Gwyneth Morgan /bonaona@bonaona.org
Hemos visto en repetidas ocasiones como los nuevos descubrimientos científicos son recibidos como la solución a los más diversos retos de la humanidad. Sin embargo, también son sonadas las “soluciones” que crean muchos más problemas que beneficios. Fue el caso de los gases clorofluorocarbonos o CFC desarrollados a finales de la década de los años veinte del siglo pasado.
Los CFC permitían la climatización de los edificios y la conservación de alimentos pero su descubridor, Thomas Midgley, desconocía en aquella época que los CFC supondrían un gravísimo problema para el medioambiente por ser extremadamente destructivos de la capa de ozono de la Tierra.
El estudio de sus efectos, la denuncia científica y la concienciación entre la población no llegaron hasta finales de los años setenta. Curiosamente le tenemos que agradecer su intervención a Margaret Thatcher, siendo química de profesión se leyó la literatura científica que alertaba de los peligros, entendió la gravedad del tema y se lo hizo saber a Ronald Reagan. La legislación para prohibirlos no se produjo hasta las décadas de los ochenta y noventa.
Parece que no aprendemos de nuestros errores y repetimos el patrón[1] de entusiasmarnos con todas las posibilidades que nos brindará el 5G, sin haber hecho antes los preceptivos estudios sobre su impacto real en la salud y el medio ambiente.
Hace poco quince estados suscribieron una carta a la Unión Europea solicitando medidas contra la “desinformación” sobre el 5G[2] e instando a combatir las “falsas” afirmaciones de que el 5G supone un riesgo para la salud. Para muchos científicos, profesionales de la salud o ciudadanos afectados es indignante la negación de su experiencia profesional o vital.
Ciertamente el 5G todavía no está desplegado en su fase final, pero somos muchos quienes hemos vivido en carne propia familiares con tumores cerebrales o neuromas acústicos homolaterales por el uso del móvil; o conocemos personas cuya vida ha devenido en un calvario al ser cada vez más difícil cualquier actividad cotidiana sin estar expuestos a campos electromagnéticos artificiales[3][4]. Son los “canarios de la mina”, los avisos tempranos.
Luego, más que “falsas” informaciones parece ser que son incómodas. Ponen en cuestión la decisión política y económica de promover la tecnología 5G. La desinformación existe, pero viene tanto de fuentes no oficiales como de las oficiales. Y, obvio, de las compañías de telecomunicaciones.
¿Cómo distinguir los temores fundados de los infundados?
El pensamiento conspiranoico (conspiración+paranoia) se asocia con sentimientos de control reducido y amenaza percibida.[6],[7]Cuando las personas sienten que han perdido el control de una situación, sus tendencias conspiranoicas aumentan[8], también en quienes han sufrido abusos.
La conspiranoia en la sociedad, en cierta medida, es síntoma de un mal real. Es imposible no darse cuenta del sesgo a favor de la seguridad jurídica de quienes promueven el 5G y la desprotección del ciudadano que no quiere estar sometido a mayores niveles de radiofrecuencias y microondas en la legislación existente y propuesta[9]. Cuestionar la imposición de una tecnología sobre la que existen serias dudas de su seguridad[10] es una respuesta sana y adaptativa.
Las conspiraciones reales sí existen y se desmontan con un escepticismo sano
¿Cómo? con evidencia contrastable. De la misma manera que al final se destaparon las tramas para ocultar los efectos perniciosos del tabaco o la realidad del cambio climático. Al final la verdad sale a la luz.
El método científico pretende blindarse del sesgo personal; sin embargo, la ciencia no se da al margen del marco socioeconómico en el que se halla y está muy condicionada por la financiación. Cuando la ciencia estudia asuntos en los que están en juego enormes intereses comerciales y de poder por un lado y del sufrimiento real y la preocupación legítima ante una amenaza sentida, por otro, el sistema convencional de revisión por pares resulta inadecuado. Debe haber una valoración independiente de la financiación y paneles multidisciplinares que evalúen la ciencia.
¿Cómo se desacredita la ciencia “incómoda” para el despliegue del 5G?
- Se desacredita en lo personal a los científicos que dan la voz de alarma.
- Se silencian posibles voces críticas amenazando con el descrédito académico o profesional. Puede peligrar la financiación si se cuestionan los paradigmas oficiales.
- Se asocia una preocupación legítima a una conspiranoia o algo no demostrado.[11]
- Se desacredita a todos los escépticos metiéndolos en el mismo “saco”.
- Se financian estudios que no llegan a resultados concluyentes y genera la falsa percepción de que no hay consenso.
- Se les da la misma credibilidad a estudios de poca calidad, pero “convenientes” que a otros mucho más rigurosos, pero “inconvenientes”.
- La desinformación suele contener elementos certeros fácilmente reconocibles, pero también omisiones y afirmaciones que inducen a equívocos. Por ejemplo, se dice que no se ha demostrado una relación causal (máximo grado de evidencia) dando a entender que no hay ningún tipo de evidencia, cuando sí existen grados de evidencia suficientes para que sea recomendable aplicar el principio de precaución.
¿Qué hechos concretos levantan sospechas legítimas?
- La experiencia personal y profesional, cuando esta no concuerda con la información oficial
- Los conflictos de intereses
Cuando los gigantes tecnológicos (Nokia, Erikson, I2Cat…), la Unión Europea y los Estados crean consorcios público-privados (5G PPP) que promueven el 5G a la vez que lo regulan y legislan. Lo que resulta en una legislación y directrices[12] a la carta.[13]
Cuando el Ministerio de Salud cede su responsabilidad para determinar los niveles de radiación admisibles en las telecomunicaciones inalámbricas a un ente privado.[14]
Cuando las Universidades Politécnicas tienen vínculos profesionales y financieros con la industria[15] no hay muchos incentivos para investigar los problemas con la tecnología que estas industrias promueven.
Cuando la OMS reconoce la necesidad de realizar una revisión de la normativa referente a radiaciones no ionizantes, la convocatoria apenas dura un mes y se pretende que un trabajo tan laborioso se haga sin adecuada financiación. No es la mejor manera de reclutar los mejores científicos y obtener los resultados más fiables[16].
Lo que se financia y lo que no se financia:
- Se subvenciona masivamente el despliegue de la 5G y la digitalización[17]
- No se asigna partida presupuestaria para la creación de la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud[18].
- Falta financiación para la investigación sobre el impacto de las radiofrecuencias sobre la salud y el medio ambiente.
La falta de evidencia
- Se comercializan nuevos aparatos y tecnologías sin que exista evidencia de que sean seguros. ¿Dónde están los estudios que evalúen los riesgos de sumar la 5G a la 3G y 4G ya existentes y la interacción de diferentes fuentes de emisión en la vida real[19],[20]?
Según el Consejo de Salud para la Cámara de Representantes de los Países Bajos:
- Los efectos sobre la salud de las frecuencias del 5G no se han examinado todavía. No hay estudios acerca de los efectos a largo plazo.
- El comité no puede responder si las frecuencias 5G suponen un riesgo a la salud humana. Se requiere conocimiento del grado de exposición que puede causar daño a los humanos. Se requiere saber cuál será el grado de exposición real después de la introducción del 5G.
- La relación entre las frecuencias del 5G y los daños a la salud no pueden demostrarse, pero no pueden excluirse para una serie de condiciones. La incidencia de cáncer, la reducción de la fertilidad masculina, problemas en el embarazo y defectos de nacimiento pueden estar asociados a campos electromagnéticos de radiofrecuencia.
- No hay prácticamente ninguna investigación acerca de los efectos de la exposición a frecuencias del entorno de los 26 Ghz. El comité recomienda hacer más investigación epidemiológica acerca de la relación entre la exposición a las frecuencias del 5G y los problemas de salud citados. Y sobre los efectos del entorno de los 26 GHz recomienda no usar esta banda mientras no se hayan investigado los riesgos.
- A pesar de estas notas de cautela, el Comité de Salud sigue recomendando seguir las directrices del ICNIRP. El director del ICNIRP Eric Van Rongen es también miembro del Consejo de Salud de los Países Bajos. ¿Cómo puede asegurar el ICNIRP que sus directrices garantizan la seguridad del 5G si no hay suficiente evidencia para tal afirmación? ¿Y cómo le Comité de Salud recomienda seguir las directrices si reconoce este hecho?
Lagunas en la ciencia que no se han investigado adecuadamente[22]
- cambios en la expresión de genes y proteínas en voluntarios humanos;
- sensibilidad individual;
- los estudios epidemiológicos, que carecen de datos reales sobre los niveles de exposición, subestiman los riesgos;
- efectos sobre el ADN;
- barrera hematoencefálica;
- efectos biológicos/de salud sobre la piel de la tecnología 5G;
- el desarrollo de métodos estandarizados de testar los niveles de exposición.
¿De qué manera podrían los estamentos oficiales crear más confianza?
- Facilitar información veraz.
- Primar la salud pública sobre los aparentes beneficios económicos a corto plazo.
- Crear ya la preceptiva Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, y proveerlo de un presupuesto específico; además, que puedan participar representantes de la sociedad civil, como lo establece la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así como el anteproyecto de LG de Telecomunicaciones.
- Normas de seguridad que tengan en cuenta la duración de la exposición a las radiaciones no ionizantes, distancia a la fuente de emisión, la agregación de fuentes de emisión, y que tengan en cuenta no sólo la frecuencia, el SAR y la densidad de potencia, sino también los efectos de las modulaciones y pulsaciones de las ondas.
- Financiar la investigación sobre el efecto en la salud y el medio ambiente de las radiofrecuencias y nuevas tecnologías usadas en las telecomunicaciones inalámbricas. Facilitar información para la realización de dichos estudios.
- Obligar a la industria de las telecomunicaciones a invertir en seguridad de la misma manera como se ha hecho con la industria del automóvil y a proporcionar información sobre seguridad y salud de sus instalaciones.
- Obligar a la inclusión de advertencias sobre los peligros del uso del teléfono móvil.
- Escuchar a la sociedad civil y tener en cuenta las alegaciones presentadas al nuevo anteproyecto de ley de telecomunicaciones que piden una moratoria para el 5G mientras no se evalúen los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Que las autoridades locales tengan potestad sobre las instalaciones de telecomunicaciones que afectan a sus ciudadanos.
Desafortunadamente en estos momentos la información oficial facilitada respecto de la seguridad para la salud y el medio ambiente de las radiaciones no ionizantes usadas en las telecomunicaciones y en especial las del 5G, no se sustentan por falta de evidencia que las avale.
Para que los ciudadanos confiemos en la información oficial no necesitamos de “verificadores” ni “comisiones de la verdad” , necesitamos que la información sea veraz y digna de confianza.
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