La Amazonía brasileña no tiene pocos enemigos. A una larga cadena de amenazas se le suma también la creciente minería ilegal. Todos los días, cientos de trabajadores se embarcan en largos viajes por el río Crepori para llegar a los pozos de oro. Otros vuelan en avionetas que tocan tierra en pistas de aterrizaje improvisadas. La escena se ha vuelto tristemente cotidiana y es una de las causas de la destrucción generalizada en la selva tropical más grande del mundo.
Pero la extracción ilegal no es el único problema. La actividad ha sido alentada por el controvertido proyecto de ley del presidente brasileño Jair Bolsonaro para legalizar la minería comercial en tierras indígenas. La entrada de vigor de este instrumento jurídico afectaría un territorio de más de dos millones de hectáreas de los Munduruku. Esta tribu indígena es una de las más grandes del Amazonas. Sus tierras ricas en minerales están protegidas por la Constitución de 1988.
En contra de la opinión pública
El 86% de los brasileños se oponen a la minería en territorio indígena, según una encuesta de 2019 realizada por el instituto de encuestas Datafolha. Aún así, el proyecto de ley que ampara esta actividad ya fue presentado al Congreso de Brasil a principios de febrero. Todavía no se ha sometido para su aprobación.
Una votación programada fue postergada con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, diciéndole al Congreso que «no era el momento correcto». Pero también enfatizó que el proyecto de ley «no era inconstitucional». El Ministerio de Minas y Energía de Brasil dijo que planeaba «regular las actividades» en tierras indígenas. Agregó que el proceso requeriría «consultas con las comunidades indígenas», que podrían participar en la actividad extractiva.
Una comunidad en riesgo
Alrededor del 13% del territorio de Brasil está clasificado como tierra indígena, distribuido en más de 400 reservas. Pero hay más de 450 sitios mineros ilegales en la Amazonía brasileña, donde se encuentran la mayoría de esas reservas, según la Red de Información Socioambiental Georreferenciada del Amazonas.
Las tensiones entre los mineros y las comunidades locales ya son altas. En junio del año pasado, la agencia de derechos indígenas de Brasil, Funai, informó que docenas de mineros vestidos con uniforme militar invadieron la comunidad de Wajapi, en la Amazonía brasileña, apuñalando y matando a uno de sus líderes.
Según una investigación de la ONG internacional Global Witness, 20 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en Brasil solo en 2018. A nivel mundial, la organización sin fines de lucro citó a la minería como el sector más mortal, con 46 asesinatos reportados en el mismo año.
Alto impacto ambiental
Ambientalmente, uno de los mayores impactos de la minería, ilegal o no, es la tala. Un informe de 2017 publicado en la revista Nature Communications encontró que esta actividad extractiva representó el 9% de todas las pérdidas forestales en la Amazonía entre 2005 y 2015.
El análisis satelital publicado por el Proyecto de Monitoreo del Amazonas Andino reveló que 2.000 hectáreas de deforestación relacionada con la minería de oro ocurrieron en 2019 en la reserva indígena Munduruku, más del doble de la cantidad registrada el año anterior.
Liberado a través del principal río Tapajos de la región durante el proceso minero, el mercurio se está filtrando en los afluentes como los que pasan por la ciudad minera de Creporizao. Las comunidades locales dependen de estos ríos para muchas de sus necesidades de agua.
Incluso el comercio legal de oro en Brasil carece en gran medida de regulaciones, lo que facilita los negocios ilegales y juega un papel importante en la destrucción de la Amazonía. Según las estimaciones de la Agencia Nacional de Minería, alrededor de 30 toneladas de oro por valor de unos 4.500 millones de reales (€ 900 millones) se comercializan de manera ilegal en el estado de Pará anualmente. Eso es alrededor de seis veces más que la cantidad legalmente declarada.
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