Para cumplir sus objetivos climáticos, la Unión Europea propuso reducir a cero las emisiones de CO2 de los coches nuevos a partir de 2035. La nueva medida supondría el cese de las ventas de vehículos de combustión interna (gasolina, diésel e híbridos) en esa fecha, y busca motivar un transporte 100% eléctrico. Sin embargo, la industria del automóvil se ha mostrado preocupada por la falta de estaciones de recarga y por una transformación industrial que podría provocar una problema con los puestos de trabajo.
La decisión de la Comisión Europea pretende transformar la sociedad y generar un crecimiento económico más sostenible, alineándose con los otros países que ya lo habían propuesto. Desde Bruselas aspiran que con el nuevo plan llamado Fit for 55, que incluye un paquete de 13 leyes, los ciudadanos obtengan grandes beneficios al reducir los costes energéticos y mejorar la calidad del aire.
Un mensaje a los fabricantes europeos
Para llevar a cabo esta tarea de reducir las emisiones, desde 2035 las compañías deberán fabricar los automóviles sin usar combustibles fósiles. Además, deben promover la creación de estaciones eléctricas en toda la UE, pues la gran mayoría de ellas están en Alemania, Francia y Países Bajos.
Los vehículos de combustión que ya estén en circulación podrán seguir activos. Por lo que, según estimaciones de fuentes comunitarias, para 2050 ya habrá desaparecido el trasporte que utiliza gasolina o diésel.
Para impulsar la introducción del coche eléctrico, la Comisión además propone reformar la directiva sobre impuestos energéticos para penalizar los combustibles con más emisiones. La gasolina y el diésel soportarán un gravamen de 10,75 euros por gigajulio, mientras que la recarga con electricidad tendrá una tasa de solo 0,15 euros.
El fin de los vehículos de combustión
En el pasado, varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, ya habían puesto sobre la mesa esta meta. Ahora, los fabricantes de vehículos deben acelerar su transformación hacia los coches eléctricos con la advertencia de que si no lo ponen entre sus prioridades tendrán cada vez más complicado acceder y operar en el mercado europeo, uno de los más poderosos del mundo.
Esta misma semana, Volkswagen anunciaba por primera vez que levantará una «gigafábrica» de baterías en España, cuya inversión total y localización exacta aún no ha sido revelada. Mientras tanto, el Gobierno espera que por cada euro de inversión pública en estos proyectos se inviertan aproximadamente cuatro euros de capital privado.
La UE asegura que su nuevo proyecto debe salir adelante y la industria deberá contribuir para que de aquí a 2030 se hayan reducido el 55% de emisiones contaminantes. Así, para 2050 Europa será el primer continente climáticamente neutro.
La UE apuesta por un crecimiento económico sostenible
Entre otras medidas igual de ambiciosas, la Comisión apuesta por el principio de quien contamina, paga. Por ello, plantean un endurecimiento de las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO2. Las compañías aéreas deberán pagar por cada tonelada de dióxido que emitan. El impuesto sería implementado gradualmente a lo largo de 10 años. Mientras que se elevaría el objetivo mínimo para el uso de biocombustibles en aviones y desaparecerían los «permisos para contaminar» gratuitos que disfruta el sector.
Además, la UE quiere que el 40% de la energía consumida en Europa provenga de las renovables. Ahora, la UE tendrá que pactar todas estas medidas con el Parlamento Europeo y con los gobiernos de los estados miembros. Una tarea que no será nada sencilla. Pero, una vez que lo hayan negociado los países tendrán que actualizar sus planes de energía y clima.
Tras anunciar sus propuestas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha dicho que la economía de los combustibles fósiles «ha llegado a sus límites”. “Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable y también buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza”, ha agregado. “Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal”, concluye la presidenta de la Comisión.
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