Por Cambio16
31/03/2017
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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, instó hoy en una declaración por escrito al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que «reconsidere» su decisión de asumir las competencias del Parlamento venezolano, hecho que ha sido condenado por la comunidad internacional por la destrucción de la separación de poderes y del Estado de Derecho en el país caribeño.
«Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos» escribió el alto comisionado. “Los ciudadanos venezolanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes libremente elegidos, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que Venezuela ha ratificado. Los miembros debidamente elegidos del Parlamento también deben ser capaces de ejercer las facultades que les otorga la Constitución de Venezuela».
El Alto Comisionado, quien ha expresado su creciente preocupación por la falta de independencia de las instituciones en Venezuela, también llamó al Gobierno de Nicolás Maduro para garantizar los derechos de las personas a la libertad de reunión pacífica ya la libertad de expresión.
“Las continuas restricciones a las libertades de movimiento, asociación, expresión y protesta pacífica no sólo son muy preocupantes, son contraproducente en un país extremadamente polarizado que sufre una crisis económica y social”, dijo Zeid.
“El respeto a los derechos humanos debe servir como una base común para hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas, y la espiral de los precios que han resultado en sufrimiento cotidiano para muchos venezolanos”, agregó.
El Alto Comisionado señaló el compromiso regional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela, e instó a todos los estados miembros de la OEA para asegurar que se garanticen los derechos humanos al momento de tomar sus deliberaciones.
El TSJ asumió las “competencias” del Parlamento, de mayoría opositora, mientras “persista” su situación de “desacato”, según una sentencia difundida la noche del miércoles. La decisión ha recibido la condena del Parlamento venezolano, la cual la calificó como un “Madurazo” -en referencia al “autogolpe” que realizó en Perú el ex autócrata Alberto Fujimori el 5 abril de 1992, que fue conocida como “Fujimorazo“, cuando cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y persiguió a líderes de oposición- y de la comunidad internacional.
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