En política no todo es blanco o negro. O no debería serlo, al menos. Un buen ejemplo son los polémicos manifiestos firmados por un creciente número de militares retirados. Es su manera de expresar su preocupación por el «deterioro institucional» que sufre España. Son varias comunicaciones. Coincidentes en algunos aspectos y divergentes en otros. Aunque algunos sectores las descartan con excesivo simplismo, constituyen una muestra de la incertidumbre que invade a no pocos ciudadanos.
No han faltado quienes busquen plantear los comunicados en términos de reduccionismo político y los califican como una avanzada de la «extrema derecha». Pero los planteamientos de fondo han puesto en evidencia una creciente preocupación por el destino de la Constitución. En definitiva, el destino de España.
Las misivas han sacado roncha y abierto heridas poco cicatrizadas. Desde el Gobierno, así como desde los partidos de la coalición y los grupos separatistas, se suceden las críticas. También hacen llamamientos al rey Felipe VI para que se pronuncie y zanje en el brete.
Algunos voceros de Vox, PP y Ciudadanos comparten las dudas de los ex militares por el futuro del país, que representan un buen trozo del mundo político y de los españoles que los votan.
Varias cartas, una visión
Primero fueron 39 jefes y oficiales retirados de la XIX promoción de la Academia General del Aire. El 10 de noviembre remitieron una misiva a La Zarzuela. Les siguieron 73 mandos del Ejército de Tierra. Prácticamente la mitad de los componentes aún vivos de la XXIII promoción de la Academia General Militar. Suscribieron una carta a Felipe VI el día 25.
Los militares retirados aseguran que España vive una situación de «deterioro». Destacan que la cohesión nacional corre graves riesgos, «tanto en su vertiente política como económica y social».
Culpan al gobierno «social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas», de amenazar «con la descomposición de la Unidad Nacional«. Al mismo tiempo, muestran su apoyo y lealtad al rey «en estos momentos difíciles para la patria».
Un tercer manifiesto, suscrito por 271 de militares retirados empezó a circular el jueves. En el documento se critica al gobierno de Pedro Sánchez por la «peligrosa deriva» del país. El grupo incluye 34 ex generales y ex almirantes de los 3 ejércitos. Lo encabezan los tenientes generales Emilio Pérez Alamán y Juan Antonio Álvarez, el almirante José María Treviño y el general de división Juan Chicharro. El último preside en la actualidad la Fundación Francisco Franco, amenazada de ilegalización por la futura Ley de Memoria Democrática.
Luego se conoció la adhesión de otros 200, de todos los cuerpos y empleos. Las cifras aun son pequeñas. Las Fuerzas Armadas españolas tienen unos 20.000 militares retirados. Nada quita que se vayan sumando más cada día.
Defender el orden constitucional
Los firmantes acusan al Gobierno de aceptar «los desprecios a España, las humillaciones a sus símbolos, el menosprecio al rey y los ataques a su efigie». Cuestionan el que se permitan «violentas algaradas independentistas y golpistas con petición de indultos a condenados por sedición, así como conceder favores a terroristas con el consiguiente menosprecio a sus víctimas».
En cuanto al orden Constitucional, aseguran que el Ejecutivo intenta burlar «la legislación vigente». Y se vale del «sometimiento al Poder Ejecutivo del Poder Judicial, incluida la fiscal general del Estado». La intención última sería tratar de «imponer un pensamiento único» con leyes como la de Memoria Democrática.
Agregan:
«Como militares, que seguimos siendo aún en la situación de retirados, mantenemos activo el juramento que prestamos en su día de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso».
«Si bien por edad no podemos ejercer nuestra vocación de soldados en unidades, sí hemos recuperado los derechos fundamentales a los que renunciamos voluntariamente al abrazar la carrera de las Armas. Entre ellos la libertad de opinión y expresión que nos permite firmar esta declaración, que advierte de los riesgos a que están sometiendo a nuestra patria los responsables de dirigir el futuro de España», se lee en el manifiesto.
Los firmantes reiteran su lealtad al rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Los fusilamientos del Whatsapp
La polémica se incrementó luego de que el Ministerio de Defensa pusiera en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de un chat de militares retirados del Ejército del Aire. La conversación de Whatsapp incluye mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de «pronunciamientos» y de la «muerte» de los miembros del Gobierno. Sin embargo, los 271 de militares retirados sentaron una posición muy clara. Mostraron su “completa desvinculación y desagrado” con lo expresado en el chat privado. Aseguraron que es «ajeno a nuestro sentir y esencia de soldados».
Lo que sí dijeron es «compartir las inquietudes» expresadas por los 39 mandos de la XIX promoción de la Academia General del Aire y los 73 de la XXIII de la Academia General de Zaragoza en las sendas cartas enviadas al rey contra el «gobierno social-comunista».
Las críticas del Gobierno
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, calificó a estos militares retirados como un «grupo de nostálgicos marginales». Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, afirmó que estas misivas sitúan a la Monarquía en una situación «absurdamente incómoda» al identificar Felipe VI como el referente de «un grupo de señores franquistas».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó a los militares retirados. Dijo que “pretenden implicar al jefe del Estado, vulnerando la neutralidad política de las Fuerzas Armadas».
Lamentó que haya algunos antiguos oficiales que «embozados en una condición de militares que ya no tienen, únicamente quieren o bien poner en una situación complicada al jefe del Estado o bien mancillar el nombre de las Fuerzas Armadas».
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, criticó los «pronunciamientos de militares que están en la reserva hoy, pero son los militares que han estado defendiendo la democracia, entre comillas, en los últimos 40 años».
Una preocupación compartida
Santiago Abascal, líder de Vox, dijo que «el Gobierno está en el chat de la ETA, en el chat del comunismo y en el chat del separatismo golpista«, en respuesta al caso del polémico grupo de Whatsapp.
«El Gobierno se dedica a hacer noticia durante cuatro días de un chat ridículo en el que un señor ha dicho una serie de disparates. Y mientras tanto a vosotros os persiguen y no os perdonan ni un céntimo de vuestros impuestos, ni en mitad de esta crisis sanitaria», dijo en Arrecife, en una concentración en protesta por la inmigración ilegal.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que los militares retirados solo muestran su «preocupación» por la democracia y la estabilidad constitucional. «Los militares tienen derecho a expresar esa opinión que muchos compartimos», defendió.
Igualmente, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, comparte las inquietudes expresadas por militares retirados. A su juicio, hay «miembros del Gobierno que estarían de acuerdo con derrocar la Constitución porque no están de acuerdo con sus artículos».
Díaz Ayuso dijo que está convencida de que también hay «muchos españoles» preocupados por la «deriva que está tomando la política». También denunció que el Gobierno está poniendo «en tela de juicio de papel de la Justicia y las instituciones». Agregó que es «un camino muy perverso y muy peligroso que no lleva a ningún buen fin».
La respuesta de Gil Barberá a Robles
Por su parte, el general retirado Ángel Gil Barberá, quien aparece en tercer lugar en la llamada «carta de los 73», distribuyó una misiva a título personal. En el texto critica a la ministra Robles, por decir que los firmantes de los últimos manifiestos de militares retirados eran unos «cobardes».
Explica las razones por las que firmó el manifiesto, como muestra de «apoyo y lealtad» al rey «en estos momentos, para mí y para muchos, muy preocupantes». Asegura que dio su consentimiento «sin que nadie me ‘presionara’ y sin ‘presionar’ yo a nadie, de forma que, aun siendo yo el más antiguo del Cuerpo de Intendencia, con ninguno contacté para hacerle saber nada al respecto».
Dice estar «indignado ante la impunidad de las injurias que un día tras otro sufren la Corona, la Bandera y cuantos Símbolos nos unen y representan, injurias a veces vertidas o animadas por políticos en el Gobierno y aledaños».
Una sentida preocupación
La aparición de estas misivas, que «coincide» con las fechas conmemorativas de la Constitución de España, ha puesto sobre el tapete el valor que tiene la carta magna como texto que resume los ideales y los valores que unieron a los españoles en un periodo inolvidable de la historia y su plena vigencia en los actuales días como pilares esenciales de convivencia.
La Constitución logró colocar, por encima de las diferencias, el espíritu de reconciliación, la voluntad de entendimiento y la vocación de integración social. En consecuencia, y a pesar de las críticas que ha recibido el pronunciamiento de estos militares retirados, han servido para mostrar los peligros de un momento en el que, quizás como nunca antes, Gobierno y oposición se enfrentan radicalmente al discutir la senda que debe seguir el Estado y la validez que tiene la carta magna.
Unos y otros chocan frontalmente acusándose mutuamente de ser sus enemigos. El presidente Pedro Sánchez ha asegurado su voluntad de defender la Constitución. Pero no es la posición de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos. Para el líder del PP, Pablo Casado, «los enemigos de la Constitución están hoy en la dirección del Estado«.
En este mar de diferencias, aparentemente irreconciliables, no es de extrañar que el pronunciamiento de los miliares retirados haya causado tanta polémica. La actual coyuntura representa una dura prueba para la Constitución.
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