La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), considerada el mayor tratado de libre comercio del mundo, entró en vigor el 1 de enero de 2022. Luego de una década de negociaciones, el tratado fue firmado el 15 de noviembre de 2020 por 15 países de Asia-Pacífico,.
El sábado la RCEP entró en vigor en Australia, Brunéi, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam. Lo mismo sucederá a partir del 1 de febrero en Corea del Sur. Mientras que Birmania (Myanmar), Filipinas, Indonesia y Malasia aún no lo han ratificado.
La RCEP incorpora por primera vez a China, Japón y Corea del Sur en un acuerdo de este tipo. No obstante, es notoria la ausencia de Estados Unidos. En 2017 Washington se retiró de una asociación similar que incluyó a países de la región: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Entre otros asuntos, la RCEP aborda el comercio de bienes y servicios, la economía digital, la propiedad intelectual y disputas comerciales. Sin embargo no incluye regulación sobre los derechos laborales y el impacto medioambiental.
El ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, exaltó la entrada en vigor de la RCEP. Al respecto, aseguró que “supondrá un revulsivo al comercio y los lazos comerciales entre Singapur y otros miembros de la RCEP», según declaraciones recogidas por DW.
La RCEP en cifras
Los expertos estiman que al combinar el producto interior bruto (PIB) de los países signatarios de la RCEP asciende a unos 26,2 billones de dólares (22,14 billones de euros). La cifra equivale al 30 % del PIB global.
El acuerdo aglutina cerca del 25 % del comercio mundial. Además abarca un mercado de aproximadamente 2.300 millones de personas ,lo cual representa cerca del 30 % de la población mundial, en la región con mayor crecimiento económico del mundo.
Pese al entusiasmo por la RCEP algunas federaciones de sindicatos y agricultores criticaron la falta de transparencia del tratado. Además alegan que presuntamente beneficia más a las grandes empresas que a los pequeños productores, principalmente en el sector agrícola.
La parlamentaria filipina y miembro de Parlamentarios de la Asean para los derechos humanos criticó el tratado. «Los gobiernos han dado posiciones privilegiadas a los grupos de presión de las grandes empresas a expensas de los principios democráticos básicos», alegó.
«No hubo una consulta popular sería, sin supervisión de los parlamentos y ni siquiera el texto del acuerdo estuvo disponible al público», añadió Elago sobre la RCEP.
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