El Consejo de la Unión Europea (UE) ha adoptado unas serie de conclusiones sobre la situación en Nicaragua. En este sentido, la UE «condena con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil»; así como «el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones discrepantes en Nicaragua».
Desde abril de 2018, las manifestaciones que han tenido lugar en Nicaragua han sido brutalmente reprimidas; tanto por las fuerzas de seguridad como por grupos armados afines al gobierno. Esto, según recuerda la UE, ha provocado enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales y heridos y la detención de centenares de ciudadanos; con irregularidades generalizadas y arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios.
«Un nuevo golpe para la democracia»
Asimismo, el Consejo destaca que las recientes medidas dirigidas contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes suponen «un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social».
Las conclusiones recuerdan que la UE «ha apoyado los esfuerzos regionales para garantizar que se rindan cuentas por todos los delitos cometidos desde abril de 2018». Desde Europa se envía el mensaje de que no es posible una reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional. Este debe ser «transparente, integrador y constructivo» entre todas las partes implicadas. Tambén debe haber «justicia para todas las víctimas».
«Iniciar un diálogo y una negociación verdaderos»
La UE cree que la única manera de abordar la crisis actual y responder a las apremiantes necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense es «iniciar un diálogo y una negociación verdaderos, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales». La UE está dispuesta a respaldar una mediación aceptable para todas las partes interesadas y las reformas electorales pertinentes.
El Consejo subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a buscar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
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