Renunciar a los privilegios del poder no es algo común. La historia está llena de ejemplos de «pícaros» que amparados en su rango de gobernantes o funcionarios aprovechan para obtener beneficios por encima de las necesidades del resto de los ciudadanos. La vacunación contra la COVID-19 lo ha puesto de manifiesto una vez más.
Y no se trata solo de una práctica de las dictaduras, en las que todo lo mejor está reservado para el secretario general del partido o el general al mando. También sucede en las democracias. Sí. Y España no ha sido la excepción. La tradición picaresca española salió a relucir, tan fresca como en los tiempos del Lazarillo de Tormes y del conde Lucanor.
La «picaresca» salió a relucir
Ante la complejidad (y también algo de desorden) del proceso de vacunación en España, algunos cargos públicos han aprovechado para «colarse» a los primeros lugares y recibir la inoculación pasando por delante del resto de los mortales. Y que no son simples mortales, son los integrantes del personal sanitario de primera línea, los ancianos más vulnerables y dependientes, y sus cuidadores. Los más expuestos.
Afortunadamente, no se trata de una práctica generalizada. A tenor de lo que se ha sabido hasta ahora. Serían 16 los nombres de quienes han colocado la tradicional «picaresca española» por encima de su doble condición de ciudadanos y de servidores públicos.
Sin embargo, del vergonzoso episodio se obtuvo un único aspecto positivo. Al darse a conocer la identidad de estos funcionarios, la presión ha servido para que algunos hayan dimitido y otros «se la van a pensar mejor» la próxima vez. Y a quienes se les haya asomado la idea de utilizar sus influencias para acceder antes de tiempo a la vacuna, el caso de estos 16 puede servirles de advertencia.
La infame lista
Al revisar la lista, hay de todos los colores. No es asunto únicamente de derecha o izquierda. La variopinta exhibición ideológica se unifica con una nefasta característica: la deshonestidad de aprovecharse de su posición en beneficio propio.
Los nombres incluyen a Manuel Villegas, consejero de Salud de Murcia (PP), así como Eduardo Maíz y José Luis Sabas, directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina respectivamente (PNV). También Javier Guerrero, consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta (PP) y Esther Clavero, alcaldesa de Molina del Segura, Murcia (PSOE). Además Fran López, alcalde de Rafelbunyol, Valencia (PSPV); Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets (PSPV) y Ximo Coll, primer edil de El Verger (PSPV)
Otros en la lista son Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (PP), y José Galiano, concejal de Sanidad de Orihuela (PP). Les acompañan Sergi Pedret, alcalde de Riudoms, Tarragona (JxCat), y Francisca Alammillo, alcaldesa Torrecampo, Córdoba (PSOE). Se suman José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos, Córdoba (PSOE), y Jesús Fernández, alcalde de El Guijo, Córdoba (CdeI). Le siguen Jaime Lacosta, alcalde de Luesia, Zaragoza (PP), y Rogelio Garcés, alcalde Asín, Zaragoza (PSOE).
Aprovechando la desorganización
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el particular manejo de la crisis sanitaria ha facilitado los abusos. Los problemas que han afrontado las comunidades autónomas para administrar las vacunas que les corresponden evidencian falta de preparación. Y ha retrasado el proceso, mientras desde Europa piden que se centren en los esfuerzos para aplicar el mayor número de vacunas lo antes posible.
Las vacunas que recibe el Ministerio de Sanidad son enviadas a las comunidades autónomas, que se encargan de repartirlas en su región. Esta descentralización, junto a la urgencia del caso, ha servido para que algunos funcionarios aprovechen de vacunarse antes. A esto se suma que en España no hay una sanción estipulada para las personas que se salten el protocolo de vacunación para adelantarse y recibir la primera dosis con antelación. Solo el cuestionamiento social y ético.
Las infaltables excusas
La «picaresca española» no está completa si no aparecen las justificaciones para actuar de esta manera. Y en este caso, los funcionarios señalados echaron mano de una amplia gama de excusas. Muchas de ellas en común. Unas más inverosímiles que otras.
La más frecuente es que «sobraban vacunas». El argumento es difícil de creer, si se tiene en cuenta que solo el 2,36% de la población española ha recibido la primera dosis de la vacuna, según los datos de Our World in Data. Cuesta entender que sobren vacunas, cuando prácticamente 8 de cada 10 españoles aun esperan por la primera dosis. Con todo y eso, la excusa del exceso de dosis es la más frecuente.
Otros aseguran haberlo hecho «de buena fe». Justifican que «querían dar el ejemplo» acerca de la necesidad de que todos se vacunen. Algunos apuntan a que pensaron «erróneamente» que estaban entre los funcionarios de la «primera línea» que debían recibir la vacuna de manera expedita.
Más de uno dijo haberse vacunado «en contra de su voluntad», forzado por las circunstancias. Las maneras de «no quedar mal» están a la orden del día.
Tomar los correctivos
No obstante, la democracia siempre encuentra maneras de corregir sus imperfecciones. Y el caso de estos «funcionarios pícaros» le da una buena oportunidad a las autoridades y, sobre todo, a los partidos políticos de dar muestras de transparencia y rectitud. Algunos ya dieron un paso al frente.
En el caso de Manuel Villegas, por ejemplo, la presión de Ciudadanos (socio local del PP) hizo que presentara su renuncia al cargo de consejero de Salud de Murcia para dedicarse a su profesión de cardiólogo.
Eduardo Maíz y y José Luis Sabas, decidieron dimitir, de motu proprio, a sus respectivos cargos de directores en los hospitales de Basurto y Santa Marina. Sin embargo, su partido (PNV) no anunció medida alguna en su contra.
El PSOE decidió suspender cautelarmente de sus filas a Esther Clavero, alcaldesa de Molina del Segura. El PSPV le abrió un expediente disciplinario a Fran López, alcalde de Rafelbunyol.
Igualmente, el PSPV-PSOE les abrió un expediente disciplinario a Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, y su marido Ximo Coll, primer edil de El Verger. También los ha suspendido cautelarmente.
Lo que falta por hacer
En el resto de los casos no ha habido pronunciamientos. No se han presentado más dimisiones. Tampoco medidas disciplinarias de los partidos de estos funcionarios.
Pese a la suspensión que les impuso el PSPV-PSOE, Carolina Vives y Ximo Coll dejaron en claro que no piensan dejar sus cargos. «No vamos a dimitir, si hubiéramos prevaricado o cometido un delito, entonces», aseguró Vives.
Una posición similar asumió el diputado provincial y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. «Considero que mi vacunación es correcta: soy médico de Atención Primaria -en excedencia-, la decisión la tomó la responsable de Salud Pública y, además, no hay un protocolo para las dosis sobrantes», dijo. Con esos argumentos, rechazó en todo momento presentar su dimisión. Sin embargo, el socio de gobierno del PP en la Diputación, Cs, ha pedido que se le retiren las competencias.
Por ahora, las sanciones o disculpas públicas son la regla, no la excepción. Lo que se haga de ahora en adelante servirá para determinar cuál España prevalecerá. La «picaresca» o la honrada. Habrá que esperar.
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