Los ministros de agricultura de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron una política agrícola común (PAC) posterior a 2020. La propuesta se orienta a promover prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. Pero no ha sido fácil. Fueron 48 horas de intensas negociaciones. Los llamados eco-esquemas han sido, al mismo tiempo, la piedra angular y la piedra de tranca para el programa.
El comisionado de Agricultura, Janusz Wojciechowski, dijo que los ministros habían logrado «elaborar un compromiso con un espíritu de cooperación constructiva«. Calificó el acuerdo como un «buen punto de partida para adoptar soluciones para los próximos siete años».
Los ministros se reunieron en Luxemburgo hasta la madrugada del miércoles en una sesión especial del Consejo Agrícola y Pesquero. Se comprometieron a que los agricultores estén sujetos a normas medioambientales más estrictas, incluso los más pequeños. Para ayudarles en la transición ecológica, los pequeños agricultores estarían sujetos a controles simplificados. Una manera de reducir la carga administrativa y garantizar su contribución a los objetivos ambientales y climáticos.
Una política más ambientalista
Julia Klöckner, ministra de Agricultura y Alimentación de Alemania, dijo que habían logrado un «muy buen equilibrio», que habían logrado una «política sólida», que el acuerdo era un «hito para la política agrícola de Europa». Subrayó que la política acordada era «más ecológica, más justa y más simple».
La política agrícola común posterior a 2020 incluirá esquemas ecológicos (los llamados eco-esquemas), la principal novedad de la reforma. Su objetivo es alcanzar la arquitectura verde de la nueva PAC: agricultura sostenible, de precisión, los regímenes en favor del clima y el medio ambiente, la agrosilvicultura y la agricultura orgánica.
También hará que los agricultores cumplan con «estándares ambientales más altos». El programa proporcionará «apoyo financiero» para adoptar mejores prácticas climáticas. Pero los estados miembros serán libres de diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades.
400.000 millones de euros en juego
Los eco-esquemas son un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer de manera obligatoria a los productores. Se trata de unos requisitos verdes adicionales, aunque opcionales, que van más allá de la condicionalidad obligatoria.
El acuerdo fija un 20% de las ayudas directas de cada país a este tipo de regímenes y establece un periodo de transición con cierta flexibilidad para lograrlo durante los dos primeros años de la PAC (2023 y 2024).
La posición acordada permite a los Estados miembros tener la flexibilidad necesaria sobre cómo alcanzar los objetivos ambientales. Por ejemplo, habría una fase piloto de dos años para eco-esquemas y los estados miembros disfrutarían de flexibilidad sobre cómo asignar fondos bajo diferentes prácticas verdes.
Están en juego casi 400.000 millones de euros distribuidos en 7 años. De ese total, 47.724 millones son para España. La política agrícola representa la mayor parte de la financiación de la UE.
Un paso al frente
«Después de una larga y dura lucha, hemos alcanzado un hito», dijo Klöckner, quien acogió con satisfacción el nuevo acuerdo sobre protección medioambiental, «se aseguró de que los ciudadanos de la UE puedan poner comida en la mesa».
El acuerdo significa para Alemania que mil millones de euros de nuestro presupuesto se utilizarán para reglas/biomedidas, a la par que se mantiene un equilibrio con los ingresos y la seguridad alimentaria «.
Tiempo de negociaciones
Klöckner dijo que no todos los ministros de agricultura estaban en la misma página. Explicó que los estados miembros no estaban de acuerdo con el presupuesto para los llamados eco-esquemas. El acuerdo ahora entra en negociaciones con el Parlamento de la UE, que ya comenzó a votar sobre las enmiendas agrícolas.
La iniciativa ha sido aprobada por mayoría cualificada. El único voto en contra fue el de Lituania. Se abstuvieron Rumanía, Bulgaria y Letonia. Estos países temen que un porcentaje obligatorio a escala europea pueda dificultar el desembolso de las ayudas. Piden que se establezca a escala nacional.
Del otro lado, Dinamarca o Portugal estaban a favor de fijar un porcentaje mínimo de los pagos directos para los eco-esquemas. A su juicio, un 20% suponía un «buen punto de partida». Países Bajos abogaba por elevar el umbral al 30%.
La posición española en la negociación ha sido defender un peso mínimo del 20% para estos nuevos regímenes. Pero ha solicitado que las medidas de flexibilidad se amplíen hasta 2027 y no se limiten a dos años.
Los agricultores del lobby de la Copa-Cogeca expresaron sus preocupaciones sobre las consecuencias del Brexit y la crisis del COVID-19. Esta formación, unión de las dos grandes organizaciones agrícolas paraguas Copa y Cogeca es el grupo de interés más fuerte para los agricultores europeos.
La nueva propuesta
Bajo la nueva propuesta, los estados miembros tendrán un mayor libertad sobre cómo lograr los objetivos acordados en relación con la conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y garantía de la calidad de los alimentos.
Los Estados deberán enviar sus planes de políticas para que sean aprobados por la Comisión de la UE. También deben ofrecer «medidas ecológicas» que vayan más allá de las protecciones ambientales obligatorias. Cualquier agricultor que siga estas reglas voluntarias recibirá fondos adicionales.
Con la posición acordada este miércoles los gobiernos acudirán a los trílogos, las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, para terminar de concretar la reforma. La Eurocámara está fijando este miércoles su posición. Para ello, analiza un documento pactado por populares, socialistas y liberales. La nueva reforma entraría en vigor en 2023 e incluye un «período de aprendizaje» de dos años.
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