El arresto de más de 30 personas este domingo en Nicaragua por intentar llevar adelante una manifestación para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega confirma la profunda represión contra los opositores que se vive en el país centroamericano.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron en abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para incluir demandas de justicia por la muerte de decenas de estudiantes durante las primeras manifestaciones.
Desde tempranas horas del domingo, tropas especiales de la policía y simpatizantes del Gobierno comenzaron a patrullar las calles de Managua. La policía nacional informó de la detención de 38 personas, aunque luego ocho quedaron en libertad.
Entre los retenidos se encontraban activistas y dirigentes políticos, según un listado divulgado por la organización no gubernamental nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Con bombas “ensordecedoras”, los grupos antimotines dispersaron a los manifestantes. La mayoría defensores de derechos humanos, quienes con vestimenta blanca y azul gritaban por una «Nicaragua libre».
«Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Libertad para los presos políticos», decía entre gritos Tamara Dávila, una líder opositora, momentos antes de ser subida a una patrulla.
Sin derecho a manifestar
La policía advirtió el sábado de que la protesta era ilegal y haría lo que fuera para impedirla.
Ya a finales de septiembre, el Gobierno de Ortega anunció que consideraría «ilegal» las protestas de los grupos civiles de oposición y anunció que arrestaría a sus organizadores, un hecho que viola la constitución según las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses.
La Constitución de Nicaragua reconoce en sus artículos 53 y 54 el derecho de reunión pacífica, concentración y manifestación, sin necesidad de solicitar permiso.
«Siguen llamando a realizar marchas, no por la paz, sino para buscar sangre, quieren sangre, están sedientos de sangre», destacó Ortega la noche del sábado.
Condena de la CIDH
La violenta represión del Gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) a condenar las detenciones y llamar al Gobierno a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, consideró «inaceptables» las «actitudes represivas y autoritarias» que se produjeron este domingo en Nicaragua, donde hubo más arrestos antes de una protesta.
«Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en #Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos«, dijo Abrão en Twitter.
El titular de la CIDH había advertido con anterioridad de la existencia de una «nueva etapa» de la represión en Nicaragua con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un «estado de excepción» que sustituye al Estado de Derecho.
Abrão también expresó su preocupación por la detención «selectiva» de algunos dirigentes, incluso con medidas cautelares de protección.
#MESENI de la @CIDH expresa preocupación por Haydée Castillo, beneficiaria de medidas cautelares detenida hoy cuando iba a participar en actividad organizada por la #CIDH. El Estado de #Nicaragua debe proteger su vida e integridad. Se remitió solicitud formal de información. https://t.co/UkXLIDdIJp
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) October 14, 2018
Mientras, a través de su cuenta en Twitter, la CIDH indicó lo siguiente:
«La @CIDH expresa profunda preocupación por detenciones de esta mañana en #Nicaragua y reitera que la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos; llama al Estado a respetarlo y garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestantes públicas de protesta», dijo.
#MESENI de la @CIDH alerta que la Policía Nacional de #Nicaragua detuvo hoy al menos 40 manifestantes que iban a participar de la marcha convocada por la Unidad Azul y Blanco. Al menos 8 ya fueron liberados. La mayoría son líderes políticos y defensores de Derechos Humanos.
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 14, 2018
Paralelismo Nicaragua-Venezuela
Según organismos de derechos humanos y Naciones Unidas, la respuesta de las autoridades de Nicaragua ha sido represiva y sostienen que cientos de personas han muerto en medio de la violencia, en su mayoría a manos de las fuerzas del orden o grupos afines al presidente.
Las protestas contra el Gobierno de Ortega han dejado desde abril entre 322 y 512 muertos, según organizaciones humanitarias locales e internacionales. Para el Ejecutivo nicaragüense el número de fallecidos se ubica en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Lo que ha ocurrido este año en Nicaragua se asemeja a las protestas que en 2017 se realizaron en Venezuela, que dejaron más de 100 fallecidas y que al igual que en Nicaragua eran reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado, pero también por grupos armados cercanos al Gobierno de Maduro.
En ambos países también las manifestaciones se consideraban ilegales y le exigían a los opositores permisos gubernamentales para marchar.
https://www.youtube.com/watch?v=RrPn_ZLS4Gc
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