Los riesgos de los agricultores en EE UU, en la intensa actividad de producir alimentos, se ensanchan con la vulnerabilidad que impone el cambio climático y el uso de pesticidas. Las exposiciones a estas sustancias nocivas se hacen permanentes en las granjas donde viven los trabajadores y sus familias. En ese sector primario de la economía, las lagunas legales son grandes y no existen controles ni regulaciones como las esperadas.
Según el último Censo de Agricultura, se estima que alrededor de 2,4 millones de personas trabajan en granjas y ranchos en ese país. La manipulación de los pesticidas sigue siendo un peligro laboral importante, y los efectos se extienden más allá de los trabajadores del campo y alcanzan los alimentos que consumimos.
Los pesticidas también pueden llegar a las escuelas y vecindarios. Pero las regulaciones sobre estas sustancias no se aplican de manera consistente y los trabajadores no siempre pueden buscar ayuda cuando hay violaciones. Circunstancias que los hacen vulnerables a enfermedades.
“Las exposiciones pueden continuar durante todo el día, más en las granjas donde viven los trabajadores y sus familias”, dice Olivia Guarna. Autora principal de un informe sobre la supervisión federal de los programas que afectan a los trabajadores agrícolas. En la investigación participaron el Centro de Agricultura y Sistemas Alimentarios de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont y el grupo de defensa Farmworker Justice.
Guarna pasó 10 semanas entrevistando a abogados, funcionarios, administradores, asesores legales y defensores de los trabajadores agrícolas. Investigando cómo se regula el uso de pesticidas en Washington, California, Illinois y Florida, reseñó Grist. Lo que Guarna no esperaba era lo complicado que es el esquema regulatorio.
Los pesticidas y sus riesgos
La Agencia Federal de Protección Ambiental de EE UU técnicamente supervisa el uso de pesticidas. Pero en la práctica recibe pocos datos de los estados, cuya aplicación es, en el mejor de los casos, irregular.
“Hay muchas más protecciones en papel de las que se están implementando para proteger a los trabajadores que operan la agricultura en EE UU”, observó. Mientras Laurie Beyranevand manifestó que uno de los mayores problemas es que, a diferencia de otras leyes ambientales administradas por la EPA, la agencia no recopila datos de manera adecuada de los estados, lo que dificulta la aplicación de las normas existentes.
Beyranevand es directora del Centro para la Agricultura y los Sistemas Alimentarios y una de las autoras del informe. El texto indicó que en Florida, las inspecciones prácticamente nunca son una sorpresa.
“Los trabajadores agrícolas informan que cuando los inspectores vienen a las fincas, los productores saben que vienen y se preparan”, dijo Mayra Reiter, directora de proyectos de seguridad y salud ocupacional de Farmworker Justice. “Los inspectores no pueden ver lo que sucede día a día en esos lugares de trabajo”.
Washington es considerado uno de los estados más progresistas en términos de protección de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, entre 2015 y 2019, Guarna descubrió que la tasa promedio de infracciones allí era del 418 %, lo que significa que se encontraron múltiples transgresiones a las regulaciones en cada inspección realizada.
En California, cuando se encuentran infracciones, a menudo no se imponen multas, concluyó el informe. Incluso cuando se emiten sanciones, a menudo son por montos como $250, multas simbólicas que los productores consideran parte del costo de hacer negocios. Solo un caso reportado en California entre 2019 y 2021 involucró a un productor que recibió una multa de la suma más significativa de $ 12.000.
Grave problema para la salud
Pese a esa situación, California es uno de los pocos estados que pone a disposición del público información sobre qué productos químicos se aplican y dónde. En otros lugares, es prácticamente desconocido. En Washington, Florida e Illinois no exigen ningún informe sobre el uso de pesticidas, sostiene la investigación.
“Tienes a los trabajadores agrícolas expuestos directamente, y hay muy poca transparencia sobre lo que hay en nuestra comida”, dice Guarna. “No son solo los trabajadores agrícolas los que se ven afectados: la deriva es un gran problema cuando está cerca de escuelas y vecindarios. Es tan poco lo que sabemos. Muchos de los efectos sobre la salud ocurren años después”.
En algunos casos, la exposición tóxica se ha vuelto rápida y trágicamente evidente cuando los bebés nacen con defectos de nacimiento. En un lapso de siete semanas en 2004 y 2005, por ejemplo, tres agricultoras embarazadas que trabajaban para el mismo productor de tomates, Ag-Mart, en Carolina del Norte y Florida, dieron a luz a bebés con defectos de nacimiento graves. Como nacer sin brazos o piernas.
El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida emitió dos quejas contra Ag-Mart en 2005, alegando 88 violaciones separadas de las leyes de uso de pesticidas en total. Finalmente, 75 de esas violaciones fueron desestimadas. Ag-Mart fue multada con un total de $11.400.
Sin embargo, siguen ocurriendo miles de envenenamientos cada año, dice Farmworker Justice. En agosto de 2019, por ejemplo, un campo de trabajadores agrícolas en Illinois fue rociado con pesticidas cuando un avión volaba directamente sobre ellos, señaló el informe. Varios trabajadores se presentaron en las salas de emergencia locales con síntomas de exposición química de pesticidas en esa región de EE UU.
Trabajadores indefensos ante lagunas legales
Los agricultores a menudo viven en las granjas donde trabajan, exponiéndose a productos químicos prácticamente las 24 horas del día, agregó Mayra Reiter. “Sabemos por los testimonios de los trabajadores agrícolas que cuando regresan a sus hogares, pueden oler los pesticidas y persiste durante días después de su regreso”, contó.
El estado legal vulnerable puede dificultar que los trabajadores agrícolas informen las exposiciones. Millones de trabajadores agrícolas provienen de México, Guatemala y otros lugares de América Central, según Farmworker Justice. Aunque un número significativo también proviene de países como Jamaica y Sudáfrica. Se estima que la mitad de los trabajadores agrícolas en EE UU son indocumentados.
Millones de otros vienen con visas de trabajadores invitados H2-A que les permiten venir al país para trabajos temporales de hasta 10 meses. Estas visas temporales están vinculadas a empleadores específicos, por lo que los trabajadores temen ser deportados o sufrir represalias si presentan quejas sobre violaciones de seguridad.
“Debido a que estos trabajadores en EE UU son vistos como prescindibles, están expuestos regularmente a pesticidas neurotóxicos que pueden llevarse a sus hogares”, comentó Robert Martin. Experto en políticas agrícolas y jubilado del Centro John Hopkins para un Futuro Habitable. “Son en su mayoría inmigrantes y no tienen muchas protecciones legales. Los defensores que tienen, como Farmworker Justice, son fantásticos. Pero el sistema realmente se aprovecha de ellos debido a su estatus legal”.
Conflictos de intereses
Los conflictos de intereses inherentes también presentan lagunas legales. Las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes federales y estatales de seguridad de pesticidas, como los Departamentos de Agricultura estatales, son a menudo las mismas agencias que promueven los intereses económicos de la industria agrícola. Y los trabajadores agrícolas lo saben.
“Ese tipo de conflicto cultural es un gran problema”, dice Guarna. “Los trabajadores agrícolas se han vuelto profundamente escépticos de los departamentos de agricultura. Y escépticos de que tengan en cuenta los intereses de los trabajadores agrícolas. Temen que sus quejas caigan en saco roto”, sostuvo el informe.
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