La sostenibilidad, un derecho humano de cuarta generación

El II Informe del Observatorio de los ODS plantea la necesidad de reconocer legalmente la sostenibilidad como un derecho humano

La sostenibilidad como un derecho humano de cuarta generación es una propuesta innovadora y urgente presentada en el II Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público de la Fundación Aranzadi La Ley. Plantea un enorme desafío y el compromiso de todos los actores sociales e institucionales.

Titulado «La sostenibilidad como Acción Pública: elementos para la construcción y defensa de un nuevo derecho». El documento marca un antes y un después en el debate sobre la sostenibilidad en España. Al proponerla como un derecho humano, plantea un desafío a las administraciones públicas a todos los niveles: gobiernos centrales, autonómicos y locales. Así como a empresas públicas y entidades financieras.

El II Informe del Observatorio de los ODS tiene como objetivo promover la excelencia en el sector público mediante la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El informe pretende crear el marco para el desarrollo del Objetivo 16, que se centra en la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. Para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global busca promover instituciones sólidas. También garantizar el acceso a la justicia y erradicar la violencia en todas sus formas.

En esencia, el ODS 16 aspira a crear un mundo donde: las leyes se cumplan, la justicia sea accesible para todos, se erradique la corrupción. Aspira a que sean fundamentales la transparencia y rendición de cuentas; la violencia cosa del pasado y se respeten los derechos humanos.

Derecho humano de cuarta generación

El informe propone un enfoque innovador al plantear la sostenibilidad como un «derecho humano de cuarta generación”. «Integraría las dimensiones ambiental, social y económica, garantizando que el desarrollo no comprometa los recursos de las generaciones futuras». Para garantizarlo, se propone la construcción de un marco jurídico sólido a nivel nacional e internacional con el fin de que la sostenibilidad sea un compromiso tangible para todos los actores implicados, y no un simple principio aspiracional.

También enfatiza el papel fundamental de los poderes públicos en la garantía de este derecho. Se insta a las administraciones a adoptar políticas públicas integrales que aborden la sostenibilidad de manera transversal. Mientras que recomienda a las instituciones judiciales integrar criterios sostenibles en sus resoluciones.

Subraya la necesidad de establecer mecanismos de sanción efectivos para quienes incumplan las normativas relacionadas con la sostenibilidad. «Asegurando así que el marco normativo sea respetado y que los ciudadanos puedan confiar en la protección de sus derechos”, puntualiza el documento.

Los expertos que asistieron a la presentación del informe de la Fundación Aranzadi La Ley manifestaron la sostenibilidad como derecho humano de cuarta generación es una idea que revolucionará la forma en que se concibe y se aborda la sostenibilidad en el sector público.

Implica que los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un ambiente sano y sostenible, y que tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que tomen medidas para garantizar este derecho. Coincidieron en que el derecho de los ciudadanos a la sostenibilidad y a exigir responsabilidades a los poderes públicos por su inacción será una realidad a mediano o largo plazo

Más allá de la declaración de intenciones

Los autores del informe, Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y Concepción Campos Acuña, codirectora de la Red Localis y profesora asociada de Derecho Administrativo, argumentan que la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas públicas debe ir más allá de una mera declaración de intenciones.

«¿De qué sirve reconocer derechos si no existe un sistema de justicia que vele por ellos?», se pregunta el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado Martín. Es necesario, afirma, desarrollar mecanismos legales y administrativos que permitan a los ciudadanos exigir el cumplimiento de estos objetivos y hacer rendir cuentas a los responsables públicos.

Durante la presentación, el magistrado Delgado Marín destacó que el ODS 16, enfocado en promover sociedades pacíficas e inclusivas, es clave. «El ODS 16 puede considerarse un derecho bisagra para el resto de los derechos, porque afecta a los derechos sociales, económicos y medioambientales», afirmó.

Incomprendidos ODS

Por su parte, Concepción Campos Acuña reconoció que, a pesar de la relevancia de los ODS, existe una brecha significativa en términos de conocimiento público. «Los ODS todavía no son comprendidos por la ciudadanía», afirmó, subrayando la necesidad de intensificar los esfuerzos de divulgación.

El informe destaca la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y mejorar su eficacia, responsabilidad e inclusión en todos los niveles para lograr los ODS. Además, señala la importancia de promover la cultura de la sostenibilidad en el sector público y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la sostenibilidad.

La financiación es otro de los ejes centrales del informe. Para Campos Acuña es de fundamental importancia. Sin recursos económicos suficientes, la sostenibilidad seguirá siendo un desafío inalcanzable. «Las grandes declaraciones, si no van acompañadas de recursos, son papel mojado», advirtió. Por ello, abogan por incrementar la inversión pública y fomentar alianzas público-privadas como motores de cambio.

Concepto integral en evolución

Concepción Campos destacó la complejidad del concepto de sostenibilidad y la necesidad de ampliar su enfoque más allá de las cuestiones ambientales. «La sostenibilidad no debe limitarse únicamente a cuestiones medioambientales, sino incluir también las dimensiones económica, social y de gobernanza vinculadas a la Agenda 2030 en el sector público».

Campos también subrayó la responsabilidad tanto del sector público como del privado en la implementación de los objetivos. En cuanto a la principal idea del trabajo, la construcción de un derecho a la sostenibilidad, destacó la necesidad de dotarlo de garantías para que los ciudadanos puedan reclamarlo.

Joaquín Delgado apunta a la necesidad de evaluar la protección que brinda el sistema de justicia al nuevo derecho al adentrarse en la dimensión jurídica de la sostenibilidad. Según el magistrado para constituir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. el objetivo 16 de la Agenda 2030 es fundamental.»El acceso a la justicia es un derecho bisagra para el resto de los objetivos».

Por lo que considera necesaria una profunda revisión del sistema judicial para garantizar la protección de la sostenibilidad. «Necesitamos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo sistema procesal completo y no seguir poniendo parches al que hemos heredado del siglo XIX», dijo en la presentación del informe.

Agenda más flexible y ambiciosa

El II Informe del Observatorio de los ODS en el Sector Público de la Fundación Aranzadi LA LEY puso sobre la mesa la necesidad de replantear la Agenda 2030 y ampliar su horizonte temporal. Para los autores extender la fecha límite al 2050 permitiría establecer objetivos intermedios más realistas y evitar la percepción de fracaso ante el incumplimiento de los plazos actuales.

«Extender el horizonte de la Agenda 2030 hacia metas más realistas, con una posible ampliación al 2050, permitiría establecer objetivos intermedios que den tiempo suficiente para implementar acciones efectivas». Una propuesta que busca adaptar la agenda a las complejas realidades globales y brindar mayor flexibilidad para abordar los desafíos emergentes.

Para garantizar un seguimiento efectivo del nuevo marco temporal, sugieren implementar indicadores homogéneos y universales que permitan medir el progreso de manera objetiva y realista. Insisten además en la importancia de que las empresas incorporen criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus estrategias. «Las empresas deben hacer de la sostenibilidad un eje rector de su actividad económica», señala el informe.

Los autores reconocen que la inteligencia artificial (IA) emerge como una tecnología disruptiva con un gran potencial para acelerar el progreso hacia la sostenibilidad. Pero advierten sobre los riesgos asociados a su desarrollo y uso. «Proponemos el desarrollo de una IA sostenible por diseño, que reduzca su impacto ambiental y potencie su capacidad para resolver problemas sociales y económicos», señalan en el documento. Al tiempo que instan a su regulación para garantizar que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa y que no se perpetúen las desigualdades existentes.

Sistema transversal

La sustentabilidad como un derecho humano de cuarta generación es una idea innovadora que busca cambiar nuestra forma de entender el desarrollo. Aunque todavía no está reconocido formalmente, algunos expertos sostienen que ya se está aplicando en la práctica. Estiman que podría consolidarse en el mediano plazo, (al igual que los derechos civiles, políticos, económicos y sociales).

Si se implementa correctamente, puede tener un impacto significativo en la protección del planeta. Así como en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Como lo advierten los autores del informe la consolidación de la sostenibilidad como un derecho humano no será posible sin el previo establecimiento de un marco jurídico sólido.

El informe subraya la importancia del acceso a la justicia como un elemento central para hacer realidad el nuevo derecho humano. “Un sistema judicial sólido y accesible es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas. Y para proteger los derechos de las personas y el planeta”, afirman. Según el magistrado Delgado Marín, «la sostenibilidad como derecho humano de cuarta generación requiere de un enfoque integral y transversal que involucre a todos los actores implicados. Desde los gobiernos y las instituciones, hasta la sociedad civil y el sector privado».

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