Por Cambio16
«Fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado».
Un informe de 1965 de la Jefatura Superior de Policía de Granada revela que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como «socialista y masón», a la vez que le atribuye «prácticas de homosexualismo».
En este documento, que muestra por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, se dice que García Lorca fue fusilado en Víznar (Granada) «después de haber confesado».
Esta documentación, publicada por la Ser y eldiario.es, recoge que el poeta de Fuente Vaqueros fue enterrado en un barranco a unos dos kilómetros del lugar conocido como Fuente Grande.
En el informe se relata que Lorca era «un masón perteneciente a la logia ALHAMBRA en la que adoptó el nombre simbólico de HOMERO» y que «estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros jerifaltes de igual signo político».
Se indica además que «estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser voxpópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto».
El documento explica que Lorca fue detenido en la vivienda de sus amigos, los hermanos Rosales, donde se había refugiado, y que el lugar fue rodeado «con gran aparato por Milicias y Guardias de Asalto».
También precisa que fue «enterrado en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar».
Los expertos valoran el informe
Expertos en la vida y obra de García Lorca consultados por Efe han destacado la trascendencia que tiene la publicación de este informe, que documenta la versión oficial del régimen franquista sobre el asesinato, aunque han advertido de las muchas limitaciones e inconcreciones que presenta.
El hispanista Ian Gibson ha destacado la importancia de que se conozca este documento, si bien ha puntualizado que en buena parte ya había sido recogido por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo en Los últimos días de García Lorca, publicado en los años ochenta.
«Esa obra ya resume el contenido de los documentos oficiales conocidos ahora», ha señalado Gibson, que ha subrayado la relevancia de que, por primera vez, se tenga constancia fehaciente de un informe oficial procedente de Granada.
No obstante, el hispanista se ha referido a los «errores garrafales» que contiene la documentación, algo que pondría de manifiesto que fue redactada con información oral, al equivocarse por ejemplo al nombrar a la madre de García Lorca o al gobernador civil.
El investigador Miguel Caballero, autor del libro Las trece últimas horas en la vida de García Lorca, cree que el informe aportaría intencionadamente «confusión» a la muerte del poeta en un intento para «ocultar» a los autores reales de su asesinato por parte de los agentes de Granada.
El historiador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Rafael Gil Bracero, ha señalado «errores de bulto» en el relato policial y ha restado credibilidad a un documento oficial «sin firma ni autoría» pero sí «con intencionalidad», ha dicho.
El periodista e investigador Fernando Guijarro ve también en el informe la intención de ocultar lo ocurrido por el error que supuso que la orden del mando franquista de «no tocar» a García Lorca llegara tarde a Granada y, en su opinión, refuerza su teoría de que el cuerpo fue desenterrado días después, motivo por el que no se precisaría el lugar exacto de su enterramiento.
Estas apreciaciones sobre los documentos oficiales conocidos el jueves se suman al interés vigente que despierta el paradero de los restos del poeta en los terrenos de Alfacar donde, hasta hace unos meses, ha trabajado un equipo de especialistas con el respaldo de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
Precisamente, el arqueólogo Javier Navarro Chueca, que ha dirigido a ese equipo de investigación, ha anunciado a Efe el encuentro que el próximo 6 de mayo mantendrá en Sevilla con responsables de la administración autonómica para trasladarles su intención de culminar el trabajo iniciado, con o sin apoyo económico institucional, para llevar a cabo una excavación arqueológica.
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