Las empresas piden que concursos públicos no acaben en subasta

Por Juan E. Ballesteros
26/3/2017

Las principales ingenierías de España han hecho un llamamiento para que el proceso de adjudicación de contratos de la Administración sea mucho más transparente y eficiente con el objetivo de que en el concurso no se convierta en una subasta, donde prime más el precio y las bajas temerarias en el presupuesto que la calidad y seguridad del proyecto.

Así se expresaron las once empresas más importantes del sector en el transcurso de las III Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia celebradas recientemente en Madrid, en el marco del Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), donde se exigió que la calidad del proyecto suponga el 80% de la valoración de las ofertas en las licitaciones y que se ponga de una vez coto a las bajas temerarias para evitar los sobrecostes y los litigios derivados de los mismos.

En la actualidad, el precio tiene más peso que la calidad técnica de la oferta. En consecuencia, para evitar que se prolongue una situación que se califica de irregular, la nueva Ley de Contratación del Sector Público, que se encuentra en trámite parlamentario y que debería ser aprobada en esta legislatura después de acumular un notable retraso, debe contemplar estas recomendaciones en la transposición que lleve a cabo de la normativa de la Directiva Europea de Contratación.

En España, todos los departamentos de la Administración que adjudican obra pública incurren en estas disfunciones y en algunos casos, como en el Ministerio de Fomento y el de Agricultura, el problema se agrava. Aena, por ejemplo, se limita a adjudicar mediante subasta pura y dura, adjudicando al mejor postor con una mínima acreditación técnica. En el otro extremo está el Administrador Ferroviario Adif, que hasta hace poco daba al precio un peso del 75% en la oferta y que lo ha reducido hasta el 51%.

Para las grandes obras de infraestructura y los contratos superiores a 300.000 euros, las ingenierías proponen el concurso restringido, un mecanismo que en España se ha utilizado poco. Se trata de una modalidad que parte de una primera fase de selección de entre 4 y 8 empresas de acuerdo a criterios objetivos (experiencia, equipos humanos, implantación local…), para en una segunda fase adjudicar el contrato a la empresa cuya oferta sea, conforme a las puntuaciones de tres expertos independientes entre sí, la que obtenga la mejor valoración en función de parámetros de precio y de calidad técnica. La mejor media de las tres puntuaciones sería la que se hiciera con el contrato.

Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “las ingenierías pedimos simplemente que España trasponga la Directiva Comunitaria fielmente de acuerdo a lo que consideramos las tablas de la ley en la contratación de la ingeniería. Ya vamos mal en tiempos, pues la nueva Ley debería haberse aprobado en abril de 2016, y la situación puede agravarse si la ley que surja tras el debate parlamentario no cumple con estos mandamientos para poner fin a la ingeniería low cost y a las subastas, que provocan posteriores sobrecostes, imprevistos y retrasos en los plazos de ejecución de las obras. Dinero que pagamos todos los contribuyentes”.

Los ingenieros también reclaman que los criterios de valoración de las ofertas técnicas y económicas sean similares a los que utilizan la Comisión Europea y otras entidades como el Banco Mundial, lo que incluye que de igual manera que a la mejor oferta económica se le dan 100 puntos (sobre 100), ocurra lo mismo con la mejor oferta técnica.