Por Cambio16
20/05/2017
El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, ha insistido una vez más en la necesidad de que el Gobierno atienda «de forma urgente» las exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
De Greiff, que ya hizo una petición similar en 2014, ha subrayado la importancia de dar prioridad a las exhumaciones, a la reconsideración del Valle de los Caídos y a la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante el período.
En un comunicado, el relator ha recordado que el Estado tiene la obligación de atender estas reclamaciones y poner fin al sufrimiento de las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares.
«Es necesaria una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación», ha señalado Greiff en el texto.
En este sentido, ha indicado que se trata de Derechos Humanos y «no de política partidista». Así, ha asegurado que la fortaleza de una democracia se mide, entre otros aspectos, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas, «independientemente de consideraciones políticas o de afiliación» y su capacidad para garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, «por más dolorosos que sean».
Las declaraciones de De Greiff llegan días después de que el Congreso aprobara una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Tras la iniciativa, el Gobierno decidió dejar sin aplicación a la moción, argumentando que no existe “un consenso básico” para llevar a cabo esta medida por lo que opta por el criterio “de no reabrir heridas en un asunto que merece el mayor acuerdo posible”
En este sentido, el relator ha señalado que si bien esta proposición no es «de obligado cumplimiento», sus recomendaciones se fundamentan en normas internacionales de Derechos Humanos que sí son vinculantes.
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