Luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, en unas elecciones írritas y desconocidas por la comunidad internacional, Nicolás Maduro y sus cómplices empiezan a mover sus hilos para encarcelar a los miembros de la anterior directiva parlamentaria, presidida por Juan Guaidó. Como muestra de «diálogo y apertura democrática», la dictadura designó una comisión que investigará a los parlamentarios de la oposición, elegidos en 2015, por apoyar «la imposición de sanciones criminales en contra del pueblo de Venezuela».
Se trata de otro paso (de muchos que vendrán sin duda) para tratar de borrar definitivamente cualquier resquicio de disidencia en un país que ya suma más de 400 presos por motivos políticos, además de varios cientos de miles de exiliados por las mismas razones. Maduro intenta aprovechar que la comunidad internacional debate el estatus que se le dará a Juan Guaidó y a los diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 2015 a partir de ahora para aplicar su particular modelo de justicia.
Parcial respaldo internacional a Guaidó
Para estas acciones, Nicolás Maduro se aprovecha de que venció el período de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el Poder Legislativo legítimo se encuentra en una suerte de «limbo». La mayoría de la comunidad internacional no reconoce el Parlamento elegido por el régimen, pero no hay consenso acerca del status que se le otorgará a la anterior directiva.
La legalidad de la Asamblea Nacional fue la base para que se le diera a Juan Guaidó reconocimiento como presidente interino de Venezuela. Por ahora, no hay acuerdos acerca de si deberá mantener el reconocimiento internacional.
Hasta la fecha, el Grupo de Lima y Estados Unidos, dos de los principales aliados de Guaidó, ratificaron su compromiso con la presidencia interina y la Asamblea Nacional, que habla de continuidad constitucional para extender su mandato. Esta opción fue ratificada por el Reino Unido. Sin embargo, estos casos, de momento, son más la excepción que la regla.
La Unión Europea no da un apoyo abierto
Hasta ahora, la Unión Europea ha evitado dar un apoyo abierto a la causa democrática en Venezuela. En el comunicado que emitió el miércoles, expresa su respaldo a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y reitera que desconoce los resultados de las elecciones del 6 de diciembre, por no contar con las garantías necesarias para ser libres, justas y transparentes
Sin embargo, en el texto que publicó el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, no menciona que la Unión Europea reconoce Guaidó como presidente interino. Indicaron, sin explicaciones, que le confieren “reconocimiento político” y mantienen de forma unánime su apoyo a una “solución política” a la crisis. Una manera elegante de no involucrarse en una situación grave desde el punto de vista de la democracia, como el sistema que dicen apoyar, y de defensa de los derechos humanos ante una dictadura señalada de narcotráfico y de perpetrar delitos de lesa humanidad. Es como pedirle a Polonia en 1939 que dialogara con sus invasores nazis como la única solución.
Además, en una parte del texto se califica a Guaidó como representante de la “Asamblea Nacional saliente” de Venezuela. Esta frase ha sido ampliamente interpretada como una degradación de su papel y un reconocimiento por segunda banda al Parlamento «entrante».
Un cambio de posición
La Unión Europea había reconocido a Guaidó como presidente interino al tener el respaldo de la anterior Asamblea Nacional, de mayoría opositora, después de las elecciones de 2015, y luego de que la reelección de Nicolás Maduro como presidente fuera ampliamente rechazada como írrita e ilegitima.
El líder opositor agradeció a la UE «por el reconocimiento explícito» a su liderazgo. Reiteró «su compromiso con la Unión Europea y la comunidad internacional de seguir luchando sin descanso por la democracia y la libertad» en Venezuela.
En su comunicado, Guaidó insiste en su cargo de «presidente encargado» y «jefe del Parlamento de Venezuela». Los títulos que, de momento, parece haber dejado de reconocerle la Unión Europea.
La posición de España
El Gobierno de España se ha sumado a la posición de la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha rehusado decir expresamente si se sigue considerando a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Apenas ha destacado que desde el bloque se le confiere «reconocimiento político» y se ha apostado por una «solución política» a la crisis. La ceguera aprendida.
Pero no toda España le ha dado la espalda a Guaidó. La Fundación FAES le otorgó este jueves el X Premio de la Libertad, por «prestigiar la causa democrática en el país caribeño y concitar la solidaridad internacional». Fue postulado por el expresidente de Gobierno y actual presidente de la fundación española, José María Aznar.
Del mismo modo, el ex presidente del Gobierno Felipe González ha hecho varios llamamientos a la comunidad internacional a respaldar a Juan Guaidó como legítimo representante del Gobierno de Venezuela. Un postura similar ha asumido Pablo Casado, líder del PP.
Presión del Parlamento Europeo
Tras la publicación del comunicado, Josep Borrell se enfrenta a la presión de los miembros del Parlamento Europeo, que le acusan de dar la espalda a Juan Guaidó. Los críticos de la posición inocua de Borrell argumentan que la postura del comunicado socava el papel de Guaidó como líder del último parlamento elegido democráticamente y, por extensión, su legitimidad como presidente interino.
“Lamento la falta de reconocimiento del alto representante a los únicos representantes elegidos democráticamente en Venezuela: la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el presidente interino Juan Guaidó. No es momento de ambigüedades”, dijo Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, a cargo de los asuntos latinoamericanos.
El eurodiputado español Jordi Cañas, del grupo Renew Europe, dijo que es «urgente que Borrell dé explicaciones». Calificó de «preocupante» que se «califique como ‘saliente’ a una institución cuyo reemplazo no ha podido constituirse democráticamente».
Oscuras intenciones: encarcelar a Guaidó
Para presentar una cara de «pluralidad», la comisión que investigará a los diputados elegidos en 2015 estará presidida por José Brito, supuesto «representante de la oposición». En realidad, este parlamentario militó en varios partidos, incluido el opositor Primero Justicia. Ha sido denunciado por estar implicado en hechos de corrupción del entorno chavista. También se le señala por tratar de limpiar la reputación de Alex Saab, el testaferro de Maduro, capturado y apresado en Cabo Verde.
Además, Brito participó en el intento de Nicolás Maduro de juramentar una junta directiva parlamentaria paralela en enero de 2020. Una acción que buscaba evitar que Juan Guaidó fuese ratificado presidente del Parlamento. Por estos hechos, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito, junto a otros seis diputados.
Al darle a Brito la responsabilidad de dirigir esta «cacería de brujas», se pretende maquillar esta operación con un barniz tapa amarilla de imparcialidad. .
Y la crisis avanza
Las sanciones de Estados Unidos no están dirigidas en contra de Venezuela, sino que las aplica apersonas, empresas o instituciones que forman parte de la dictadura o colaboran con ella. Sin embargo, el régimen las utiliza para justificar la crisis social, económica y humanitaria que padece Venezuela, que en realidad es consecuencia de la corrupción, la desidia y la incompetencia de los funcionarios chavistas.
Más de 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave. Esto es un tercio de la población. Además, se calcula que 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria urgente. Más de 5,4 millones de han huido del país. Un 59% de los hogares en Venezuela no tienen ingresos para comprar alimentos suficientes, las kilocalorías esenciales.
Además, en un país con las mayores reservas petroleras del hemisferio, hay una agobiante escasez de combustible y gas doméstico. El transporte ha colapsado y crece el número de familias que utilizan leña para cocinar.
Contrariamente a lo que se piensa, la crisis ha ayudado a Nicolás Maduro a sostenerse en el poder. Las precarias condiciones económicas han permitido que los militares aprovechen su estatus para acceder a formas de enriquecimiento que son inalcanzables para el resto de la población.
Debido a la escasez de gasolina, los militares son los encargados de su distribución. Ello les ha permitido armar una red de corrupción. Incluso, algunos se dedican a trabajar como taxistas, dado que su acceso al combustible les da una ventaja comparativa frente a la «competencia».
Mientras la situación se agrava, los esfuerzos de Nicolás Maduro se centran en mantenerse en el poder. Es su único problema.
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