La Asociación de Juristas Valencianos pide a Arrimadas y Villegas que se unan al consenso de la ciudadanía por el derecho civil valenciano
El 5 de febrero se aprobará en las Cortes Valencianas la solicitud de una modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución, que permita la recuperación del derecho civil valenciano. Se trata de un procedimiento recogido en el artículo 166 del propio texto constitucional y que tendrá que ser ratificado en las Cortes Generales.
Actualmente, 15 millones de españoles viven en comunidades autónomas que, por motivos históricos, tienen especialidades en materia de derecho privado. En cuestiones como la regulación de los efectos civiles de las uniones de hecho, normas sucesorias que ofrecen una mayor libertad a la hora de testar o en materia de custodia compartida de los hijos en caso de crisis matrimoniales.
Los juristas, la mayoría de formaciones políticas, las universidades, los sindicatos y empresarios, así como las asociaciones culturales y festivas de la Comunidad Valenciana han promovido una modificación menor de la Constitución para restituir la capacidad de los diputados valencianos para aprobar leyes civiles en materia de derecho de familia o sucesiones.
Evitar incoherencias entre el ‘Estatut’ y la Constitución
La propuesta de modificación de la Carta Magna que enviará el parlamento valenciano al Congreso pretende añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda: «la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».
“No ha quedado más remedio para evitar incoherencias entre la Constitución y el ‘Estatut’ valenciano, que promover una modificación técnica y menor de la Constitución, para acabar con una discriminación injustificable en una democracia” alega a Cambio16 José Ramón Chirivella, presidente de la Asociación de Juristas Valencianos (‘Associació de Juristes Valencians’).
Chirivella, al hablar de “incoherencias”, se refiere a las tres leyes anuladas por el Tribunal Constitucional: la Ley de régimen económico matrimonial (2008), la Ley de custodia compartida (2011) y la de Ley Uniones de Hecho Formalizadas (2012). Y es que el Estado “tiene competencia exclusiva” en “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. La cuestión es que, a diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana esos derechos existían pero carecían de vigencia cuando se aprobó la Constitución.
El derecho civil valenciano ya es de aplicación para 300.000 ciudadanos
Aunque la reintegración del derecho civil valenciano se aprobó en el parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados en 2006, con motivo de la reforma del ‘Estatut’, tuvo competencia efectiva entre 2009 y 2016, y todavía resulta aplicable a 300.000 valencianos.
El Derecho Civil es el que regula las relaciones privadas de las personas, de los individuos e incide en múltiples ámbitos de la esfera más íntima de la persona, como su régimen económico matrimonial o sucesorio. Se trata de cuestiones tan relevantes como casarse en gananciales o en régimen de separación de bienes, en la forma de realizar el testamento o de desheredar a los herederos forzosos, por ejemplo.
José Ramón Chirivella explica que, por motivos históricos, “en España nunca ha existido unidad legislativa en materia de derecho privado, al coexistir el derecho común español en siete comunidades autónomas con el derecho foral o especial respectivo, aplicable con sus propias especialidades”.
El responsable de esta organización, una de las más activas en la recuperación del derecho civil foral valenciano, junto con los ocho colegios de abogados de las 3 provincias valencianas, también valora como “sorprendente” que fue durante la dictadura franquista cuando “se procedió a institucionalizar esos derechos civiles regionales a través de la formula de las compilaciones”, y por eso no comprende la oposición de Vox y, todavía menos, la de Ciudadanos.
Amplio consenso territorial y político
Hasta la fecha, 465 de los 542 municipios de la Comunidad Valenciana han manifestado su apoyo a la recuperación del derecho civil foral valenciano como parte de la historia, tradición e identidad del pueblo valenciano. Esto en el ámbito local, la administración más próxima a la ciudadanía.
Pero el parlamento autonómico destila también un amplio consenso, transversal desde las posiciones de izquierda a derecha: PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Unides Podem. La única posición claramente contraria es la de Vox. La visión centralista de la política territorial española de esta formación de es clara: Vox no puede “apoyar más autogobierno”, aunque esté previsto en el ‘Estatut’, que el actual vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, votó a favor en el Congreso cuando estaba en las filas del PP.
Defensa en las Cortes Valencianas
Ernest Blanch, secretario general del PSPV-PSOE en Castellón y diputado autonómico, alegaba el pasado septiembre, en sede parlamentaria, que “la diversidad quiere decir una diferencia positiva y adaptativa y es nuestro modelo. Es el modelo constitucional. Otra cosa es ir en contra”.
El secretari general de #PSPVproCS, Ernest Blanch, defensa en el ple de les #CortsValencianes la recuperació del dret civil valencià per a poder impulsar lleis més avançades en matèria civil que donen resposta als problemes actuals. @RalloArtemi @AnnaEdo1 @grau_valles https://t.co/2Gsgz10WGs
— PSPV-PSOE Prov. Castelló /❤️ (@PSPVProCS) September 26, 2019
Por su parte, el diputado popular José Ciscar ha valorado que con una “mínima” modificación de la Carta Magna “se puede hacer realidad una gran aspiración”. Asimismo, sostiene que “no perjudica a nadie y beneficia a muchos, no tiene coste económico. ¿En qué nos puede perjudicar tener capacidad legislativa para dar respuesta a problemas cotidianos?».
Compromís considera que es “histórico” el acuerdo alcanzado entre las cuatro formaciones políticas. Para Jesús Pla, “tenemos una oportunidad histórica para desterrar definitivamente aquel Decreto de Nueva Planta» y Unides Podem manifiesta que con la aprobación del derecho civil foral se podrá “corregir un agravio que debería estar solucionado desde hace muchos años».
La posición encontrada de Ciudadanos
En el seno de Ciudadanos existen posiciones encontradas en relación al derecho civil foral valenciano. Mientras muchos concejales del partido en la Comunidad Valenciana están votando a favor en sus respectivos ayuntamientos, la dirección central del partido marca desde Madrid una pauta centralista.
Pero la transversalidad de formaciones con representación parlamentaria que respaldan la recuperación del derecho civil privativo, así como su inclusión en el ‘Estatut’, evidencia que es una medida compartida por formaciones de amplio espectro político, con posturas divergentes en política territorial e identidad.
Chirivella denuncia que “Ciudadanos no cuestiona el derecho civil catalán, e incluso suscribió con UPN un respeto expreso al derecho foral navarro al constituir la coalición Navarra Suma”. El Presidente de la Asociación de Juristas Valencianos solicita a Inés Arrimadas y a José Manuel Villegas, abogados y catalanes “que respeten la voluntad de la sociedad civil valenciana y de la gran mayoría de sus diputados, concejales y votantes valencianos de Ciudadanos”. En este sentido, dicen, “pedimos coherencia con la posición de su partido en Aragón, Galicia, Navarra, Baleares, País Vasco y Cataluña, donde Ciudadanos no ha impugnado la pervivencia de sus normas civiles”
Ciudadanos solo cuenta con 10 diputados en el Congreso tras las últimas elecciones generales, pero sí dispone en cambio de un grupo amplio en las Cortes Valencianas, con 18 diputados autonómicos de 99.
Un concejal pregunta: “¿Votar junto con VOX? ¿Habéis perdido la razón?”
Vicente Raga, concejal de Ciudadanos en Alboraya (municipio de l’Horta de Valéncia) ha remitido esta misma semana un burofax al ‘síndic’ del Grupo Ciudadanos del parlamento valenciano, Toni Cantó, en el que le recuerda que “la absoluta uniformidad civil jamás ha existido en España, y desde luego es impropio y de gente que desconoce la realidad, identificar Derecho Civil Foral con nacionalismos, cuando, por ejemplo, uno de los países más unidos (EEUU), tienen tantos códigos civiles y penales como Estados Federados lo integran”.
Además, añade Raga, “disponer de nuestras propias normas civiles serviría de freno al nacionalismo catalán, que ya sabes que pretende apropiarse y anexionarse la Comunidad Valenciana a través de los ‘Països Catalans’. Sería un freno al imperialismo y al secesionismo que se nos viene encima”, le insta Raga a Cantó para que el Grupo en las Cortes Valencianas reconsidere su voto.
En este sentido, incluso, el concejal le llega a preguntar al ‘síndic’: “¿Votar junto con VOX? ¿Habéis perdido la razón? ¿No tenéis criterio?”. Raga, además, alude a que “más del 94% de los valencianos” apoya la modificación constitucional y especifica que “se han unido a la causa, sin pretender ser exhaustivo», la Real Academia de Cultura Valenciana, el Colegio de Abogados de Valencia, Alcoy y Elche, la Junta Autonómica de los Registradores de la Propiedad, Lo Rat Penat, las asociaciones procustodia compartida, la Asociación de Agricultores Valencianos o las tres Diputaciones Provinciales.
También la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Ateneo Mercantil de Valencia, las Facultades de Derecho de Valencia y Alicante, la Asociación Valenciana de Empresarios, todas las cámaras de comercio, la asociación valenciana de trabajadores autónomos, la Interagrupación de Fallas de Valencia, la Facultad de Historia de Valencia, AVACU, sindicatos (AVAPOL, CSIF, CCOO, UGT…) «y un larguísimo etcétera de colectivos. Podría seguir así hasta llenar dos folios completos”, concluye Raga.
Un ordenamiento con historia
El origen histórico de esta propuesta de modificación constitucional reside en el ordenamiento jurídico foral valenciano. Así, tras la reconquista de Valencia por el rey Jaime I, los juristas reales redactaron un ordenamiento basado en el Derecho Romano, conocido como ‘Furs’ (‘fueros’, en valenciano). Los fueros sirvieron para solucionar cualquier problema relacionado con las leyes de los habitantes del Reino de Valencia.
Además, la propia Generalitat Valenciana recuerda que “los fueros valencianos fueron en España el primer texto legal hecho a partir del derecho romano”. Además, añade que “el desarrollo de todas estas normas favoreció el comercio y la cultura del pueblo valenciano. A este desarrollo de la cultura en el siglo XIV lo conocemos como el Siglo de Oro valenciano”.
Tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II ‘el Hechizado’, en noviembre de 1700, se inició en España una guerra de sucesión entre los partidarios de Felipe V y el archiduque Carlos de Austria, que concluiría con el ascenso al trono del primero de ellos. Puesto que los valencianos apoyaron mayoritariamente al candidato austracista, Felipe V derogó en 1707 los fueros valencianos mediante los Decretos de Nueva Planta. Desde entonces, políticos, historiadores y juristas solicitan poner fin a esta discriminación, ya que Aragón, Cataluña y Baleares mantuvieron su Derecho Privado tras la Guerra de Sucesión.
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