La Unión Europea es el primer organismo internacional que penalizará con rigurosa severidad los daños medioambientales a gran escala. La destrucción de ecosistemas, los daños y pérdidas de hábitat, la desforestación y la tala ilegal serán considerados ecocidios y recibirán castigos contundentes.
Aunque en el texto acordado por los legisladores europeos no incluye la palabra “ecocidio”, en la introducción se expresa que se penalizará los “casos comparables al ecocidio”. Esto último se refiere a “las actividades que causan daños generalizados, sustanciales, irreversibles o duraderos en los ecosistemas, hábitats o en la calidad del aire, el suelo o el agua en grandes o importantes superficies y se les considerará delito cualificado.
Mejorar los procesos de investigación y enjuiciamiento
El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional sobre una propuesta de Directiva de la UE que pretende mejorar el proceso de investigación y enjuiciamiento de los delitos ambientales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aplaudió el acuerdo y “el compromiso de España y de la Unión para perseguir los delitos ambientales y defender los ecosistemas ante múltiples amenazas”.
Agregó que la ley supone un marco de actuación conjunta que permitirá una respuesta unificada y coordinada contra los delitos sobre el medioambiente y, por tanto, sobre la salud y la vida de la ciudadanía europea.
Añaden nuevas infracciones
Ahora se definirá de manera más precisa el delito ambiental y se agregarán nuevos tipos de delitos ambientales. Por primera vez, se armonizan las sanciones para personas físicas y jurídicas en todos los Estados miembros de la UE. Se llegó al acuerdo de aumentar el número de delitos que se tipificaban en el Derecho Penal de la UE de 9 a 18. Esto amplía y especifica el tipo de conductas prohibidas y su impacto en el medio ambiente.
Los nuevos delitos incluyen el tráfico de madera, vista como una de las principales causas de la deforestación en algunas partes del mundo; el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos y las violaciones de la legislación relacionadas con desechos químicos. La directiva sobre delitos ambientales se aprobará formalmente en la primavera de 2024, y los estados miembros tendrán dos años para incorporarla a la legislación nacional.
Buscan el fin de la impunidad
Para Marie Toussaint, abogada francesa y eurodiputada que encabeza los esfuerzos de la UE para criminalizar el ecocidio, esta decisión “marca el fin de la impunidad de los criminales ambientales” y podría marcar el comienzo de una nueva era de litigios ambientales en Europa. Se propone el endurecimiento de las penas, tanto para las personas físicas, que pueden llegar hasta los diez años de prisión en los casos más graves; así como para las personas jurídicas, con una sanción máxima de al menos el 5% del total de ingresos mundiales de la persona jurídica, o alternativamente, 40 millones de euros.
Para que estos acuerdos puedan cumplirse, los estados miembros deberán proporcionar formación sobre delitos ambientales a quienes trabajan en la detección, investigación y enjuiciamiento de los mismos como jueces, fiscales y autoridades policiales. También, se debe proveer a estas autoridades de medios adecuados, incluyendo personal cualificado y recursos financieros, para cumplir con sus funciones.
Stop Ecocide International
Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International, dijo que la ley actualizada ayudaría a los estados miembros a tomar los daños ambientales mucho más en serio. “Esto es muy significativo y merece ser elogiado de todo corazón”. “La ley contra el ecocidio en los estados europeos no tardará en involucrarse más profundamente en sus propias jurisdicciones”.
El texto propuesto usa un lenguaje muy cercano a la definición internacional consensuada de ecocidio propuesta por el panel de expertos independientes que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio y que vio la luz en junio de 2021. Se incluye una definición específica para los “delitos más graves”, teniendo en cuenta las condiciones de daño utilizadas en el borrador y descritas como «grave y extenso, duradero e irreversible”.
“Es muy alentador que el Parlamento Europeo se tome en serio el concepto de ecocidio”, dijo Philippe Sands KC, Copresidente del Panel de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio. “Al igual de lo ocurrido con el genocidio y con los crímenes de lesa humanidad en 1945, la comunidad internacional se enfrenta hoy a un nuevo tipo de amenaza: el daño grave y extenso o duradero al medioambiente, un tipo de daño que incumple las obligaciones jurídicas existentes y que corresponde al concepto emergente de ecocidio.
Este es un primer paso muy significativo, ya que la Unión Europea pretende desempeñar un papel de liderazgo para llevar a la región y al mundo hacia un futuro medioambiental más benigno.”
La legislación revisada de la UE especifica qué tipos de actividades medioambientales se toman en cuenta como: la extracción de agua, el reciclaje y la contaminación de barcos, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y la destrucción del ozono. Sin embargo, no menciona nada sobre la pesca, la exportación de desechos tóxicos a países en desarrollo o el fraude en el mercado de carbono, advirtió Mehta.
El mercado ilegal de residuos, un ecocidio millonario
Los legisladores no acordaron extender estas obligaciones a los delitos cometidos fuera de las fronteras de la Unión Europea por empresas de la UE, pero los estados miembros individuales tienen la libertad de hacerlo.
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, dijo que los delitos medioambientales eran graves, lucrativos e iban en aumento. Los ingresos anuales del mercado ilegal de residuos en la UE, por ejemplo, oscilaron entre 4.000 millones y 15.000 millones de euros.
“La UE acordó una nueva ley que reconoce su gravedad, especialmente cuando se destruyen grandes ecosistemas”, afirmó Sinkevičius. “Nuestra salud depende del estado del medio ambiente en el que vivimos, por lo que debemos disuadir a los delincuentes dispuestos a destruir los ecosistemas para obtener ganancias”.
El acuerdo se alcanzó tras meses de negociaciones entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento. El reconocimiento del «ecocidio» a nivel europeo tendría una importancia mundial. Todos los Estados miembros de la Unión Europea estarían obligados a incorporar este nuevo delito en su legislación nacional y, dado que los mismos constituyen más del 20% de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, sería un paso decisivo hacia el reconocimiento internacional del crimen de «ecocidio».
Primer juicio de ecocidio de la UE en Francia
En el año 2019, en Grézieu-La-Varenne, una pequeña ciudad del este de Francia, se descubrieron niveles peligrosos de contaminación en las aguas que llegan a los hogares de esa región, y este hecho se convirtió, inesperadamente, en parte de un debate medioambiental internacional. Actualmente continúa la investigación criminal de ecocidio en la UE.
El “ecocidio” describe actos de daño ambiental que son generalizados, a largo plazo e intencionales. El año pasado, Francia se convirtió en el primer país de la UE en criminalizar estas acciones, después de años de campañas de activistas. Ahora, esta nueva ley está siendo puesta a prueba.
Audrey Marcodini se mudó a una casa al pie de los montes del Lyonnais. Ella y su hija adolescente pasaron cerca de dos años viviendo allí, hasta que un descubrimiento inesperado cambió sus vidas. Se detectó tricloroetileno, un disolvente industrial de uso común en las lavanderías en el agua. Aunque es una sustancia común, también es cancerígena y los altos niveles de exposición pueden ser mortales.
El descubrimiento se produjo después de que uno de los vecinos de Audrey encontró un líquido viscoso y maloliente en su patio trasero, según publicó Euronews. Audrey y su hija fueron realojadas de urgencia, pero los daños a su salud aún no se conocen. Las investigaciones llevaron a que cerca de la casa de Marcodini funcionaba una antigua lavandería industrial y los estudios concluyeron que los niveles de tricloroetileno superaban 800 veces el límite legalmente aceptado.
Además del juicio penal por “ecocidio”, los residentes de este pequeño pueblo francés también presentaron seis demandas civiles. Hasta el momento solo se ha dictado un veredicto, que declaró culpables a dos notarías y a una empresa inmobiliaria. Los condenados deben pagar un millón de euros por no revelar los detalles de la contaminación.
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