La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán otorga poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento
Dorothy Estrada Tanck, Universidad de Murcia
Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en Afganistán han estado bajo constante y cruel asedio por el gobierno de facto de los talibanes. En semanas recientes, sin embargo, las restricciones han tomado proporciones insólitas: la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, expedida en agosto de 2024 –la ley de moralidad–, prohíbe a las mujeres hablar en público por considerar que la voz femenina solo debe expresarse en un entorno íntimo, e incluso les impide cantar públicamente.
Cuando se lee esta noticia en la prensa, la primera impresión es que podría tratarse de una noticia falsa por lo absurdo y extremo que resulta pensar en vetar una expresión tan normal y propia de la esencia y dignidad humana, además de un derecho fundamental. Tristemente, es real. Esta ley es un componente más de un modelo de sociedad basado en medidas de deshumanización progresiva de las mujeres y las niñas.
Si bien anteriormente el gobierno de facto en Afganistán ya había intentado borrar y silenciar a las mujeres en los espacios públicos, ahora presenciamos un silenciamiento literal y ya no sólo metafórico.
Normas rígidas también para los hombres y las minorías
La ley de moralidad del Emirato Islámico de Afganistán ordena a las mujeres “cubrirse totalmente el cuerpo y el rostro y no hablar ni cantar en voz alta de un modo en que las puedan oír personas ajenas a su familia”.
Cabe hacer notar que los hombres y los niños están sujetos también a normas rígidas de vestimenta por las que deben cubrirse “del ombligo a las rodillas”.
La ley criminaliza y persigue a las personas LGBTQ+ y restringe los derechos de las minorías religiosas, entre otras medidas, prohibiendo las ceremonias no islámicas y prohibiendo también asociarse con no creyentes, afectando con ello no sólo a las mujeres y las niñas –la mitad de la población–, sino también a las minorías étnicas y religiosas no musulmanas.
Se ha enfatizado por personas estudiosas de la Sharia, incluyendo organizaciones feministas musulmanas, que este tipo de perspectivas son una interpretación errónea del islam y que no representan auténticamente la doctrina religiosa musulmana.
La ley de moralidad –condenada por activistas, medios de comunicación, mecanismos independientes de derechos humanos de la ONU y distintos órganos de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, con la notable ausencia de China, Argelia y Rusia– también otorga poderes discrecionales de aplicar castigos severos por su incumplimiento, acrecentando aún más un clima social de miedo e incertidumbre.
La situación de las mujeres y niñas en Afganistán es de especial cuidado, y es también esencial entende que no se trata de hecho aislado de un solo país, una situación sintomática –ciertamente de las más graves– de los retrocesos y los ataques a la igualdad de género a nivel global.
Siendo así, Afganistán es una prueba para la comunidad internacional, sus valores fundacionales y sus líneas rojas: la reacción a esta realidad indicará el camino frente a (potenciales) actos de opresión de género en otras partes del mundo. Evocando a Martin Luther King, “recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”.
Resulta notable y conmovedor ser testigos de las respuestas de las mujeres afganas que, cubiertas completamente de cuerpo y cara, se han grabado en vídeos circulados en redes sociales, cantando a manera de desafiar el régimen de dominación. La lucha por la igualdad y justicia de género ha sido apoyada por distintas figuras públicas, entre ellas Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ella misma sobreviviente de un disparo en la cabeza a los 14 años por parte de fundamentalistas talibanes a raíz de su defensa del derecho a la educación de las niñas.
Persecución de género
La realidad de las mujeres y niñas afganas puede caracterizarse como persecución de género, un crimen contra la humanidad perseguible por la Corte Penal Internacional. Se ha sugerido que la discriminación, segregación y subyugación institucionalizada y sistemática que ellas viven reviste también la condición de apartheid de género y que debe reconocerse así explícitamente por el derecho internacional.
A tres años vista de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, resulta decisivo seguir apoyando la lucha de las mujeres afganas y solidarizarnos con sus movimientos.
Esto puede hacerse de maneras concretas como la financiación a las organizaciones lideradas por mujeres, la difusión de sus propuestas, el reconocimiento por terceros países del estatuto jurídico de refugiadas a quienes huyen y la ayuda para amplificar sus voces y su esperanza, aún viva, de que otro Afganistán, y otro mundo, son posibles.
Dorothy Estrada Tanck, profesora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia
Publicado en The Conversation. Lea el original.
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