Es sorprendente el despliegue militar y logístico coordinado a nivel mundial para mantener el aislamiento. La medida más importante –junto con la detección de casos– para controlar la pandemia.
Los distintos regímenes políticos han sacado las fuerzas de seguridad para garantizar el aislamiento. Desde España, con la Operación Balmis, hasta Nigeria, cuyos ciudadanos piensan que habrá “más muertos y heridos por la brutalidad militar que por el coronavirus”.
La Operación Balmis en España implica el despliegue de 2.682 militares en 135 localidades, hasta los momentos. Tiene como finalidad apoyar la seguridad en las calles y ayudar logísticamente con unidades de transporte aéreo y terrestre; desinfectar más de 800 instalaciones y planificar e instalar hospitales de campaña.
En otros países, se han tomado medidas similares. Solo que en comunidades ya afectadas por conflictos, el uso de las fuerzas de seguridad para combatir la pandemia de COVID-19 podría empeorar el escenario sanitario y social en un corto plazo.
Más allá de la pandemia COVID-19
Con el avance de la pandemia en algunos países se han ido borrando los límites entre las competencias sanitarias y las de seguridad. Hecho que pone en peligro los derechos humanos de los ciudadanos.
El historial de la intervención de las fuerzas de seguridad en el control de pandemias como la COVID-19 no es el mejor. Hoy en esas naciones el temor creciente a la pandemia ha prohibido las reuniones públicas sin violar, aparentemente, las libertades civiles.
Estrategias en picada
Las cuarentenas selectivas se remontan a cuatro siglos atrás en Bretaña. En el siglo XVII los británicos peleaban contra la peste bubónica o la Gran Peste de Londres. Aislaron a los enfermos en campamentos de cuarentena, muchas veces a su suerte. En algunos casos los enfermos debían construir sus propios refugios.
300 años después la pandemia por influenza, conocida como gripe española de 1918, brotó entre las tropas del ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial. En lugar de contener el virus, las tropas ayudaron a propagarlo. El Gobierno federal de Estados Unidos impuso la cuarentena.
Casi 100 años después el gobierno de Liberia estableció un cordón militar alrededor de un barrio pobre, considerado el epicentro de un brote. Algunos habitantes de Morovia West Point se enfrentaron a los soldados y murieron; otros burlaron la vigilancia. La estrategia fracasó.
Seguridad y pandemia
Hoy, mientras la pandemia de COVID-19 cabalga por el mundo, las fuerzas de seguridad tienen entre tantas tareas patrullar calles para mantener a la gente en casa. En algunos países, la medida se ha extremado hasta llevar a la gente a prisión. Medida que contradice la indicación de los expertos de no llenar más las cárceles.
La aglomeración de gente como consecuencia de un castigo impuesto por las fuerzas de seguridad al incumplimiento de una norma sanitaria de emergencia se presenta entonces como un problema de salud pública. Es decir, el castigo tiene que variar no puede ser el confinamiento que viola por completo el necesario distanciamiento social.
Y no solo viola una recomendación sanitaria, sino que pone sobre papel muy fino el delicado equilibrio de los derechos humanos en muchas naciones. A pesar de la cuarentena, los conflictos armados, políticos y sociales continúan.
Las fuerzas de seguridad tienen un papel clave en el actual escenario. En Ecuador las fuerzas armadas tienen una provincia entera bajo su control; en Ruanda la policía mató a dos jóvenes por violar la orden de aislamiento. La advertencia es clara. El uso de las fuerzas de seguridad contra la pandemia COVID-19 puede resultar en abuso de poder y entorpecimiento de las medidas sanitarias.
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