Es un aserto fundamental que la inestabilidad política de un país, por el cambio frecuente de gobierno, la pagan los ciudadanos. Italia, un ejemplo oportuno, atravesó la tormenta en el manejo de la cosa pública hace apenas dos meses. El 13 de febrero, logró el desplazamiento del Ejecutivo populista y lo sustituyó por un gobierno presidido por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, sin ataduras partidistas, de prometedora gobernanza, de eficaz y equilibrada intervención del Estado. Un gobierno debe tener una unidad de voz.
Estoy convencido de que la firmeza y claridad de un buen gobierno en la toma de decisiones garantiza a la sociedad civil una convivencia segura y pacífica. El novísimo término de la ciencia social que apuntala la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales es un éxito atribuible al filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas.
En España, se ve comprometida la indispensable unidad del gobierno a causa de los continuos desencuentros entre los miembros de la coalición, el PSOE del presidente Pedro Sánchez Castejón y de Rodríguez Zapatero y Unidas-Podemos y el partido comunista español. Las cosas no pintan bien. Por el contrario, las diferencias aumentan.
Fueron notables las contradicciones entre la ex primera vicepresidente, Carmen Calvo, la ministro de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de la Defensa, Margarita Robles y el ex segundo vicepresidente. Desencuentros ahora exacerbados por la sorpresiva aspiración de Pablo Iglesias a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo, convocadas por Isabel Díaz Ayuso, quien clama por el voto madrileño aduciendo el mérito de haber sacado de la Moncloa al pequeño Iglesias.
En Iglesias y su carnal Monedero todo es demagogia. Existe una profunda desilusión con el engaño del movimiento que nace de la protesta del 15-M contra la reforma laboral propuesta por Rodríguez Zapatero, al grito de «¡Indignaos!» de Stéphane Hassel, el hombre de las tres nacionalidades, danesa, alemana y española, fallecido en Barcelona dos años más tarde, a los 95 años.
El Podemos español prometía cambiar la política, pero enseguida se demostró que su objetivo era vivir de la política. Una demostración elocuente es el enorme patrimonio de Iglesias, multiplicado por 6 desde su incorporación al parlamento, alcanza una cifra de 352.000 euros, en contraste con el declarado en el año 2014, cercano a 60.000 euros.
Su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, disfruta de un capital aún mayor, equivalente a 450.000 euros. Asimismo, Juan Carlos Monedero, ideólogo y cofundador podemita, gana desprestigio, sub judice, por sus falsas y repetidas declaraciones sobre el impuesto sobre la renta.
En el momento que escribo, justo en la mitad de la polémica sobre el crédito de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno español a Plus Ultra (empresa aérea venezolana, cuyos principales accionistas son visibles testaferros de Cilia Flores y Delcy Rodríguez) surge la descabellada proposición de Didalco Bolívar, presidente del Podemos venezolano y vicepresidente de la asamblea nacional espuria, para celebrar un referéndum consultivo sobre el oro venezolano guardado en Londres.
Son 31 toneladas del mineral valoradas en 1.000 millones de dólares, extraídas de las reservas del Banco Central de Venezuela, que ha sido eliminado como rector de las finanzas públicas del Estado, convertido en caja chica de la oprobiosa dictadura que entra a saco en sus bóvedas.
La disputa comenzó en 2019, cuando más de 50 países reconocieron como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, conforme a la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Personeros de Maduro viajaron a Londres solicitando al Banco de Inglaterra la devolución de las barras de oro. La respuesta fue un “No” rotundo, en virtud del inequívoco reconocimiento del Reino Unido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Agregaron a su contundente respuesta que únicamente el gobierno de Guaidó tiene derecho al acceso y disposición del oro depositado en las arcas del Banco de Inglaterra.
Semejante argumentación tiene en su base la preeminencia que, en materia de política exterior, establece el Foreign Office a la exigencia de actuar con una sola voz. Su desarrollo estriba en que la decisión del primer ministro es acatada y recibida como una determinación concluyente por la Jurisdicción y el Parlamento.
Este instituto jurídico propio del Derecho anglosajón encuentra algunas similitudes en el Derecho Continental. La Constitución de España procura la unidad del gobierno a través de su normativa jurídica. El artículo 108, exige actuar con una sola voz. No indica que sus miembros garanticen la unanimidad de criterios, pero significa que están obligados a defender la posición acordada en el Consejo de Ministros.
Sería, sin duda, muy difícil mantener ante los ciudadanos el prestigio de quien defendió una posición diferente de la finalmente acordada por el Consejo de Ministros. De allí que, al jurar sus cargos, se les recuerde su obligación de mantener el secreto de sus deliberaciones. Al final, la responsabilidad de garantizar la regla de la unidad es de todos. Y corresponde al jefe del Ejecutivo, que puede destituir a cada uno de sus ministros o a todo el Gobierno mediante la disolución del poder legislativo, imponer la disciplina.
Desde mi punto de vista, debería tomarse en cuenta la fórmula del político francés Jean Pierre Chevènement, ministro socialista y fundador del disidente Movimiento Republicano y Ciudadano, según la cual “…si un miembro del Gabinete no es capaz de defender en público sus posiciones, o se calla, o dimite”.
En la puerta principal de la Moncloa debería colgarse un cartel que diga: «No se admiten bocazas«.
Una medida de esta naturaleza bajaría el telón al sainete protagonizado por el recién llegado a la casta política, impenitente crítico de sus colegas, dimitente de su cargo de vicepresidente segundo, enmascarando la verdadera razón de sus actos.
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