Por Cambio16 | Efe
18/03/2016
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han acordado una posición común y fijado sus líneas rojas ante la negociación que mantendrán este viernes con Turquía para cerrar el polémico pacto que permita la devolución a este país de refugiados llegados a Grecia sin infringir la legalidad.
La canciller alemana, Angela Merkel, recalcó en una rueda de prensa que se han consensuado los «principales elementos» de un futuro acuerdo con Turquía para que Tusk, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, que ocupa la Presidencia semestral del Consejo de la UE, puedan negociar con Davutoglu una declaración definitiva.
Merkel sostuvo que la propuesta de Turquía del pasado día 7 ofrece una «buena oportunidad» para frenar la inmigración irregular mediante devoluciones desde las islas griegas, pero que ha quedado claro que esto debe hacerse acorde a Derecho.
«Hemos insistido en que debe haber evaluaciones individuales de cada persona que llegue a las islas griegas», recalcó, algo que generará retos logísticos. Los Estados miembros ofrecerán ayuda para crear las capacidades humanas necesarias y harán públicos sus compromisos este viernes o en los próximos días. La coordinación de toda esta operación y de los expertos corresponderá a Grecia bajo el paraguas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, en inglés), explicó.
Merkel señaló que los líderes no han fijado aún el día en que se comenzará a aplicar las devoluciones desde Grecia de todos los inmigrantes irregulares nuevos a Turquía, pero que no será «en demasiadas semanas, sino relativamente rápido».
Además, «pocos días después de que comiencen las devoluciones se activará también el mecanismo conocido como 1 por 1″, es decir la acogida de un sirio por la UE por cada nacional de ese país devuelto a Turquía, a fin de evitar un efecto llamada».
Dudas
Algunos Estados miembros expresaron reservas sobre la legalidad del acuerdo tal y como está planteado, así como de otros puntos del mismo, informaron fuentes comunitarias, que aseguraron que han quedado claras cuáles son las líneas rojas que la UE no está dispuesta a cruzar en su negociación con Turquía.
Una de las cuestiones más espinosas y con menos posibilidades de progresar es la relativa a la apertura de capítulos del proceso de adhesión de Turquía a la UE, a la que se opone Nicosia a menos que Ankara reconozca a Chipre. Ambos países mantienen una disputa histórica a raíz de la ocupación turca del norte de Chipre en 1974.
El proyecto de acuerdo menciona las preparaciones de una decisión para la apertura de nuevos capítulos, pero no cita cuáles específicamente ni cuándo.
La segunda cuestión polémica tiene que ver con la intención de adelantar a junio la liberalización de visados a ciudadanos turcos, a la que países como Francia se han mostrado particularmente reticentes puesto que abriría las puertas de la UE a 78 millones de personas.
El presidente francés, François Hollande, recalcó que para que se produzca la liberalización de visados Turquía debe cumplir 72 requisitos ya establecidos.
«No habrá liberalización si esos criterios no son respetados», aseguró.
El primer ministro belga, Charles Michel, por su parte, propuso vincular la readmisión de refugiados con el proceso de liberalización de visados, de manera que exista un «freno de emergencia» si Turquía no se ajusta al derecho internacional en materia de asilo.
Según el preacuerdo del 7 de marzo con Turquía, el avance en visados y adhesión se sumaría al compromiso de la UE de agilizar el desembolso de 3.000 millones de euros de ayuda para refugiados y a considerar nueva financiación cuando este monto inicial se agote.
El borrador de acuerdo apunta a que la UE está «dispuesta a decidir» sobre una ayuda adicional de un máximo de otros 3.000 millones de euros hasta finales de 2018.
A cambio, Ankara acepta la devolución de todos los inmigrantes irregulares (incluidos los demandantes de asilo) nuevos que lleguen a Grecia, siempre que el bloque comunitario facilite la llegada a la UE por vías legales de un sirio por cada compatriota llegado a Turquía.
Este mecanismo puede parecer de entrada incoherente, pero la UE insiste en que ayudará a poner fin al negocio de las mafias y a disuadir a las personas de jugarse al vida en el mar Egeo, que además serían puestas al final de la lista para ser acogidas.
Su reparto entre Estados miembros se haría sobre la base del compromiso voluntario de reasentamiento de refugiados de países terceros, para los que podría haber un total de hasta 72.000 plazas.
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que todos los líderes «coincidieron en que hay que hacer todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Turquía», pero recalcó que la precondición absoluta es que se cumpla el Derecho europeo e internacional.
El acuerdo plantea serias dudas porque no está claro que Turquía pueda considerarse un «país tercero seguro» al que devolver a los refugiados, puesto que no cumple plenamente la Convención de Ginebra sobre asilo.
La UE asegura que Ankara se ha mostrado dispuesta a introducir cambios en su legislación para adaptarse a los requisitos.
La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, reconoció que el pacto no solo está «en el límite de la legislación internacional» sino que es «difícil de implementar».
La devolución de refugiados generará un enorme reto logístico para Grecia, y requerirá el despliegue en el país de miles de jueces y cientos de funcionarios de los Estados miembros para tramitar las solicitudes, así como la ayuda de las agencias comunitarias Frontex y EASO, que se podría costear en parte con 700 millones de euros del presupuesto comunitario.
Postura de España
El presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, ha considerado que se han dado avances «capitales» para lograr un acuerdo entre la UE y Turquía que haga frente al problema de los refugiados respetando sin duda alguna la legalidad internacional.
Rajoy ha destacado esos avances, entre ellos el de tratar de forma individualizada las solicitudes de asilo, en declaraciones a los periodistas al término de la primera jornada de la cumbre europea que aborda esta cuestión.
Ante el acuerdo que se prevé cerrar este viernes entre los Veintiocho y Turquía ha insistido en que él ha defendido la posición consensuada por el Parlamento español. En ese sentido, ha recalcado que ha pedido explícitamente al resto de líderes comunitarios que cualquier decisión que se adopte sea conforme a la legalidad internacional.
«Si no, es evidente que nosotros no podemos apoyar las conclusiones», ha asegurado el presidente del Gobierno.
Conforme a los criterios de 
Saber más
