La región de Darién en Panamá es el epicentro de una gigantesca crisis de desplazamiento de personas en el continente: cargada de una compleja crisis humanitaria y de alta dosis de violencia y agresiones sexuales. Cifras sin precedentes de migrantes y refugiados siguen atravesando esa peligrosa travesía, buscando seguridad y una vida mejor. La mayor parte proviene de Venezuela, Haití y Ecuador y de otros países en Suramérica y el Caribe.
La selva de Darién o Tapón de Darién es un infierno. Hay suficientes testimonios dolorosos que agrian y enlutan sus intrincados caminos. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá. E implica mucho valor, resistencia y desesperación por huir de sus países originarios.
Las organizaciones de derechos humanos han salido al paso a esta brutal contingencia. Sus funcionarios y voluntarios permanecen apostados a lo largo de la Ruta Panamericana, socorriendo a estos migrantes que, según las agencias de la ONU, alcanzaron a más de 330.000 personas que cruzaron la región durante los primeros ocho meses de 2023.
La población mayoritaria que se arriesga a atravesar esa selva pantanosa es procedente de Venezuela. Desde enero de 2022, más de 440.000 migrantes venezolanos han cruzado el Darién, empujados por las precarias condiciones de vida de su país y la ausencia de oportunidades.
Los asaltos, robos y violaciones han sido durante mucho tiempo un riesgo sombrío en los viajes de los emigrantes por todo el mundo. En el caso del Darién, las organizaciones humanitarias afirman que en los últimos seis meses han documentado un aumento extraordinario de los ataques. Con pautas y frecuencias poco habituales fuera de las zonas de guerra.
Agresiones sexuales también en el Darién
Grupos de ayuda de larga data, incluidos Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia trabajando en conflictos, dicen que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles. Los perpetradores golpean a las víctimas y les quitan comida, incluso fórmula para bebés, dejando a la gente maltratada y muerta de hambre en el bosque.
Y las agresiones suelen implicar casos en los que decenas de mujeres son violadas en un solo hecho. En enero y febrero, reseña The New York Times, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de agresiones sexuales en el Darién, en comparación con 676 en todo 2023. Este año, 113 llegaron en una sola semana de febrero.
“El nivel de brutalidad es extremo”, señaló Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, dijo estar preocupada por los peligros y vulnerabilidades que enfrenta este número sin precedentes de migrantes y refugiados en su viaje hacia Estados Unidos.
“Las personas migrantes y refugiadas están expuestas a múltiples violaciones y abusos de derechos humanos durante su viaje. Incluida la violencia sexual, que es un riesgo particular para los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad”, adicionó.
Durante esa travesía también ocurren asesinatos, desapariciones, tráfico, robo e intimidación por parte de grupos del crimen organizado.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo que es “alarmante” que solo en la primera mitad de 2023 cruzaran más niños, niñas y adolescentes que durante todo 2022. En los primeros seis meses del año pasado, más de 40.000 menores hicieron el peligrosos viaje. La mitad de ellos tienen menos de cinco años.
Críticas a la policía fronteriza
Varias organizaciones humanitarias, incluida Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá de no proteger a los migrantes y de permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.
HRW identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas, incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Así como para investigar abusos cometidos en su contra.
“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad. Y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos. También a los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal”.
Estas acusaciones se producen mientras altos funcionarios panameños expresan una creciente frustración por el costo financiero y ambiental que la migración ha infligido a la pequeña nación. Y en medio de crecientes llamados entre los líderes políticos para detener el flujo de personas.
Dos reporteros de The New York Times capturaron una instantánea de la violencia en marzo. Hablaron con más de 70 personas durante cuatro días que dijeron que habían sido asaltadas por grupos de hombres armados. De las entrevistadas, 14 eran mujeres que dijeron haber sido objeto de agresiones sexuales en el Darién. Desde tocamientos forzados hasta violación. “Te hacen todo tipo de maldades”, relató una mujer de 40 años, madre de seis hijos que había estado viviendo en Chile. Fue rodeada por media docena de hombres enmascarados y violada, confió. Después de que el grupo con el que viajaba la dejara sola en la jungla.
Dineros y derechos humanos
Panamá, una nación de poco más de cuatro millones de habitantes, ha visto pasar un millón de migrantes en sólo tres años. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dice que esta marea de gente le ha costado al país 70 millones de dólares. Incluido el dinero gastado en alojamiento y comida en los campamentos administrados por el gobierno al final de la selva.
El objetivo del gobierno, manifestó, es brindarles a los inmigrantes una experiencia “digna” en su país. Pero a medida que ha aumentado la frustración entre los funcionarios panameños, los funcionarios de seguridad del país han profundizado los vínculos con varios influyentes de derecha. Personas que han vuelto populares en Estados Unidos al presentar a los inmigrantes como delincuentes potenciales y a los grupos de ayuda como especuladores que alientan su viaje.
Las acusaciones de agresiones sexuales en Darién se producen mientras el gobierno de Biden aumenta la ayuda a Panamá, al que ha llamado un socio clave en sus esfuerzos por controlar y detener el flujo de personas.
En los últimos tres años, Washington ha entregado casi 40 millones de dólares para ayudar a Panamá a afrontar la migración. El segundo al mando de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, John Barrett, se negó a responder si su país instaría a Panamá a hacer más para proteger a los migrantes. Se limitó a decir que entendía que había una “situación humanitaria” en la jungla.
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