar a cabo las exhumaciones de los represaliados así como la actualización «permanente» de los mapas de fosas. El PSOE reabriría la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Su medida más novedosa supondría la creación de bancos de ADN «con la urgencia y celeridad a la que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas». La exclusión de «todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda al dictador, o la aplicación de «un nuevo significado» al Valle de los Caídos como «lugar de homenaje a las víctimas» son otras de las medidas contempladas en el programa. El 11 de noviembre se establecería como el Día Europeo de las Víctimas del Fascismo.
La formación encabezada por Pablo Iglesias considera que la memoria «es un derecho ciudadano». Las iniciativas que contempla su programa electoral se atienen a las recomendación realizadas por el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014 e incluyen la promoción de la «resignificación» de «símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación» del franquismo o la «restitución de una memoria plural, colectiva y democrática» en los sistemas educativos. Podemos establecería «mecanismos institucionales para el esclarecimiento y la divulgación de la verdad» y con el objetivo de aplicar políticas de acceso a la justicia para las víctimas crearía una secretaría de Estado específica en el Ministerio de Presidencia y una agencia interministerial «que funcione como órgano de coordinación». También anularía las sentencias de los tribunales creados durante la Guerra Civil y la dictadura.
No contempla ninguna medida.
La equiparación de las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo a otras víctimas de la violencia y la condena por parte del Estado a la dictadura son dos de las prioridades de la coalición de izquierda. En su programa plantea la «apertura y el libre acceso» a todos los archivos públicos y privados relacionados con la represión, y la «desclasificación y catalogación» de los documentos relacionados con esa etapa. Para garantizar el derecho a la Justicia de las víctimas la candidatura encabezada por Alberto Garzón anularía la Ley de Amnistía de 1977, crearía una Fiscalía especializada «para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo«, e impulsaría la localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo. Al igual que Podemos, Unidad Popular también establecería medidas para garantizar que lo sucedido no se repita.
No contempla ninguna medida.
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