Por Cambio16
12/09/2017
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El Pleno del Congreso debate esta semana, en su primera reunión ordinaria tras el paréntesis estival, si insta al Gobierno a reforzar con mayores ingresos el sistema de pensiones para garantizar su equilibrio financiero y su sostenibilidad, y que estas prestaciones puedan actualizarse conforme a la evolución de los precios.
El debate tendrá lugar a raíz de una moción del PSOE y que es consecuencia de la interpelación que este grupo dirigió a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el último Pleno antes del parón estival.
En su iniciativa, los socialistas dan al Ejecutivo un plazo de tres meses para, previa negociación con los interlocutores sociales, adoptar medidas destinadas a reforzar los ingresos por cotizaciones a través de «una aportación adicional suficiente proveniente de la imposición general».
La portavoz de los socialistas en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha señalado que con esta iniciativa buscan ratificar el apoyo de la Cámara a una iniciativa similar, también a instancias del PSOE, que reclamaba derogar el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y volver a actualizar las mismas al ritmo de la inflación.
El estatus del debate de las pensiones
La proposición no de ley fue aprobada el pasado mes de marzo gracias a los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y el PNV. El Partido Popular votó en contra y Ciudadanos optó por abstenerse.
El debate, previsto inicialmente para este martes, tiene lugar en medio de las dificultades que está teniendo la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo para renovar las recomendaciones con las que, presumiblemente, el Gobierno deberá aprobar nuevas medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Hasta ahora, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido el principal campo de batalla en la Comisión, ya que si bien PSOE y Unidos Podemos apuestan por derogar los elementos introducidos en la reforma de 2013, tanto PP y Ciudadanos rechazan de lleno tal postura, considerando que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema, sin excluir tampoco una reforma de la revalorización.