Las autoridades chinas continúan su política de persecución contra periodistas y activistas que informan sobre la COVID-19 y otros temas claves para el Gobierno. La víctima más reciente de esta persecución es Zhang Zhan. La Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos exigen su liberación. Human Rights Watch cuestiona la manera como Pekín intenta acallar la divulgación de datos de interés sobre la pandemia y el manejo de la crisis.
Desde que se dieron a conocer los primeros datos del brote de una enfermedad respiratoria en China, se ha cuestionado la falta de transparencia de las autoridades de Pekín en el manejo de la crisis sanitaria. Las críticas se hicieron mayores, cuando el virus comenzó a propagarse por otras partes del mundo. Mientras, Pekín daba informaciones contradictorias sobre el origen de la enfermedad, la forma en la que se propagaba o su letalidad.
Médicos, activistas y periodistas chinos comenzaron a denunciar supuestos manejos oscuros de la crisis por parte del gobierno. En respuesta, Pekín recrudeció la persecución contra estos voceros. La práctica ha continuado y nuevas denuncias se han estado presentando.
La encarcelación de Zhang Zhan
Uno de los casos más emblemáticos es el de la periodista china Zhang Zhan. Fue condenada cuatro años de cárcel por informar sobre el estallido del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. Se le acusa de “provocar altercados y crear problemas”.
Un tribunal chino dictó la sentencia este lunes. Zhang Zhan fue detenida en mayo, después de haber viajado a Wuhan en febrero para informar sobre el brote de coronavirus. Los funcionarios la han estado alimentando a la fuerza desde que inició una huelga de hambre, poco después de su detención. Su salud se está deteriorando, dijo su abogado.
Una docena de diplomáticos extranjeros y simpatizantes de Zhang intentaron ingresar al tribunal de Shanghai donde se estaba llevando a cabo el juicio. Pero la policía los rechazó a ellos ya los periodistas.
Protestas de la UE y los EE UU
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que condena enérgicamente la sentencia contra Zhan Zhang. Pidió su liberación inmediata e incondicional. Acusó al Partido Comunista Chino de restringir y manipular información sobre el brote de COVID-19 en Wuhan.
La UE también pidió la liberación inmediata de Zhan Zhang, así como del abogado de derechos humanos encarcelado Yu Wensheng, y de varios otros activistas detenidos y condenados y personas que participaron en reportajes de interés público.
«Según fuentes fidedignas, la Sra. Zhang ha sido sometida a tortura y malos tratos durante su detención y su estado de salud se ha deteriorado gravemente», dijo en un comunicado un portavoz de asuntos exteriores del bloque.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se sumó a los llamamientos para que se libere a Zhang Zhan. «Hemos hablado sobre su caso con las autoridades a lo largo de 2020 y lo consideramos un ejemplo de restricciones excesivas a la libertad de expresión en relación con el covid-19», comunicó en Twitter.
Lo que esconde Pekín
Zhang Zhan, periodista ciudadana de 37 años, deambulaba por Wuhan en el momento del brote de coronavirus. Publicó videos breves pero reveladores sobre la propagación de la enfermedad en la primera etapa de lo que se convirtió en una pandemia global. Fue detenida, al igual que varios otros periodistas ciudadanos, que intentaron informar sobre el brote de Wuhan.
La ex abogada pasó tres meses en Wuhan y publicó 122 videos en YouTube. El primero fue titulado «Mi reclamo por el derecho a la libertad de expresión». Llegó a la ciudad el 1 de febrero, después de escuchar que la gente en Wuhan se sentía abandonada. Sus grabaciones confirmaron el caos dentro de un hospital. Cuando un oficial de seguridad la confrontó y le exigió que dejara de filmar, decidió hacer más. Comenzó a viajar por la ciudad afectada en febrero y marzo. Publicó sus videos en línea para que todos los vieran.
Denunció el confinamiento impuesto a Wuhan al comienzo de la pandemia, refiriéndose a él como «una grave violación de los derechos humanos«.
Sin prensa libre
No hay medios ni prensa libres en China. Es común que las autoridades tomen medidas drásticas contra los activistas y denunciantes que se considera que socavan al gobierno y al sistema comunista.
La posición oficial de China en los últimos meses ha sido que el presidente Xi Jinping dirigió una «campaña heroica» para detener el virus. De hecho, los funcionarios de Wuhan intentaron tomar medidas drásticas contra la información sobre la nueva enfermedad en diciembre de 2019. Cuando ocho médicos expresaron su preocupación por el brote, fueron reprendidos por difundir rumores.
Un segundo encubrimiento tuvo lugar a principios de enero, ya que el gobierno local y nacional permanecieron en silencio, mientras se propagaba el virus. Los principales funcionarios de China, incluido el propio Xi, sabían de la transmisión humana a principios de mes, pero no dijeron nada en público hasta el 20 de enero.
El número de muertos anunciado en China parece ser una enorme subestimación. Más recientemente, los funcionarios chinos han sugerido que el virus se originó fuera de sus fronteras.
Según las cifras oficiales la metrópolis de 11 millones de habitantes representó casi 4.000 muertes solo por COVID-19. Es una gran parte de las 4.634 defunciones registradas en China entre enero y mayo del año pasado. El número nacional de decesos «no ha cambiado» desde entonces.
Nuevas detenciones
La organización Human Rights Watch aseguró que las autoridades chinas han llevado a cabo nuevos arrestos de periodistas y activistas. Lo han hecho “sin aportar información creíble que sugiera que esos individuos han cometido delitos legalmente reconocibles”
“Detener a periodistas y a activistas no hará que desaparezcan los verdaderos problemas de China”, dijo HRW en un comunicado. “El Gobierno chino parece no haber aprendido nada de su represión de la información después del brote de COVID-19”.
La organización asegura que “las autoridades chinas han tratado de controlar la narrativa de la pandemia del coronavirus silenciando a los reporteros independientes, junto con el uso de software especializado, ‘trolls’ y censores de Internet”.
En concreto, HRW denunció la detención reciente de tres personas. Se trata del activista Ou Biaofeng y los periodistas Hze Fan, que trabaja para la agencia Bloomberg, y Du Bin, fotógrafo colaborador del periódico The New York Times.
“Desde el brote de coronavirus en Wuhan a finales de 2019, las autoridades chinas también han detenido a un número de activistas y ciudadanos periodistas por informar de manera independiente sobre la pandemia”, denunció la ONG.
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